CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- En menos de dos años los grupos de autodefensa, que han proliferado en varios municipios con el respaldo de sectores sociales para asumir funciones de seguridad pública desplazando a las autoridades gubernamentales, actualmente tienen presencia en cinco de las siete regiones de la entidad y ya se encuentran en la antesala de Acapulco y esta capital. Al respecto, el diputado local perredista Jorge Salgado Parra, hijo del secretario de Finanzas en la entidad, Jorge Salgado Leyva, quien es compadre del gobernador Ángel Aguirre Rivero y actual encargado de despacho del Ejecutivo, justificó la expansión de las guardias comunitarias con el argumento de que “es una muestra de la desesperación y el hartazgo de la sociedad” ante la crisis de inseguridad y violencia que se vive en Guerrero. Salgado Parra confirmó esta semana el secuestro de sus primos, dos trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno estatal que junto a otros dos empleados fueron plagiados el jueves 13 de junio en el municipio de Ixcateopan, como lo dio a conocer Proceso, y dijo que hasta el momento siguen desaparecidos. El legislador federal neoperredista condenó el hecho de que autoridades gubernamentales pretendan minimizar el tema de la violencia e inseguridad que tiene colapsada la entidad y advirtió que sociedad y gobierno tendrán que adecuarse a la realidad. Al respecto, el recién designado secretario de Seguridad Pública, Sergio Lara Montellanos, advirtió sobre la influencia de la guerrilla en los dos grupos de autodefensa con origen en la región de Costa Chica y que han sido una influencia para resto de los movimientos ciudadanos armados surgidos en Acapulco y las regiones Centro, Montaña y Costa Grande: La Policía Comunitaria -Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), creada en 1995 y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), dirigida por el activista indígena y fundador de la primera organización, Bruno Plácido Valerio. Ambas organizaciones reconocidas y subsidiadas por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. En entrevista con Proceso el almirante retirado y excomandante de la VIII Zona Naval con sede en Acapulco, afirmó que las organizaciones político-armadas denominadas Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y Ejército Popular Revolucionario (EPR), están “aprovechado” el contexto de inseguridad y violencia para organizar procesos de “índole político e ideológico” con el propósito de “generar inestabilidad” social en la entidad. Lara Montellanos refiere que esta situación está llevando a las autoridades estatales a “buscar una negociación” y tratar de frenar el origen de la inseguridad para erradicar las causas que alimentan el movimiento de los grupos, considerados por el funcionario no como guerrilla sino “con ideología contraria al gobierno”. El secretario de Seguridad Pública estatal dijo que además de la presencia del ERPI y EPR en la región de Costa Chica, existen cuatro organizaciones delincuenciales que han desatado una brutal disputa por el control de las actividades relacionadas con el narcotráfico en la entidad. Estos grupos son Los Beltrán Leyva, el de La Barbie, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes están aliados con pandillas locales en las diferentes regiones de la entidad, indicó. “El problema que nos estamos enfrentando es que esas pandillas se autonombren (grupos de) autodefensa. Ese es el conflicto que estamos presentando”, advirtió Lara Montellanos. No obstante, el secretario de Seguridad Pública aseguró que hasta el momento no han detectado que alguno de los grupos de autodefensa con presencia en la entidad tengan nexos con el narco. Los grupos de autodefensa y su extensión en la entidad De acuerdo con reportes oficiales, en la entidad existen cuatro grupos de autodefensa con presencia en cinco de las siete regiones de la entidad: Montaña, Costa Chica, Centro, Acapulco y Costa Grande. El grupo más antiguo y promotor de un sistema de seguridad y justicia comunitario que se ha convertido en la base de los grupos de autodefensa surgidos este año en la entidad, es la PC-CRAC creada desde hace 18 años en la región de Costa Chica y actualmente con presencia en 77 comunidades de 12 municipios de esta zona y la región de la Montaña. La PC-CRAC sustenta su decisión de impulsar un sistema de seguridad y justicia paralelo al oficial en los tratados internacionales que reconocen los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, los cuales tienen