En busca de la identidad perdida

La izquierda partidaria atraviesa por un cambio de ciclo caracterizado por la fragmentación, el descrédito y su desdibujamiento ideológico.

Hasta ahora, los partidos de izquierda han eludido la reflexión profunda sobre su papel, principios, orientación programática, relación con el poder y las otras fuerzas políticas; su ejercicio público y el vínculo con  los ciudadanos y los movimientos sociales contemporáneos.

La izquierda partidaria ha priorizado el acomodo de grupos y liderazgos, y éstos han conformado corrientes que se han enclaustrado en los asuntos internos. Lo anterior ha derivado en un pragmatismo político carente  de principios, tribalizando el ejercicio partidario y anquilosando el debate ideológico.

La desmesura de los poderes que dominan al país ha tomado como rehenes a las instituciones públicas; incluso, la oposición ha establecido una alianza tácita con la clase política corrupta que opera para mantener los privilegios de unos cuantos por encima de los ciudadanos y, cínicamente, exige a la izquierda apegarse a pactos que no respeta.

La red de complicidades al amparo del poder público opera grandes recursos para comprar elecciones, abusando de la pobreza de la gente, a través de la compra del voto y el uso electoral de programas sociales, como si la democracia fuera una mercancía.

Estamos ante un fenómeno de debilidad institucional de los partidos, caracterizado por la descomposición y corrupción que permea a todos. La alternancia no resolvió los asuntos de la gobernabilidad democrática ni la conformación de un verdadero sistema de partidos democrático. Las sucesivas reformas políticas realizadas han modificado las reglas de acceso al poder, mas no las reglas de su ejercicio. El poder presidencial, con matices, se reproduce con el llamado Pacto por México, consolidando así la estructura legal del autoritarismo. El centralismo regresa por sus fueros profundizando la miseria política de nuestro federalismo, de los estados y los municipios.

No se asume que la legitimidad no es un asunto de número, sino de condiciones equitativas, de calidad en la competencia y del apego a la ley, dentro de un sistema democrático y plural de concertación.

El fortalecimiento de la vida institucional no se refiere, como dice Douglas North, a los poderes constituidos, a los hombres que ocupan los cargos o a los edificios que los albergan. Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad. Son las limitaciones ideadas por el hombre para reducir la incertidumbre estableciendo una estructura estable en la interacción humana en una sociedad, donde la única incertidumbre que debe prevalecer es la del resultado de los comicios.

Por otro lado, el proceso de unificación de las izquierdas, que inició con la conformación del PSUM y que continuó con la convergencia sucesiva de diversas expresiones de las izquierdas hasta llegar al encuentro con la Corriente Democrática en la conformación del PRD, ha concluido. No obstante, este ciclo de unidad de las izquierdas permitió la configuración de una importante fuerza electoral que, sólo por la resistencia y la utilización de todo tipo de recursos indebidos por parte de los grupos de poder, no ha logrado asumir el gobierno nacional. Pese a ello, un caudal electoral de casi 16 millones de mexicanos acredita que este ciclo de unidad, no exento de momentos álgidos y desencuentros, obtuvo importantes logros que posicionaron a la izquierda como una fuerza política fundamental en el país.

El proceso unitario que caracterizó a la izquierda se ha colapsado. El surgimiento de Morena como partido fragmentó al Movimiento Progresista, lo que significará una disputa por los votos de la izquierda y el rediseño de las políticas de alianzas de los partidos y de su relación con el poder. Hoy presenciamos reencuentros regionales de los otrora aliados con el PRI y con el PAN, así como el realineamiento de la oposición hacia el Ejecutivo Federal, que se manifiesta, más allá del Pacto por México, en el comportamiento de las dirigencias partidarias que profundizan su encono bajo una supuesta diferenciación ideológica.

El deterioro del PRD, de su vida interna y de sus formas de hacer política, donde las prácticas ilegales se convirtieron en rutina y nunca fueron sancionadas, permitió que la manipulación y el fraude predominaran en las elecciones internas. Lo que se ahondó en el periodo que va de la contienda entre Amalia García y Jesús Ortega, hasta 2008, cuando el Estado mexicano, en un hecho sin precedente, impuso una dirección al partido. Esto último marcó el momento de inflexión en la vida partidaria, profundizando su crisis.

Los gobiernos del PRD, con notables excepciones como sucede en el Distrito Federal, han perdido la iniciativa. La mayoría de los municipios y entidades que encabeza el partido carecen de un sello propio o de acciones que los diferencien del gobierno federal. Por el contrario, se reproducen los viejos vicios de supeditación al Ejecutivo en aras de mantener “sanas relaciones” y recibir las participaciones federales y los recursos que discrecionalmente asigna el Ejecutivo federal.

El partido se ha alejado de la sociedad y de su propia militancia. En buena medida, este distanciamiento se explica por el autismo en la vida partidaria. El PRD se ha convertido en un espacio cuya actividad central es la disputa entre los diversos grupos que lo conforman, para ganar y repartir las posiciones de poder al interior del partido y los espacios de representación popular.

La discusión en los distintos órganos de dirección no son el análisis político ni la forma de fortalecer los movimientos sociales o el cómo ampliar nuestra presencia territorial. La discusión gira en torno a qué grupo le toca tal o cual candidatura o cómo se reparten las diferentes instancias de dirección para “mantener equilibrios”. Los candidatos y dirigentes derivan de la incondicionalidad y las lealtades hacia los diferentes grupos, sin importar el perfil, capacidades e imagen pública de los mismos.

