Desde hace un año México propuso al organismo internacional un órgano de gobierno que redimensionara su papel en el combate contra el tráfico ilegal de bienes culturales, iniciativa que se discutirá esta semana en una reunión que se efectuará en su sede de París. El nuevo comité, en el cual México buscará un puesto, podría revertir experiencias tan amargas como la subasta de marzo pasado, donde Sotheby’s puso a la venta piezas precolombinas saqueadas. El representante nacional ante la convención, Jorge Sánchez Cordero, la considera como “un soplo de entusiasmo ante este sentimiento de frustración”, y analiza los pormenores, al igual que el antropólogo Bolfy Cottom. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Este lunes 1 de julio comenzará en la ciudad de París, Francia, una reunión extraordinaria de los Estados miembros de la Convención para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que a más de 42 años de su establecimiento carece aún de mecanismos de aplicación eficientes, así como de un órgano de gobernanza.­ La millonaria venta de piezas precolombinas de marzo pasado en la casa de subastas Sotheby’s en la capital francesa, donde se vendieron al mejor postor bienes de México, Guatemala, Ecuador, Venezuela y Perú, entre otros países, puso de nuevo el dedo en la llaga sobre la eficacia de los acuerdos internacionales. A decir del doctor en derecho Jorge Sánchez Cordero, especialista en derechos culturales –quien participará en la reunión como representante de México–, se ha generado entre varios países un sentimiento de insatisfacción y aun de “franca frustración” al no recuperarse sus bienes culturales saqueados. Pero fue hace un año –en la segunda reunión de los países adheridos a la convención– cuando el entonces embajador de México en Francia y delegado ante la UNESCO, y ahora subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, llamó la atención sobre la “urgente tarea” de renovar la normativa, y calificó de “sorprendente e inadmisible” que se carezca de un mecanismo de seguimiento y de órganos rectores propios. La primera reunión se realizó en marzo de 2011 para conmemorar los 20 años de la convención. Los Estados participantes pidieron a Irina Bokova, directora general de la UNESCO, convocar a un nuevo encuentro, y éste se organizó en París en junio de 2012, en el cual fue elegido presidente De Icaza, quien señaló contundente: “Me propongo apoyar la conciliación de posiciones para encontrar un mecanismo que evite que tengan que pasar otros 40 años para tener otra reunión de este tipo. Necesitamos crear bases que permitan dar seguimiento efectivo a la aplicación de la convención. Es una tarea urgente sobre la cual, ya por muchos años, se esperan resultados de la UNESCO.” El propósito de la reunión de esta semana será constituir un Comité Subsidiario –integrado por 18 miembros–, iniciar la elaboración de directrices sobre la Convención de 1970, así como desarrollar las estrategias para mejorar su aplicación. ¿Cuál será ahora la posición de México? ¿Buscará ser parte de ese comité y jugar un papel relevante en el seguimiento de acciones que contribuyan a proteger su patrimonio nacional y el de otros países? En entrevista telefónica con Proceso, Sánchez Cordero dice que México presidió la reunión del año pasado con “brillo” porque su diplomacia tiene “un gran prestigio” en el extranjero, pero que su ingreso al comité de seguimiento depende de varios factores. No obstante, piensa que es una gran oportunidad para que el país retome el liderazgo “que siempre le correspondió” en los ámbitos internacionales y que fue perdiendo en años anteriores. En cambio el doctor en antropología, especialista en leyes del patrimonio cultural y actual secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Bolfy Cottom, considera casi seguro que México buscará un lugar, y este sea quizás el papel del doctor Sánchez Cordero, dado que junto con Perú y algunos países centroamericanos, como Guatemala y Honduras, “somos de los más perjudicados (por el tráfico ilegal), por la enorme riqueza cultural que tenemos”. Destaca: “Me parece que podría ser una postura muy seria, una aspiración muy legitima. No lo sé a ciencia cierta, lo digo con toda franqueza, pero yo lo supondría por la enorme importancia que está teniendo el problema para nuestro país.” Antes de partir a París, Sánchez Cordero trabajó con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en las propuestas que impulsará México. A decir de Cottom, hay una coordinación entre la cancillería y el INAH para ver “cómo se procede de manera conjunta” en la reunión. Para Sánchez Cordero lo importante es hacer planteamientos viables que logren la aceptación de la comunidad internacional. Debe también buscarse una alianza con países que, como Guatemala, Ecuador o Perú, tienen una riqueza cultural similar a la mexicana. Recuerda que México ha hecho aportaciones sustantivas en la protección del patrimonio, por ejemplo el no descubierto, pues la UNESCO exigía un inventario de bienes culturales para determinar cuáles eran protegibles. A través del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit) se hizo ver que