MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que el gobierno, Tribunal Superior de Justicia y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aceptaron la recomendación 32/2013 emitida por el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, relacionada con los agravios causados a Ana María Orozco, madre de dos hijos de Genaro Góngora Pimentel, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La CNDH intervino en el caso luego de que la expareja de Góngora Pimentel hizo la petición después de inconformarse con las autoridades capitalinas y el organismo de derechos humanos, debido a que permaneció un año en prisión supuestamente por haber litigado contra el exministro el derecho a pensión alimenticia. La CNDH destacó que el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera; el ombudsman local, Luis González Placencia, y el magistrado Edgar Elías Azar, tienen un plazo de 15 días para “dar las pruebas correspondientes al cumplimiento de la citada recomendación”, emitida el pasado 27 de agosto. En un comunicado, el organismo puntualizó que tras una investigación “constató acciones y omisiones de esas autoridades que dieron lugar a violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, acceso a la justicia, acceso a las garantías y al debido proceso legal de la víctima”. En cuanto a los hijos de Orozco y Góngora, dos menores con discapacidad, confirmó que se vulneraron sus derechos, entre otros el derecho a un desarrollo integral. Recordó, asimismo, que en la recomendación pidió a las autoridades involucradas  “implementar las acciones necesarias para reparar los daños causados a la víctima y a los menores”, entre ellas una disculpa pública institucional “ante la presencia de las víctimas y familiares”, en la que haya “el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron servidores públicos  de esas dependencias, y que den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los sucedidos”. El ombudsman nacional pidió a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial de la capital su colaboración para concretar las quejas que el organismo nacional promueva ante la Contraloría General, Visitaduría General y Consejo de la Judicatura del Distrito Federal para procesar a los servidores públicos responsables de los agravios. Al ombudsman capitalino, Plascencia Villanueva pidió que investigue “las acciones y omisiones de algunos servidores públicos del organismo local” y también “que imparta capacitación y/o actualización a ese personal sobre los derechos de las niñas, niños y las mujeres”.