SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- La organización civil Ciudadanos Observando denunció que el gobierno de Fernando Toranzo ha destinado el dinero recaudado por la tenencia vehicular a gastos de papelería, gasolina, ropa de marca y al banco Monex, involucrado en el escándalo de la pasada campaña presidencial del también priista Enrique Peña Nieto. Entre los pagos destaca uno, del 28 de febrero de 2012, cuando Monex recibió de parte del gobierno potosino –y cuando Peña Nieto ya era candidato del PRI a la Presidencia-- un monto por 129 mil 250 pesos registrados como “gastos por comprobar”. Monex fue involucrado en diversas denuncias presentadas por el PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE) por presuntamente participar en un entramado financiero, para la “compra de votos” en los comicios presidenciales del año pasado. La ONG debió recurrir a diversas solicitudes ante la Secretaría de Finanzas y la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública (Cegaip) para obtener los comprobantes relacionados con una observación que la Auditoría Superior del Estado hizo al reporte final de 2009 por un monto de 80 millones de pesos. La solicitud de transparencia fue ingresada el 17 de junio y debieron transcurrir más de tres meses para que la Secretaría de Finanzas finalmente entregara copias certificadas de 20 facturas. En los documentos se busca justificar cerca de 30 de los 80 millones de pesos que fueron observados por la Auditoría Superior. José González, vocero de Ciudadanos Observando, explicó en rueda de prensa que el ingreso por tenencia, estimado en 340 millones, representa el 1% del presupuesto total del estado. Además, desmintió al titular de Finanzas, Jesús Conde, quien aseguró que lo recaudado se destina íntegramente a educación y construcción de hospitales. Al pronunciarse por la eliminación de la tenencia –propuesta que se discute actualmente al interior del Congreso local, pese a la oposición de Toranzo y los diputados del PRI--, la asociación ciudadana sostuvo que la recaudación no se destina a rubros sociales o prioritarios de la entidad. Al exhibir las facturas obtenidas mediante el recurso de transparencia, José González detalló que fue posible corroborar que lo recaudado por este impuesto se ha destinado a propósitos muy diversos, entre los cuales mencionó pagos a una gasolinera de Rioverde, a una empresa de papelería, a una consultoría en sistemas, así como a un fondo revolvente de la propia Secretaría de Finanzas. Y resaltó el hecho de que ninguna de estas facturas aparece en el portal del gobierno del estado. Además, aún no ha sido posible obtener las facturas que amparan otros 50 millones de pesos observados por la Auditoría Superior. “Hay un ocultamiento de información, seguimos rastreando los comprobantes de los otros 50 millones de pesos que siguen pendientes de obtener, continuamos con el pleito legal para obtenerlos”, mencionaron los integrantes de la ONG. También Antorcha Ciudadanos Observando también obtuvo documentación comprobatoria del destino de la tenencia correspondiente a 2010. Ahí se encontró con que una parte de lo recaudado sirvió para pagar préstamos personales, ropa de boutiques, a integrantes de Antorcha Campesina, consumo de alimentos en oficinas y pagos de celulares. “Nos han negado los nombres de los destinatarios del fondo revolvente de la Secretaría de Finanzas”, dijo el vocero José González. En el caso de la comprobación del uso de la tenencia correspondiente a 2012, la asociación hizo una muestra aleatoria de las erogaciones y se encontró con que aparecen pagos a servicios personales (que se reportan como “gastos internos”), adquisición de ropa, apoyos para alquiler de autobuses de pasajeros y gastos a comprobar por la propia Secretaría de Finanzas. La mayoría de estos movimientos se hicieron a través de cuentas de Banorte, Santander y Bancomer. Sin embargo, el cheque SP-382 con fecha de 28 de febrero del 2012, está hecho a nombre de Monex y destinado al mismo banco, amparando “gastos por comprobar” por unos 129 mil 250 pesos. José González recordó que desde enero la asociación pidió públicamente al gobierno estatal aceptar la aplicación de una auditoría ciudadana, propuesta que fue rechazada. Y consideró inadmisible que ahora el gobierno estatal está advirtiendo que, de eliminarse la tenencia, será necesario recurrir a un crédito. “No aceptaron la auditoría, es que esconden algo”, acusó.