LOS ÁNGELES (apro).- El abogado Sergio García enfrenta, literalmente, el caso legal de su carrera. A principios de septiembre de este año, García, de 36 años y graduado de la escuela de leyes en Chico, California, se presentó en audiencia ante la Suprema Corte de ese estado para argumentar a favor de su derecho a conservar su licencia para ejercer profesionalmente. El punto a discusión: García es indocumentado y de acuerdo con las leyes federales no puede trabajar en Estados Unidos. El caso de García ha atraído la mirada del público en este país por varias razones. Por una parte, tanto las instituciones académicas en las que estudió —la Universidad Estatal de California en Chico (CSU Chico), y la Escuela de Derecho del Norte de California— como la Barra de Abogados Estatal, consideraron que cuenta con las aptitudes para ejercer como abogado. En el año 2009, García pasó el examen de la Barra en el primer intento —ese año el porcentaje de aprobación entre los solicitantes fue del 49%, según la Conferencia Nacional de Examinadores de Barras de Abogados— y le fue otorgada la licencia; un par de semanas más tarde le fue retirada debido a su estatus migratorio. Pero hay otra característica en el caso que llama la atención: García lleva 19 años esperando que el gobierno estadunidense procese su solicitud para obtener una residencia permanente y el trámite no parece tener pronta resolución. La familia García migró de México hacia Estados Unidos cuando Sergio tenía un año y medio de edad y regresó a su país cuando él tenía nueve. Al cumplir 17 años, Sergio volvió a California. Su padre, trabajador agrícola en los campos de California, presentó la solicitud de residencia permanente para Sergio, una green card, en noviembre de 1994. El gobierno federal aprobó la solicitud en 1995, un año antes de que fuera aprobada la ley federal que establece que las agencias del Estado no pueden expedir licencias profesionales a quienes se encuentran en el país de manera ilegal. Debido al enorme cuello de botella en los casos de inmigración en las agencias estadunidenses, es “normal” que Sergio aún no haya recibido una respuesta. Con los tiempos de espera actuales, la fecha estimada de aprobación de emisión de la green card, en su caso, sería en el año 2019; diez años después de su fecha de graduación.   Precedente jurídico Sergio tiene voz de abogado. Contesta el teléfono con propiedad, utiliza los términos legales pertinentes para explicar su caso; es correcto en el trato y cuidadoso en las formas. “Estoy en un punto bastante dramático. ­­­Lamentablemente la Corte actuó de manera completamente cobarde al decir que ellos no pueden hacer nada a menos que la Legislatura de California les abra esa puerta. Bueno, si Dios quiere, los legisladores nos van a apoyar”, dice. García se refiere a la respuesta que recibió por parte de la Suprema Corte de California durante las audiencias de su caso. Cuando aprobó el examen de la Barra de Abogados de ese estado en 2009, esta instancia envió la solicitud de licencia a la Corte como parte de un trámite de rutina; al identificar su estatus migratorio, las autoridades a cargo decidieron hacer una revisión. La ley federal impide que la resolución sea favorable, le dijeron durante las audiencias; el único elemento que podría favorecer un resultado diferente sería la existencia de una ley estatal que específicamente estableciera la legalidad de otorgar una licencia profesional a un individuo sin importar su estatus migratorio. La audiencia se cerró, y la Corte anunció que en un plazo no mayor a 90 días daría su veredicto. Mientras conversa por teléfono, García va conduciendo su auto. Se dirige a la oficina de un asambleísta de California, a continuar con la tarea que ha realizado en los últimos días: movilizar a la mayor cantidad posible de políticos en el estado para lograr que las modificaciones legales que requiere su caso ocurran a tiempo para incidir en la resolución de la Corte. Hasta ahora el abogado ha demostrado su capacidad de negociación: el 6 de septiembre, unas horas después de la audiencia, la asambleísta demócrata Lorena González presentó la medida AB1024 ante la legislatura local, con apoyo de toda la bancada latina. La presentación de la iniciativa establece que se autorizará “a la Suprema Corte para admitir el ejercicio del Derecho a un solicitante que no se encuentre legalmente en Estados Unidos, bajo certificación (…) de que el solicitante ha cumplido con los requisitos para su admisión”. A unas horas de que la iniciativa pasara a votación, Sergio cabildeaba con los