MÉXICO, D.F. (apro).- Un juez federal ordenó la liberación de 18 de los 40 guardias comunitarios de Aquila, Michoacán, que desde el pasado jueves 15 se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Villa Aldama, Veracruz. “Ya fueron liberados 18 y ahora van en camino hacia el municipio de Coalcomán, confirmó el secretario técnico del Consejo de Seguridad Pública de la entidad, Armando Ballinas Mayes, quien añadió que dichas personas permanecerán en ese sitio bajo el resguardo de las fuerzas federales. Del resto de los detenidos –22 que permanecen en el penal federal y cinco más en la prisión estatal “David Franco Rodríguez” de Morelia–, el funcionario aclaró que seguirán su proceso porque están acusados de los presuntos delitos de delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y en el caso particular de los cinco últimos, agregó, también enfrentan cargos por secuestro, robo calificado y lesiones. El anuncio de la excarcelación de 18 comunitarios se dio antes de las tres reuniones de trabajo que sostuvo el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, con las autoridades estatales y municipales, así como legisladores, con el propósito de “orientar los esfuerzos institucionales hacia el desarrollo económico y social de la entidad”, según el comunicado difundido por la dependencia. Aunque la Segob no dio detalles de los encuentros –que se realizaron a puerta cerrada, bajo un fuerte dispositivo de seguridad–, algunos alcaldes y legisladores como Jaime Darío Oseguera y Silvia Estrada, revelaron que el funcionario federal asumió el compromiso de mantener la presencia de fuerzas federales en la entidad. “Fue enfático en eso, de que la Federación no se irá de Michoacán hasta que la situación de seguridad mejore”, dijo Estrada. En tanto, el gobernador interino Jesús Reyna hizo un reconocimiento al apoyo del gobierno federal, que desde mayo pasado desplegó un operativo militar y policiaco en la entidad. El secretario “ratificó el compromiso de las fuerzas federales para permanecer en Michoacán y continuar trabajando en coordinación con el gobierno del estado para lograr el objetivo prioritario de alcanzar un Michoacán en paz y tranquilidad”, sostuvo la Segob. Luego, en conferencia de prensa, Osorio Chong reconoció que las estadísticas, las acciones emprendidas hasta ahora, reflejan cierto “estancamiento”, lo que indica que “no está avanzando como se quiere en los diferentes sectores de Michoacán”. Subrayó: “Michoacán no sólo es un gran estado, sino tiene grandes potencialidades que solamente lo que hoy requiere es el acuerdo para lograr salir adelante”. Solicitarán a la CIDH medidas cautelares para los detenidos Por la mañana, Leonel Rivero, defensor legal de los comuneros detenidos en Aquila, Michoacán, anunció que interpondrá una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incumplimiento del deber constitucional del Estado de garantizar la seguridad a la población de ese municipio michoacano. También dijo que solicitará el otorgamiento de medidas cautelares para sus defendidos, debido a las supuestas amenazas que han recibido. “Se les ha dicho que afuera de donde están refugiados hay gente del crimen organizado que solamente está esperando para agredirlos”, puntualizó en entrevista con Carmen Aristegui en Noticias MVS. Subrayó: “Vamos a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el otorgamiento de medidas cautelares, vamos a solicitar su intervención ante la opacidad de autoridades federales y estatales”. De acuerdo con Rivero, el conflicto en Aquila sigue creciendo, pero los gobiernos federal y estatal se muestran totalmente impasibles ante la situación, y han continuado, sobre todo el gobierno federal, con su intención de criminalizar a los comuneros, dijo. “El Estado no está cumpliendo con su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad pública y la integridad y patrimonio de los ciudadanos, y ante esta situación vemos que el fenómeno sigue generándose en toda la República”, puntualizó el abogado. Por separado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que nunca tuvo consignado o detenido al cabo de Infantería Pedro Alberto Ramírez Rincón, quien a principios del mes de agosto fue aprehendido y posteriormente interrogado por integrantes de la guardia comunitaria de Aquila. Algunos fragmentos de ese interrogatorio fueron subidos a YouTube por los propios habitantes de Aquila y otros se han dado a conocer a través de Noticias MVS. A pesar de que el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Manuel Mondragón, reportó su entrega a una Agencia del Ministerio Público Federal, la Dirección de Comunicación Social de la PGR señaló que Ramírez Rincón no fue puesto a disposición de esa dependencia por la comisión de algún delito. Por lo anterior, tampoco existe ningún reporte de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) –donde permanecen detenidos 40 comuneros por el delito de violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos– tenga en sus manos al cabo de infantería, pese a los señalamientos realizados por Ramírez Rincón en el sentido de que hay mandos militares en algunas zonas de Michoacán que tendrían vínculos con el crimen organizado. La búsqueda por parte de la Dirección de Comunicación Social de la PGR de cualquier información alusiva al cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón se hizo durante dos días, sin que exista algún reporte de que esa dependencia lo haya sometido a proceso penal o, en su defecto, que se le haya arraigado para ser investigado. A decir de pobladores de Aquila que se manifestaron en la SEIDO en días pasados, la detención y el interrogatorio de ese militar es lo que provocó la reacción de las autoridades federales en su contra el pasado miércoles 14, día en que elementos de la Marina, Ejército y Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán detuvieron a los guardias comunitarios.