MÉXICO, D.F. (apro).- Cuando en julio pasado el expresidente Vicente Fox, devoto súbito de la legalización de la mariguana, lanzó su campaña para liberar la venta de dicha sustancia, los promotores de una política de regulación de las drogas lo desaprobaron. Fox “tiene la visión de un negocio de la droga regido por el libre mercado”, denunció el pasado lunes 23 Armando Santa Cruz, consejero de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). En el libro Terminando la guerra contra las drogas: ¿Cómo ganar el debate en América Latina? que coeditaron MUCD y la Fundación Transforma las Políticas de Drogas, las organizaciones exhortan a los gobiernos de América Latina a establecer un mercado de las drogas regulado por el Estado, con un enfoque de salud y de derechos humanos. El libro afirma que las drogas no son compatibles con un mercado legal totalmente abierto, lo que generaría abusos, como sucedió en los sectores farmacéutico, tabacalero o de licores, antes que fueron regulados por el Estado. Sin embargo, asevera que “no existe ninguna razón para repetir los errores cometidos con las industrias del alcohol y del tabaco”. Evoca una solución posible en la comercialización de las drogas: un modelo regulado sin fines de lucro o controlado por una empresa estatal. Ante un negocio de esta amplitud y sus promesas de altas ganancias, las empresas multinacionales “con poca ética” promoverían las drogas mediante sus sofisticadas técnicas de mercadotecnia para seducir a la población y ampliar el número de consumidores, precisa el libro. Y anticipa que esto a su vez generaría daños sociales y a la salud. El libro insiste en que ni la política de prohibición ni la de “despenalización” total del consumo de drogas representan una opción viable para resolver los problemas de violencia, ya que estas políticas dejan a los cárteles el control de toda la cadena de suministro de las sustancias ilegales.   Prohibición El libro plantea que las políticas de prohibición y de criminalización de las drogas agrava el consumo de éstas en lugar de reducirlo, y agudiza la corrupción y la violencia que genera su tráfico ilegal. Apunta que la política de prohibición fracasó en todos los objetivos que se había propuesto, ya que “sobrepasa  en mucho el número de muertos debido al consumo de drogas”. “Una vez establecidos un mercado ilegal y su correspondiente demanda, la prohibición jamás ha funcionado, en ninguna parte”, expone, y añade que “ninguna política que haya demostrado ser un fracaso tan espectacular por tanto tiempo puede sostenerse sin un enorme esfuerzo de propaganda que la respalde”. En cambio, señala el libro, la regulación permite al Estado “recuperar el control” sobre las drogas. Así, el gobierno puede establecer y evaluar criterios de calidad, pero también puede restringir el número y el tipo de vendedores o reglamentar las condiciones de acceso y consumo. Es más: el Estado puede determinar si los productos se venderán en farmacias a través de prescripciones médicas, o si estarán disponibles en establecimientos autorizados o de forma libre. “La regulación debe ser flexible según la droga”, explica el libro. El texto denuncia que los debates en materia de drogas se visten de una retórica “populista y sensacionalista” en vez de considerar el asunto como un tema de política pública. Los tomadores de decisiones favorables al combate contra las drogas usan esta retórica para justificar políticas de “mano dura” e impedir la instauración de argumentos científicos, lamenta. Ante el “miedo del tabú y los efectos electorales negativos” que rodean el tema de la regulación de las drogas, los autores Stephen Rolles, analista principal de políticas de la organización Fundación Transforma las Políticas de Drogas y Lisa Sánchez, investigadora en MUCD, estructuraron el libro en diez secciones didácticas. Cada uno de estos diez puntos plantea una serie de consejos que desmontan los argumentos “emocionales” de los predicadores de la prohibición. Así, explican cómo hablar de las diferentes drogas, como la mariguana o los derivados de la hoja de coca, sin negar sus efectos potencialmente nocivos sobre la salud, pero sin alimentar tampoco su satanización. Por el contrario, el libro valora los beneficios de acabar con la militarización del combate a las drogas y la criminalización de su consumo. Propone alternativas y respuestas a las inquietudes acerca de su regulación, con el objetivo de “pulir el debate”, afirmó Sánchez. A través de ello, el libro se plantea como una guía para convencer a diferentes audiencias —tomando en cuenta las particularidades culturales y socio-económica de cada una de ellas— del fracaso de la guerra contra las drogas. “Definir la prohibición más estricta como la postura política de mayor calidad moral lleva a algunas audiencias a creer que siquiera el acto de analizar o cuestionar la prohibición es un acto inmoral, mientras hace aparecer a quienes cuestionan dichas políticas como partidarios de las drogas y de los traficantes”, lamenta el libro.   “Cuellos de botella” Sus autores dicen que empezaron la redacción del libro tras un encuentro con expertos de diferentes países. Los argumentos a favor de la regularización de las drogas se tropiezan con “mitos”, concordaron los expertos. Aunque dichos argumentos descansen en bases científicas, suelen sonar “contra-intuitivos” entre la audiencia. Durante el encuentro, los expertos recopilaron las dudas e inquietudes más recurrentes entre las audiencias que participan en los debates en materia de droga, con el objetivo de encontrar formas de responder a cada una de ellas. Sánchez designa estas inquietudes como “cuellos de botella”. Uno de ellos se refiere a la protección de los niños que, según el sentido común, se encontrarán más propensos a consumir drogas. Para contraatacar este argumento, el libro explica que la guerra contra las drogas expone a los niños a múltiples riesgos, entre ellos el consumo de sustancias más peligrosas o el sufrimiento de violencia. Acabar con la costosa militarización del combate contra las drogas permitirá redirigir el dinero hacia la educación y la prevención, dice. Cita unas investigaciones realizadas en Estados Unidos, según las cuales los niños tienen mayor acceso a la mariguana ilegal que al alcohol, cuya compra se vuelve prácticamente imposible para los menores de edad debido a la estricta aplicación de la ley por los vendedores de licores. Según Stephen Rolles, “la única identificación que pide un narcomenudista es un billete”. Además, constata que los narcomenudistas entrenan a los niños y adolescentes —cuyo producto de predilección es la mariguana— a “probar” drogas más potentes con el objetivo de convertirlos en adictos, sin prevenirles de los riesgos. El libro se opone a la idea de que todo consumo de droga es problemático. Sostiene que la gran mayoría de los consumidores adquiere drogas de forma limitada. Sí bien admite que todo consumo conlleva riesgos, “no significa que todos los riesgos impliquen daños”, precisa. Los críticos de la regulación de las drogas invocan el incremento del consumo que generaría el libre acceso a las drogas. A esta aseveración, el libro plantea que la regulación legal no equivale a una libre disposición de las drogas. Toma el ejemplo de Portugal, donde la despenalización en 2001 incrementó en menos de 1% el consumo de mariguana. Asegura que bajo una regulación legal las drogas serán más seguras, ya que su calidad será controlada. “Nadie sugiere alterar el estatus legal de los actos criminales cometidos bajo la influencia de las drogas”, añade. Rolles admitió que la recaudación fiscal de la venta de drogas deberá ser minuciosamente balanceada: un precio demasiado bajo incentivaría el consumo mientras que altos impuestos fomentarían la creación de un mercado negro, regido por cárteles. Aun con una parte del mercado regido de forma clandestina, Rolles estimó que “un mercado en el que entre 75%  y 95% del producto sea legalmente regulado y pague impuestos, es claramente preferible a uno donde el 100% se encuentra en manos de criminales”. El autor comentó que la inestabilidad que genera la violencia actual daña la reputación y la confianza en las instituciones. Al regular el mercado de las drogas, aseveró que se reducirá el poder de los cárteles y en paralelo su capacidad de corromper a las instituciones.   Esperanza e intereses El británico concedió: “No prometemos el paraíso: aún existirán problemas con los cárteles y con el mal uso de las drogas; sin embargo, al regular el mercado de las drogas las cosas serán mucho, mucho mejores”. En el libro admite que sus propuestas no equivalen a “acabar con el problema de las drogas”, sino en acabar con el “problema de la prohibición”. El libro considera que el momento actual es el oportuno para lanzar debates en América Latina con el objetivo de reformar las leyes en materia de drogas. “Los costos de la guerra contra las drogas se han vuelto intolerables” para la región, estima. El expresidente estadunidense Richard Nixon llamó a la guerra contra las drogas en 1971. Impulsó estrategias políticas y diplomáticas en América Latina para militarizar su combate, recuerda el libro. Pero analiza que Estados Unidos perdió influencia en materia de combate a las drogas en la región. El reequilibrio de poder en el continente, así como la regulación del uso medicinal de la mariguana en 20 estados de la Unión Americana y del uso recreativo en dos más de este país debilitan la fuerza de sus exigencias hacia una política más represiva, afirma. La combinación de estos factores ofrece  una “esperanza”, señaló Sánchez. Sin embargo, opinó que una política de regulación de las drogas tiene poderosos enemigos. “Grandes grupos de intereses se oponen a la reforma. Estamos hablando de mucho dinero”, señaló, y agregó que “estas empresas se apoyan en la burocracia para hacer creer que la única solución es el combate contra las drogas”. El libro establece una lista de los beneficiados probables de una reforma en materia de drogas. En esta lista aparecen los padres de familia, los contribuyentes –afirma que son los que financian la violencia estatal contra los cárteles--, el sector médico y las empresas, que sufrirían menos extorsión, debido a la pérdida de poder de los grupos criminales. Por otro lado,  enumera los grupos que verían afectados por la regulación de las drogas: los cárteles, los políticos, funcionarios y banqueros corruptos, las empresas especializadas en infraestructura y tecnologías de seguridad, los traficantes de armas, algunas poblaciones involucradas en la producción y el suministro de drogas, las agencias policiales y militares, los custodios de centros penitenciarios… Añade: “Debido a que las acciones de fiscalización de la oferta de drogas ofrecen un retorno muy magro respecto a la inversión —son inmensamente caras, ineficaces y generan mayores costos a la sociedad— el análisis económico es un territorio fértil para presentar argumentos pragmáticos en favor de la reforma”.