involucrados. “Les he explicado que sólo me queda un año para resolver este asunto, porque el resultado del examen de la Barra tiene validez por cinco años. Les expliqué que para mí ésta era una emergencia y es como un milagro que hayan respondido tan rápido, que en unas horas ya esté lista la iniciativa para ser votada, para defender mi sueño americano”, explica. La noche del pasado 12 de septiembre la iniciativa fue aprobada con 62 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. De ahí, pasó al escritorio del gobernador de California, Jerry Brown, quien contaba con un plazo de 30 días para firmarla y convertirla en ley. Esto ocurrió el pasado sábado 5. Lo que sigue, en teoría, tendría que ser un mero trámite: la entrada en vigor de esta ley el 1 de enero de 2014, lo que eliminaría el obstáculo para que la corte estatal valide la licencia de García. No existe en ninguna corte de otro estado un caso similar al de García, de manera que la resolución emitida en California en las próximas semanas puede establecer un precedente para casos similares en el futuro en Estados Unidos.   El sueño americano Los últimos días han sido un torbellino para García. La prensa le pide entrevistas. Sus colegas le envían mensajes de solidaridad. Sumando a los integrantes de los equipos de abogados que han asumido su defensa en diferentes áreas, hay cerca de 150 con las manos metidas en su caso. El 12 de septiembre recibió una invitación para asistir al programa de televisión The Daily Show con Jon Stewart, uno de los más populares de la televisión estadunidense. Meredith Brown, veterana abogada de inmigración de Los Ángeles, ha dedicado los últimos meses a trabajar con jóvenes que llegaron a Estados Unidos en una situación similar a la de García: traídos por sus padres cuando eran menores de edad, con deseos de convertirse en profesionistas, con aspiraciones de servir a la comunidad que los vio crecer. Por esta razón, simpatiza con la causa de su colega. “Independientemente del aspecto técnico o legal del caso, creo que necesitamos más jóvenes en nuestra profesión enfocados al trabajo en la comunidad en cualquier rama de la ley, no necesariamente en inmigración pero con vocación de convertirse en líderes y servidores públicos de su comunidad”, comenta Brown sobre el caso, y considera que el alcance del mismo debe extenderse a otras profesiones y a nivel federal. “Es tiempo de abrir espacios a los profesionales, a médicos, a enfermeras, permitir que regularicen su situación por mérito académico y que se incorporen a la economía porque los necesitamos. En momentos en que estados como Arizona o Alabama impulsan medidas conservadoras, un estado como California puede mostrar liderazgo tomando decisiones pragmáticas que ayuden a la sociedad”, sostiene. Jorge Mario Cabrera es portavoz de la Coalición Pro Derechos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA). Desde que se hizo público el caso de García, la organización lo ha apoyado entre otros grupos activistas y ante el establishment político nacional, no sólo por lo que el caso representa en sí, sino como un ejemplo más de la necesidad de que se apruebe una reforma migratoria integral. Sostiene: “Creo que lo primero que muestra este caso es que los inmigrantes no sólo somos barrenderos, cocineros, trabajadores de construcción, que son oficios admirables y honrados, sino que también tenemos profesionistas que quieren ejercer, que están capacitados y que tienen un sueño por cumplir. No sabemos cuántos jóvenes más ya están graduados de Leyes, o de Medicina, sin la posibilidad de ejercer. Resulta hipócrita por parte del gobierno federal poner en alto a los jóvenes indocumentados que desean seguir estudiando y luego oponerse a que reciban una licencia. Que nos diga qué es lo que quiere hacer realmente con estos jóvenes”. Con la cuenta regresiva en marcha, García se limita a agradecer el apoyo que ha recibido y es cauteloso con las perspectivas para las semanas por venir. “El 40% o 50% de quienes me apoyan son ciudadanos anglosajones, ¿se imagina usted? —pregunta de pronto— Eso me da ánimo. El momento más difícil para mí en el pasado fue cuando me quitaron la licencia; ése es un sueño que yo ya había cumplido y emocionalmente me tomó tiempo superarlo. El recibirla nuevamente representaría no sólo revivir mi sueño americano, sino darle esperanza a muchísimos jóvenes en mi situación. He hecho llamadas, hablado con asambleístas y senadores, y si la corte de California falla en contra, tendré que irme a la Suprema Corte de Estados Unidos. Pero por el momento, conservo la fe”.