Durante dos años, la defensa del narcotraficante presentó 24 alegatos –el último de ellos el 4 de marzo pasado, según el expediente electrónico consultado por Proceso– para que su cliente obtuviera un amparo y recuperara su libertad. Finalmente, un tribunal se lo concedió el 1 de julio pasado, con lo cual se anuló su condena de 40 años de prisión. Durante esos años la PGR no presentó ninguna querella, y cuando supo del dictamen guardó silencio y no informó, como debía, al gobierno de Estados Unidos. MÉXICO, D.F. (Proceso).- La madrugada del viernes 9, cuando Rafael Caro Quintero caminaba hacia la puerta de salida del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, prevalecía en el ambiente una sospecha, ahora confirmada: que el gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio de la Procuraduría General de la República (PGR), había sido clave en la liberación del narcotraficante. Este semanario tuvo acceso a expedientes de distintos tribunales y juzgados, así como a las 2 mil 556 fojas de la sentencia del amparo concedido a Caro Quintero que anuló su condena de 40 años de prisión. En conjunto, los documentos no sólo evidencian la actuación del gobierno de Peña Nieto en el proceso de liberación del capo, sino también el ocultamiento al gobierno estadunidense de información que pudo haber impedido su salida de la cárcel. La orden del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito de ponerlo en libertad antes de cumplir su condena por el secuestro y ejecución del agente de la DEA Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala –que ha tensado la relación bilateral entre México y Estados Unidos– fue una sorpresa para todos… excepto para la PGR y para el capo… Los antecedentes El 16 de mayo de 2011 la PGR fue notificada del amparo directo promovido por la defensa de Caro Quintero, de acuerdo con los registros oficiales del Primer Tribunal Colegiado. No obstante, durante más de dos años –el último del sexenio de Calderón y los primeros meses del de Peña Nieto, la Procuraduría no presentó ningún alegato para defender la sentencia contra el capo, según demuestran documentos oficiales y la sentencia del amparo, cuyas copias tiene Proceso. Además, desde el jueves 1, una semana antes de que el Segundo Tribunal Unitario ordenara la liberación del narcotraficante, la PGR supo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito concedió el amparo directo al capo para anular la sentencia condenatoria de 40 años de prisión, de acuerdo con la lista de sesiones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revisada por este semanario. En vez de informar al gobierno estadunidense, con base en los términos de la cooperación bilateral, del amparo concedido y la inminente liberación del narcotraficante para dar oportunidad a una solicitud de detención preventiva con fines de extradición, como el gobierno de Barack Obama reclamó después de la liberación del capo, la PGR optó por guardar silencio. (Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1920, ya en circulación)