jerarquía constitucional. El desfase de las autoridades ha sido evidente debido a que apenas en 2011 se homologó el marco jurídico estatal con este tratado internacional. Luego surgió la UPOEG, creada por el activista indígena y fundador de la PC-CRAC, Bruno Plácido Valerio, en un principio para demandar obras de desarrollo e infraestructura social para los pueblos indígenas. El grupo de autodefensa de la UPOEG denominado Sistema de Seguridad Ciudadano se hizo evidente el 5 de enero en los municipios de Ayutla y Tecoanapa y se ha extendido a la zona rural de Acapulco y al municipio de Juan R. Escudero en la región Centro. El dirigente de la UPOEG, Bruno Placido Valerio, anunció que este lunes 1 realizarán una caravana a la Ciudad de México denominada Marcha por la Paz, la Seguridad y el Desarrollo En el texto ‘Un ¡ya basta! estilo Guerrero’ publicado en la edición 1891 de Proceso, se indica que el primer alzamiento civil –durante la administración del gobernador, Ángel Aguirre Rivero– data de mediados de 2012, cuando habitantes de los municipios de Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán y Cualac, en la región de La Montaña, cansados de los secuestros y extorsiones indiscriminados tomaron las armas y confrontaron a los delincuentes. El movimiento de autodefensa se extendió a Olinalá, otro municipio de la misma zona. En este último municipio existen dos grupos de autodefensa, uno adherido a la PC-CRAC con sede en la cabecera municipal y el otro denominado Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia – Policía Ciudadana y Popular asentado en la comunidad indígena de Temalacatzingo. Recientemente el grupo de autodefensa de Temalacatzingo realizó una caravana a la Ciudad de México donde los promotores sostuvieron encuentros con universitarios y durante su paso por los estados de México y Morelos denunciaron actos de hostigamiento policiaco ante organismos de derechos humanos. En la Zona Norte surgió de forma efímera, a mediados de enero, un grupo de autodefensa conformado por habitantes de los municipios de Iguala y Teloloapan. Tras instalar un retén sobre la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura del poblado de Ahuehuepan, expresaron su desesperación por los secuestros y extorsiones que cometen bandas criminales sin que nadie las detenga. Fuentes oficiales aseguran a Proceso que los delincuentes suelen exigir cuotas de 5 millones de pesos a los productores de mango de esa zona –que se disputan La Familia Michoacana y Guerreros Unidos– para dejarlos trabajar. Mientras que en el municipio de Tixtla de Guerrero, en la región Centro, existe un grupo de autodefensa adherido a la PC-CRAC que tiene su bastión en la comunidad indígena de Acatempa y se ha extendido a la cabecera municipal ubicada a 10 kilómetros de esta capital. El grupo de autodefensa más reciente se conformó el jueves 20 en el municipio de Tecpan de Galeana en la región de la Costa Grande, una zona colapsada por el narco y disputada por dos grupos delincuenciales encabezados por Rubén El Nene Granados y el cacique priista Rogaciano Alba Álvarez, ambos presos por sus nexos con el narcotráfico. Las regiones donde han surgido los grupos de autodefensa están unidas por un factor: el hartazgo de sus habitantes por la creciente violencia en sus localidades y la permanente inacción de las autoridades –e incluso su presunta complicidad– ante la delincuencia. No obstante, en las regiones de Tierra Caliente y Norte donde el férreo control del narco que tiene sometidos a alcaldes y asfixiada a la sociedad no se ha registrado la conformación de grupos de autodefensa ciudadana. El almirante y la guerrilla Entrevistado este viernes 28 en su despacho en la sede del Ejecutivo en esta capital, el secretario de Seguridad Pública estatal, Sergio Lara Montellanos, considera que existe un riesgo latente de que Guerrero se colombianice, ante la expansión de grupos de autodefensa y la presencia de bandas delincuenciales ligadas al narcotráfico que han colapsado las zonas urbanas y rurales de la entidad. No obstante señala: “Debemos ser cautos en el manejo de información; la inseguridad ha llevado a la sociedad a la desesperación de acudir a este tipo de movimientos (grupos de autodefensa)”. Al respecto dijo que los grupos de autodefensa y los denominados policías comunitarios actúan fuera de todo procedimiento legal. “Los motiva la seguridad, pero están violando muchos preceptos de la ley”, expresó. Lara Montellanos considera que existen circunstancias políticas y sociales que están siendo