era “una insensatez” hacer un inventario de bienes que ni siquiera se sabe si existen (hace unos días, por ejemplo, arqueólogos del INAH descubrieron apenas una vasta riqueza arqueológica en una zona denominada ahora Chactún, al sureste de Campeche). De esta manera se logró establecer una legislación uniforme mediante la cual se liga al Estado nacional con su patrimonio no descubierto. No sólo es arqueológico, pero sí lo es mayoritariamente, indica. Menudo problema   Exvicepresidente del Consejo de Dirección del Unidroit, Sánchez Cordero resume cómo la conciencia sobre la necesidad de proteger los bienes culturales en el ámbito internacional comienza a emerger a partir de la Segunda Guerra Mundial. A decir suyo, uno de los grandes pillajes de la historia fue perpetrado por los nazis, y recuerda a modo de ejemplo la famosa colección Goebbels, que llegó a tener más de mil 100 obras sólo en pintura. A partir de entonces los bienes culturales se asocian a la memoria pública y a la identidad nacional, y surge la necesidad de protegerlos. En 1954 se aprueba la primera convención (de La Haya)) para reglamentar la protección en caso de conflicto armado. Más adelante vendrían las referidas a tiempos de paz. En 1970 se crea la Convención para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, cuya característica principal –explica– es que únicamente rige entre Estados y se refiere exclusivamente a bienes muebles, esto es, a objetos que pueden ser desplazados de un lugar a otro. Su tercer rasgo es que privilegia la vía diplomática para la restitución de los bienes culturales a sus países de origen. A decir del especialista, la convención enfrenta un problema “enormemente agudo”, pues tiene un artículo en el cual se trata de resolver conflictos entre el llamado tercer adquirente de buena fe a non domino y el propietario desposeído, generalmente el Estado, sobre todo tratándose de bienes arqueológicos. Evoca la subasta de marzo pasado en París para mostrar cómo una persona se adjudica, no en un sitio clandestino o el mercado negro, sino en una subasta pública, bienes precolombinos. Y aunque los países perjudicados, en este caso México y otras naciones latinoamericanas, argumentaron que son piezas pertenecientes a su patrimonio nacional, la puja siguió y no hubo poder que restituyera los objetos a sus naciones de origen. Y es que los franceses, holandeses, suizos o quien quiera que posea un bien puede esgrimir que se rige por las leyes de su nación y, a menos que un tribunal de su país lo ordene, no tiene razón para restituirlo. Ello da pie a un conflicto entre el tercer adquirente, que paga en una subasta, y el Estado desposeído. Dado que la convención de la UNESCO no resuelve estos conflictos satisfactoriamente, se pidió a Unidroit hacer un instrumento complementario. Así se aprobó en 1995, en Roma, la Convención Internacional sobre Objetos Culturales Robados o Ilícitamente Exportados, en cuya elaboración participó Sánchez Cordero como representante del gobierno de México. Sin embargo, reconoce el especialista que el problema del tráfico ilícito sigue siendo apremiante y hay frustración entre los Estados que han suscrito las convenciones al constatar que el orden normativo resulta insuficiente para proteger de manera efectiva su patrimonio cultural:­ “Hay un reclamo fuerte. A pesar del orden normativo, a pesar de la cantidad considerable de tiempo invertido, hay un estado de insatisfacción general, sobre todo en los países que denominamos de origen, no en los de destino, mal llamados de importadores y mal llamados los otros exportadores, porque nosotros no nos dedicamos a andar exportando, ¡somos objeto de pillajes!” Y el punto es que no se ha podido avanzar mucho, pues la pregunta que se hacen los países de destino es por qué habrían de modificar su legislación interna de tráfico de bienes muebles por elementos de culturalidad. Por qué deberían modificar disposiciones internas en función de consideraciones ajenas a su Congreso y a sus decisiones políticas internas, refiere el especialista: “Es un argumento enormemente complejo, pero es real, es operativo, no es fácil de ser superado. Tú puedes decir como mexicana: ‘Es muy obvio que un bien cultural tiene para mí un significado de identidad, es parte de mi memoria colectiva’. Pero te pueden decir: ‘Es un problema que te concierne a ti como Estado mexicano y a ti como mexicana, pero yo soy suizo, soy francés y no tengo por qué atender a esa política’.” Regresa al ejemplo de la subasta en Sotheby’s y detalla: Para que las obras precolombinas subastadas se repatriaran, un juez francés tendría que razonar en su sentencia que en México hay una ley nacional en virtud de la cual la exportación ilícita de un bien o su robo es una trasgresión en territorio mexicano y por lo tanto obliga a su ciudadano francés a restituir el bien. Ello implicaría aplicar en territorio francés una legislación mexicana de derecho público. Ese es el escenario, resume, pero México tiene una posición muy definida: Los bienes culturales, particularmente los arqueológicos, pertenecen al patrimonio nacional. En la convención de Unidroit, dice, se logró, a instancias de México, establecer que los objetos robados procedentes de excavaciones ilícitas o lícitas están sujetos a la restitución inmediata. Hubo consenso en que el robo debe ser castigado. El problema para el caso de la convención de la UNESCO es que ni siquiera se había instalado el comité de seguimiento. Ahora, subraya, gracias a las gestiones diplomáticas del embajador De Icaza se instalará el comité subsidiario en la reunión de esta semana y dicho órgano tendrá su primer encuentro este 3 de julio, según información del propio organismo internacional. En el encuentro se discutirán las líneas operativas del comité y con ello habrá “un soplo de entusiasmo ante este sentimiento de frustración”, considera Sánchez Cordero.   