Contra su tradición, el PRD renunció a procedimientos democráticos en la selección de sus candidatos, violando las reglas que permitieron definir a sus candidatos a cargos populares y órganos de dirección. Así mismo, abandonó  la apertura de candidaturas a ciudadanos sin partido. Es así que hoy no hay ningún candidato externo, ningún intelectual, dirigente sindical, agrario o del movimiento LGBT.

Se ha consolidado una nomenklatura que controla la afiliación, el reconocimiento de los órganos de dirección locales, la firma para el registro o sustitución de candidatos, el manejo discrecional del patrimonio y las prerrogativas partidarias, la contratación de personal, los órganos jurisdiccionales de garantías y elecciones, todos al servicio de una burocracia partidaria, que se cimienta en la impunidad de un sistema de lealtades y complicidades.

Prevalece una diferencia sustancial al interior del PRD. Mientras un sector vincula la estrategia y subordina el discurso partidario al llamado Pacto por México, el que, consideran, permitirá posicionar una “izquierda moderna”, “responsable”, otro sector asume que la participación en ese pacto representa un acto de legitimación política del gobierno. La apuesta de los primeros consiste en ganar una franja de votantes que está deseosa de ver a una izquierda propositiva, tolerante y que colabora con el gobierno. En tanto los segundos reivindican una agenda propia y el apego a los compromisos con el electorado que esta corriente de pensamiento representa.

Nadie puede estar en contra de que las fuerzas políticas suscriban un acuerdo para enfrentar las adversidades del país, pero este tipo de pactos debieran reunir al menos tres condiciones: legitimidad, consenso y certeza. Debe ser resultado del debate y el entendimiento públicos, no del acuerdo cupular; tener claridad en sus alcances y contenido, lo que no sucede cuando un grupo élite se arroga la representación popular y anula la división de poderes; o cuando dirigentes perredistas señalan que el pacto no se verá afectado por “situaciones coyunturales” como las de Veracruz.

En el Pacto por México están ausentes los temas centrales de todo proyecto progresista: la lucha contra el autoritarismo y la desigualdad, por la democracia y la equidad, y se ha puesto énfasis en otra agenda, la encaminada a satisfacer el objetivo de las llamadas reformas estructurales: la energética y la hacendaria, ante las cuales el PRI y el PAN aliados pretenden ganar a un sector de la izquierda que, ya sea apoyando, o bien de manera formal votando en contra y oponiendo una débil y “civilizada” resistencia, legitime la consumación de las reformas.

El PRD ha perdido identidad y se ha distanciado del compromiso ético que caracterizó a la izquierda en los momentos de confrontación contra la hegemonía autoritaria del partido único. Se perdió la oportunidad de conformar un partido-frente que hubiera permitido mantener la unidad y la expansión del movimiento progresista, evitando la fragmentación electoral y que hubiera obligado a los partidos a una renovación profunda; a superar las burocracia y los grupos de interés, y que hubiera permitido continuar el proceso de unificación de las fuerzas progresistas en la creación de nuevos partidos.

Por ello, es imperativo iniciar un gran movimiento dirigido a reconstruir la identidad partidaria, bajo un proyecto progresista, renovador y libertario que permita rescatar el objetivo fundacional de nuestro partido y que, de cara al proceso electoral del 2015, en el que la izquierda competirá dividida y entre sí, avance, más allá de las diferencias que existen, en conformar las bases de un frente de las izquierdas que permita contener el embate que representa la restauración del PRI, y que consiga, más allá de las limitaciones legales, retomar la iniciativa de construir un Frente Opositor Progresista. No es una tarea sencilla, pero vale la pena intentarlo.

Finalmente, la lamentable pérdida de Arnoldo Martínez Verdugo marca también el fin de la era de los dirigentes templados como el acero, idealistas que buscaban encabezar la marcha de la humanidad hacia el progreso y la creación del hombre nuevo. Dirigentes cuya mayor virtud fue la congruencia y la integridad, que nunca se deslumbraron con las mieles del poder, lo que cobra mayor relevancia ante el desprestigio y la ambición imperantes en la mayoría de los dirigentes políticos.

Hoy los idealistas sufren un acelerado proceso de extinción ante quienes entienden las grandes ventajas de alinearse con el poder o, desde su lógica, pactan con el régimen, creando una tensión permanente entre congruencia, demagogia y pragmatismo.

En un sentido convencional, la congruencia se asume cuando se considera verdadero un enunciado cuyo contenido refleja un estado de cosas verificables, donde existe una correspondencia causal entre intención, discurso y praxis. En contraparte, como señalaba Aristóteles, la demagogia es la “forma corrupta y degenerada de la democracia”; nada más cercano a nuestra realidad. La demagogia discursiva de los políticos funciona para justificar y extrapolar la realidad a modo.

Por ello, ante el paroxismo que causó el encono y descalificación de la nomenklatura perredista a Jenaro Villamil, tras la magnífica nota que escribió sobre la relevancia histórica de Martínez Verdugo, basta decir que la izquierda debe avanzar del debate de las emociones al de las razones, máxime cuando en materia de psicoanálisis el enojo hacia el otro refiere algo no resuelto en nosotros mismos.

Comentarios