MÉXICO, D.F. (apro).- El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, reveló que autoridades municipales del pasado y del presente tendrán que rendir cuentas por autorizar indebidamente la construcción de desarrollos urbanos en zonas de alto riesgo, particularmente en el puerto de Acapulco. En entrevista con Noticias MVS primera emisión, el funcionario federal, comentó que en la parte que le toca realizar sobre la investigación que encargó el presidente Enrique Peña Nieto sobre las inundaciones, y cuyos resultados deberán estar listos a más tardar el 20 de octubre, ya hay un “avance significativo”. Con la información recabada hasta ahora, dijo, se ha podido establecer la forma en que tierras ejidales pasaron a manos de particulares que, luego fueron obteniendo permisos de construcción. “Tenemos evidencias hoy de los primeros asentamientos desde 1994, por una intensificación enorme. De 1994 a 2001 había unas mil casas en esa zona y de 2001 a la fecha se establecen más de 19 mil. Fuera de toda proporción”, acusó. Lo peor, apuntó, es que no se puede decir que las viviendas son irregulares “porque no se le puede llamar así a una casa que construye el Infonavit o el Fovissste y hay en esa zona afectada más de 20 mil viviendas que tienen la condición de haber sido financiadas por el gobierno. Ahí tiene que haber, sin lugar a dudas, una responsabilidad compartida”, afirmó. Además, sostuvo, en 2001 existió un plan de desarrollo urbano de Acapulco, cuyo plano es una modificación de un original de 1998, producto de la catástrofe del huracán Paulina. Dicho plan, señaló el titular de la Sedetu, considera una serie de reservas que “evidentemente” no se cumplieron”. Agregó: “Hay una serie de contradicciones en las autorizaciones que se otorgaron posteriormente sin respetar lo que establecía el plan de desarrollo de Acapulco. “Desde 2003 el atlas de riesgo de la Sedesol, que en aquel entonces era la responsable de la integración de estos atlas que no tienen vinculación, pero tienen la función de hacer este señalamiento, ya decía que era una zona de riesgo por inundación, y si bien no señalaba un grado, fue lo que abrió la posibilidad de otorgar un permiso, pero con la salvedad de que se construyeran obras que pudieran amortiguar o aminorar el riesgo que existía”. A ello, dijo, se suma que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) ordenó dentro de la zona más de 20 expropiaciones y hoy se investiga para determinar si esa tierra que se expropió se convirtió en lotes individuales o efectivamente sirvió para constituir reservas que después sirvieran a empresas desarrolladoras. Ramírez Marín afirmó que en todo el estado de Guerrero –el más afectado por Ingrid y Manuel– 51 mil viviendas resultaron afectadas, 32 mil de ellas inundadas, mil 200 destruidas por completo en Acapulco, y se van a tener que reconstruir más de cinco mil. En total, en Guerrero hay mil 358 localidades establecidas a menos de 250 metros de ríos que son permanentes, lo que afecta a 164 mil personas y pone en riesgo casi a 50 mil casas, precisó. A esas mil 358 localidades que son permanentes se suman mil 597 que inclusive están en lechos y arroyos que en temporada de lluvias ponen en riesgo a 186 mil personas. “En total tenemos a unas 400 mil personas en riesgo sólo en Guerrero, y sólo son las que están por los ríos, faltan las que están en cerros y laderas de cerros”, alertó. Ramírez Marín apuntó que la reconstrucción de viviendas se hará con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), Secretaría de Gobernación, Fondo Nacional de Población (Fonapo) y de programas de Sedatu como Hábitat. En el caso de La Pintada, Guerrero, donde murieron unas 70 personas, la comunidad se va a reubicar en un lugar cercano y seguro. “Hemos determinado tres probables (lugares)” para reubicar esa comunidad, refirió el funcionario. En cuanto a la investigación en curso para deslindar responsabilidades de los destrozos ocasionados por Ingrid y Manuel, gira en torno a tres aspectos: qué causó la inundación o qué la agravó, cuál es el daño de la inundación y cuáles son las responsabilidades de esto. En segundo término se investiga quienes propiciaron o dieron lugar a estas causas y, finalmente, se indaga la participación de particulares y autoridades de todos los niveles de gobierno que pudieran estar involucradas y dieran lugar a tal situación. De acuerdo con el funcionario federal, la investigación quedará a cargo de tres dependencias principalmente. Primero la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la que le corresponde “hacer la autopsia de la inundación”. A la Sedatu, abundó, le tocan las cuestiones del suelo. “¿Qué tipo de propiedad era? ¿Quién autorizó que esa propiedad se transformara? ¿Qué licencias se otorgaron? ¿Qué permisos se dieron? ¿Qué requisitos sí se cumplieron y cuáles no?”. Por su parte, Protección Civil deberá definir quiénes son los que están en riesgo, cuántos son efectivamente los afectados y “qué consecuencias va a tener –en términos de responsabilidades, de acuerdo a lo que establece la ley en esta materia de riegos y de asentamientos– que se establezcan en zonas irregulares, calificadas como riesgosas”. En lo que se refiere a la parte legal, Ramírez Marín detalló que ésta “tendrá que construirse en función de lo que determinen estas tres instancias respecto de qué causó la inundación, quiénes son los involucrados y quiénes de esos involucrados, particulares o autoridades, tienen responsabilidad”. Indicó, asimismo, que las autoridades municipales, del estado y federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), serán las responsables de interponer las denuncias correspondientes en caso de que se comprueben ilícitos.