aprovechadas para procesos de índole político e ideológico y sentencia: “La circunstancia de inseguridad está siendo aprovechada por grupos extremistas en el estado”. Cuando se le pide que sea específico, el Almirante retirado recuerda que en Guerrero “hay mucha inconformidad con el sistema de gobierno”. -¿Se refiere a la guerrilla?, se le pregunta. -Yo no hablo de guerrilla, hablo de grupos con ideología contraria a la del gobierno, respondió. -¿Qué grupos? -Los estás viendo, estamos hablando principalmente en el área de Costa Chica de grupos como ERPI y EPR que están llevando a cabo, por supuesto, su trabajo, afirma. -¿En qué sentido? -Generando inestabilidad, buscando inestabilidad en el área, -¿Cómo? -Lo estamos viendo, estamos hablando del desconocimiento de las autoridades. -Se refiere a los grupos de autodefensa de Costa Chica tienen influencia del EPR y ERPI? -Algunos grupos, cortó. -¿Qué grupos? -Eso no lo voy a decir, volvió a cortar. -En la Costa Chica operan dos grupos, la PC-CRAC y la UPOEG, se le recordó- -Ya lo dijiste, atajó el almirante. -¿Esto no enciende alertas? -Claro que enciende alertas, por supuesto. Ese punto ya quedó claro, no sé hasta qué punto quieres llegar, reclamó el almirante. -Al reconocimiento de la autoridad de la problemática, le dijo el reportero. -Hay un reconocimiento explícito, indicó el secretario de Seguridad Pública estatal. El almirante dijo que el gobierno estatal intenta restablecer la confianza de la ciudadanía en las autoridades legales para que los grupos de autodefensa “se retraigan y desaparezcan”. Esto mediante la implementación de un proyecto para conformar la Policía Estatal Rural o Guardia Rural, que plantea reclutar ciudadanos en las comunidades para que resguarden la zona rural, es decir, un esquema similar al que implementan los grupos de autodefensa. Por ello, dijo que van a invitar a los grupos de autodefensa a incorporarse a la Policía Estatal Rural para que sus actos se apeguen a “la legalidad”, indicó. “Estamos dando la oportunidad (a los grupos de autodefensa) de entrar al imperio de la ley; estamos resolviendo el vacío legal y tendremos que hacer todo el trabajo para que ingresen al proyecto”, expresó Lara Montellanos. De esta forma, señaló, el gobierno estatal pretende restablecer la ley en la entidad. Afirmó que el grupo de autodefensa de la Costa Grande que encabeza el activista Leopoldo Soberanis, quien ha sido vinculado con el narcotráfico por el grupo de Los Caballeros Templarios, están en la disposición de ingresar al proyecto del gobierno estatal. Mientras que en el caso de la PC-CRAC, dijo que el momento que ellos quieran el gobierno estatal aplicará este modelo policial. Sobre la UPOEG, dijo que este grupo de autodefensa es el que se ha salido de las demarcaciones indígenas y advirtió que los van a detener si deciden marchar este lunes portando armas. Sobre la violencia generada por las bandas delincuenciales ligadas al narcotráfico, Lara Montellanos dijo que aspiran a reducir a valores mínimos los delitos. Anunció que un grupo especial basado en el área de inteligencia confrontará la actividad de los grupos criminales para alcanzar “estándares de tranquilidad para la sociedad y que no afecten la actividad económica del estado”, aseveró. Para el ahijado del gobernador Aguirre y actual diputado federal por el PRD, Jorge Salgado Parra, en la entidad no existen programas sociales para que el ciudadano pueda revertir los efectos de la narcoviolencia y consideró que las autoridades han fallado a la sociedad. “(El gobierno estatal y federal) dicen que los índices delincuenciales van a la baja y lo único que hacen es no hablar de la inseguridad y eso está muy mal. La ciudadanía no ve eso, nosotros no sentimos eso, al contrario sentimos que está muy complicado hasta para salir a comer, ya no tienes la libertad de antes”, expresó el diputado federal perredista, quien agregó que sus primos hasta la fecha siguen desaparecidos, a pesar de que ya se pagó un rescate. Reportes oficiales indican que los plagiarios exigen tres millones de pesos por cada uno de los familiares del secretario de Finanzas del gobierno estatal. A pesar de esta situación que se vive en la entidad, el gobernador Aguirre durante su gira que realiza en Estados Unidos para promover los destinos turísticos de la entidad, ha declarado públicamente que la incidencia delictiva en la entidad va a la baja. También convocó a inversionistas extranjeros a impulsar en proyectos de agroindustria y minería en esta entidad abaratada por la narcoviolencia.