MÉXICO, D.F. (apro).- Durante la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que aborda la responsabilidad del gobierno mexicano en la masacre de los 72 migrantes, la brasileña Gloria Aires señaló que –al igual que ocurrió con otras familias– en lugar de recibir los restos de su familiar, asesinado hace tres años en San Fernando, Tamaulipas, México envió un ataúd sellado que contenía una bolsa llena de barro. Encima, la Cancillería quería cobrarle 180 mil pesos por el trámite. Posteriormente tuvo que pelear con las autoridades mexicanas porque habían trasladado el cadáver de su sobrino Juliard Aires Fernández a Honduras, donde había sido enterrado. El cuerpo fue devuelto a México donde fue enviado a la fosa común. “Después de 60 días de ocurrida la masacre llegó su cuerpo y el de su amigo Herminio, que le acompañaba. Pero el cuerpo no llegó a Brasil, fue enterrado en Honduras. Solicitaron a nuestra familia el examen de ADN para reconocer el cuerpo, la dimos y cuando Juliard llegó a Brasil estaba en una caja donde la policía de aquí (mexicana) nos prohibía que el ataúd fuera abierto. No quisimos seguir las recomendaciones y abrimos y encontramos nada más una bolsa, un paquete con arcilla, y no había cuerpo en el ataúd”, señaló esta mujer ante los jueces internacionales. La actitud del gobierno mexicano –señaló– ha sido de culpabilizar a los asesinados por haber pasado por México. Durante su participación en la audiencia preparatoria del Tribunal Internacional, realizada en el marco de la conmemoración del tercer aniversario de la masacre ocurrida entre el 22 y 23 de agosto, varios extranjeros dieron su testimonio sobre “la crueldad” y “la burla” –así lo calificaron algunos jueces presentes– del Estado mexicano hacia las víctimas de la peor masacre de migrantes de la que en México se tenga historia. La guatemalteca Ángela Lacán, quien perdió a su esposo, dos hijos y cinco familiares en esa masacre atribuida a Los Zetas, reveló que meses después de que las autoridades confirmaron la muerte de sus seres queridos, recibió desde México llamadas de extorsión de personas que aseguraban que sus familiares estaban vivos y que proporcionara dinero para su rescate. “Pasamos tres meses en esa angustia, a los tres meses nos llamaron para darnos la noticia de que ellos, mi esposo, mi hijo, habían aparecido. Hubo personas que trataron de extorsionarme, por cada uno de ellos me pidieron dinero”, dijo esa mujer que limpia casas ajenas. Sus familiares migraron porque querían sacarla de trabajar. La mujer fue víctima de servicios periciales de la PGR, pues recibió por tandas los restos de sus familiares. Los primeros llegaron a los tres meses, pero el ataúd con los restos de su hija demoró siete meses por la lentitud en la identificación genética. “Mis hijos murieron y he vivido una agonía, ningún dinero paga la falta de mis hijos. He venido representando a siete personas, a siete madres. No hay medicinas para este dolor, hay palabras que nos dan fortaleza pero ese dolor no se quita, esa ansiedad, esos nervios”, dijo. Aury Sosa, de la Defensoría de Guatemala (equivalente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos), criticó la lentitud con la que el gobierno mexicano ha identificado los cadáveres hallados en las fosas de San Fernando y por repatriar restos cremados, con lo que los familiares nunca tienen la certeza de que recibieron el cuerpo de su ser querido. También señaló que ninguna familia ha recibido una reparación por lo ocurrido. “Hemos visto que se ha cremado a migrantes encontrados en fosas clandestinas en México, sin consentimiento de las familias. Además de ser muy doloroso, se borran todas las evidencias legales, se borran pruebas, causan inseguridad en las familias, pues reciben urnas pequeñitas, y lamentan mucho no tener seguridad”, señaló. Puso como ejemplo el caso de una familia que después de haber recibido las cenizas de su familiar, recibió la llamada de unas personas en México que le aseguraron que estaba vivo y le exigieron dinero para liberarlo. Sin embargo, aplaudió que –a diferencia del sexenio anterior– esta semana la PGR firmará con el Equipo Argentino de Antropología Forense, Fundación para la Justicia y diversas organizaciones e instancias centroamericanas, el acuerdo para crear un banco forense regional que permita la identificación de cadáveres de personas no identificadas. Los testimonios de las víctimas y de la defensora causaron indignación entre los jueces, varios de ellos provenientes de organizaciones internacionales de derechos humanos. Por su parte, el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, señaló que durante el aniversario de la masacre viajará al lugar de la matanza con otras personas para recordar a México su “gran responsabilidad” en los hechos y por “la política estúpida” que ha llevado a cabo. Por su parte, el general Francisco Gallardo, reconocido por su defensa de los derechos humanos, señaló que es imposible que en una de las entidades más militarizadas del país, como lo es Tamaulipas, ocurran secuestros, desapariciones y asesinatos masivos de migrantes –después hallados en fosas– sin que el Ejército no se entere, por lo que equiparó lo ocurrido en San Fernando con la masacre de Acteal, Chiapas, donde las fuerzas armadas tuvieron complicidad con los homicidas.