No hay buena fe   Hace unas semanas, el diario Excélsior publicó que, para Cottom, lograr detener la venta y repatriar piezas arqueológicas es “un acto de buena fe” que sólo puede ser negociado por los canales diplomáticos.­ Cuestionado sobre si esa era la postura que México tendría en la próxima reunión de la Convención en París, o ser más enérgico dado que son piezas del patrimonio nacional, Sánchez Cordero explica que no existe una noción operativa de “buena fe” que valga ni siquiera dentro de Europa, pues cada país tiene su propio concepto. Incluso en la República Mexicana puede variar, pues las legislaciones civiles locales son diferentes.­ Indica que en Unidroit se abandonó la idea de establecer esa noción por ser abstracta y se prefirió una llamada “diligencia presunta”, en la cual el adquirente debe probar al propietario que hizo todo lo que estaba a su alcance y consultó toda la información relevante para concluir que el bien adquirido pertenece o no al propietario desposeído. Para ello son elementales los registros, y por tanto “no se trata de un problema de buena fe”. Cottom responde también la pregunta. Señala a Proceso que el contrabando de bienes culturales es un problema de varias aristas: “Por un lado hay un problema de tipo social que implica una inconsciencia respecto del aprecio y la valoración de ciertos bienes, en esa tesitura se ven como mercancías. Entonces hay un grupo de gente que se dedica al tráfico profesional, digamos ilícito, que genera esta situación de comercio clandestino.” Deriva de ahí que la primera obligación es un mayor rigor en el proceder institucional. A decir suyo debe haber una coordinación entre varias instancias, no sólo de la encargada de la protección del patrimonio, que en el caso de lo arqueológico e histórico es el INAH, sino establecerse una vinculación con la Procuraduría General de la República y la cancillería mexicana. Pero una vez que las obras han transitado las fronteras hay otros instrumentos jurídicos, como la Convención de la UNESCO de 1970, y “todos aquellos que signan esta convención tienen la obligación de cumplirla y de hacerla cumplir”. Están también los tratados bilaterales firmados entre dos naciones, que se obligan igualmente a cumplirlos. Sin embargo comparte la opinión de Sánchez Cordero en el sentido de que, por más que se acate un instrumento de orden internacional, el cumplimiento de convenciones y tratados depende también de los marcos jurídicos propios de cada país: “Porque no es que en cuanto se detecte un bien se ponga a disposición del que se supondría es el país de origen por la cultura a la cual pertenece, sino que debe cumplirse una serie de requerimientos. “A lo que voy es a que, dado que no existe un supra Estado que obligue a los Estados a acatar y cumplir los tratados bilaterales o las convenciones, su aplicación depende de la voluntad política. A eso me refiero. No es que dependa de si tienen buena fe o buena voluntad en estricto sentido, sino que esa buena voluntad vaya en el sentido de concretar los instrumentos, procedimientos y obligaciones de los Estados nacionales, para que éstos acaten las disposiciones.” Amplía: “Lo mismo vale para la parte interna: Puede haber una ley perfecta y puede haber convenciones perfectas, muy bien elaboradas, sí, pero si no se cumplen, no resuelven el problema. “Por eso mi planteamiento –y es un punto de vista estrictamente personal– es en primer término que debe trabajarse para perfeccionar los instrumentos legales, en este caso de carácter internacional. Pero también debe haber un trabajo diplomático de coordinación que lleve justamente a que esto se aplique.” Es, comparativamente, como otros problemas de tráfico ilegal que padece actualmente el país, como el de personas o el de estupefacientes: “Si no se le da un tratamiento regional o intercontinental, pues a nivel de cada Estado se podrá hacer todo lo posible, sin duda alguna, y tendrá un mayor esfuerzo –en este caso– el Estado mexicano, pero bueno, siempre habrá un país receptor… pues el asunto difícilmente se resolverá.” Se trata, en suma, de que los Estados tengan la voluntad política de apegarse a los instrumentos jurídicos internacionales: “Y en ese sentido perfecciono mis instituciones, perfecciono mis normas y me coordino con los Estados que son víctimas del saqueo, del tráfico; hay una mejor comunicación, pongo medidas más rigurosas, incremento las penas, qué sé yo…”