MÉXICO, D.F. (apro).- Justo el día en que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) clausuró las obras del teleférico que se construye en el Centro Histórico de Puebla, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) celebró un convenio marco de colaboración con el gobierno del estado, encabezado por Rafael Moreno Valle, para “respaldar sus iniciativas culturales”. Como parte de esas iniciativas, el presidente del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, anunció la creación del “primer Museo de la Música en México” en la antigua fábrica de textiles La Constanza, con un trabajo conjunto entre el gobierno de Puebla, TV Azteca y el Consejo. También mencionó la posibilidad de darle apoyo al Museo del Ferrocarril y aprovechar el patrimonio ferroviario para que los carros del ferrocarril circulen y se abran circuitos turísticos. Habló también de la riqueza arquitectónica de Puebla y de su “vocación cultural”, y destacó el hecho de haber sido escenario de “gloriosas batallas contra la intervención”, además de considerar que es uno de los polos de mayor desarrollo. “Estos son algunos de los proyectos específicos y acciones que ya en las próximas semanas estaremos en posibilidad de precisar y anunciar, para que la sociedad poblana vea el esfuerzo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, del gobierno de Puebla conducido por Rafael Moreno Valle y del Conaculta, que ponen un grano de arena para una mejor calidad de vida y para un enriquecimiento cultural”. En la información proporcionada por el propio Conaculta no hay una sola mención de las obras polémicas, entre ellas la remodelación de los fuertes de Loreto y Guadalupe o la construcción del teleférico, iniciada sin autorización del INAH por el gobierno de Moreno Valle, “deslumbrado por el oropel y la vanidad faraónica que nada tiene que ver ni con nuestro pasado, ni con el proyecto futuro que tenemos millones de mexicanos”, señalan en su página web investigadores del INAH. En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y al etnólogo Sergio Raúl Arroyo, un grupo de académicos (entre ellos Sonia Lombardo, Eduardo Matos Moctezuma, Lorenzo Meyer y Gilberto López y Rivas) explica que desde su inicio la obra en Puebla ha estado dentro de un marco de ilegalidad por la ausencia de un proyecto ejecutivo, así como de estudios de impacto ambiental, visual e histórico, y por la falta de licencias del INAH. Al comenzar las obras, el gobierno de Moreno Valle demolió sin permiso una casona colonial ubicada en el Centro Histórico, pero además, a decir de los investigadores, las torres que sustentarán al teleférico medirán más de 60 metros de altura, y ello atenta contra el patrimonio monumental de Puebla, el paisaje histórico y su traza urbana. Luego de iniciar un proceso jurídico, el Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, y la Fundación Manuel Toussaint, se ampararon contra la obra y demostraron que carecía de las licencias del INAH. Obtuvieron entonces la suspensión, pero el gobierno de Moreno Valle reinició la construcción. Incluso el gobernador afirmó que se habían hecho las correcciones pedidas por el INAH. Lo cierto es que la institución no ha dado luz verde al proyecto. El pasado 26 de junio, personal del INAH acudió al lugar para colocar sellos de clausura, sin embargo la policía les impidió que cumplieran con su cometido. Un día después finalmente se clausuró la obra, aunque en la torre de transferencia del Barrio de San Francisco continuaron los trabajos bajo resguardo de la policía, con el argumento de que la orden del juez no incluía esa parte del proyecto, de acuerdo con datos corroborados por Apro. El caso, según la reportera Gabriela Hernández, podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde las agrupaciones opuestas al teleférico podrían solicitar el desafuero de los funcionarios involucrados en el proyecto, incluido el gobernador. Sobre la firma del convenio de colaboración entre el gobierno de Puebla y el Conaculta, responsable de la política cultural del país, algunos académicos e investigadores del INAH la ven como un espaldarazo al gobernador o cuando menos una falta de tacto político, en momentos en los que la disputa por la construcción del teleférico ha escalado.