MÉXICO, D.F. (Proceso).- La discusión sobre la irresponsable –e inclusive ilegal– restauración del emblemático “Caballito” de la Ciudad de México, aprobado por el gobierno del Distrito Federal, no debe centrarse únicamente en las técnicas y protocolos de restauración sino, también, en la organización institucional y los procedimientos administrativos que inciden en la gestión de las artes visuales y su vinculación con el espacio urbano. Emblemático no sólo por su valor artístico sino por el afecto ciudadano que ha logrado soslayar que el caballo montado por el rey Carlos IV de España pisa un escudo azteca, “El Caballito”, escultura monumental de bronce patinado del arquitecto neoclásico Manuel Tolsá, fue intervenida el pasado 19 de septiembre para su restauración por la empresa Marina, Restauración de Monumentos. Contratada por el Fideicomiso del Centro Histórico, esta empresa inició los trabajos sin contar con la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); procedimiento obligatorio que señala el artículo 7 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Además de los numerosos cuestionamientos que provoca el procedimiento –retiro de la pátina original, colocación de andamios sostenidos en las patas del caballo y utilización de un método que el INAH definió como “sumamente agresivo” por la limpieza con ácido nítrico al 30%–, el inicio de las obras al margen de la legalidad no puede definirse como un “problema de falta de coordinación” –como lo señalan los responsables de la Autoridad del Centro Histórico y del Fideicomiso del Centro Histórico–, Alejandra Moreno Toscano e Inti Muñoz, respectivamente. Además de que ambas instancias no cumplieron con la Ley mencionada, es indispensable que den a conocer: el diagnóstico que justifica la pertinencia y el tipo de intervención, las causas por las que un proyecto tan relevante no se abrió a concurso, los argumentos que avalan la selección de la empresa contratada, y el costo de la restauración. Esta fue suspendida por el INAH el día 20 cuando, según datos oficiales, ya se había intervenido el 35% de la pieza. Para empezar, es indispensable definir y deslindar responsabilidades entre las instancias para evitar desorden y duplicidad de funciones. Como segundo paso, es necesario que se transparente, evalúe y discuta públicamente el desempeño y pertinencia del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México. Instalado el pasado mes de mayo y presidido por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y, como suplente, por la titular de la Secretaría de Cultura, el Comité está integrado por los responsables de la Autoridad del Centro Histórico, la Coordinación General de la Autoridad del Espacio Público, las Secretarías de Turismo y Educación, y los representantes de la sociedad civil Zelika García –directora de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Zona Maco–, Hilda Trujillo –directora del Museo Diego Rivera Anahuacalli–, el curador Miguel Cervantes y el arquitecto Francisco Serrano. ¿Cómo y bajo qué criterios fueron seleccionados estos ciudadanos? La pregunta es importante porque, además de que la restauración de “El Caballito” fue una sugerencia que hizo Alejandra Moreno Toscano como parte de este Comité, ahora es necesario que expliquen las razones por las que el gobierno del D.F. solicitó al escultor Sebastián una pieza de 10 metros de altura para conmemorar el movimiento estudiantil de 1968 (Reforma, 24 septiembre). Además de que en la Ciudad ya existen demasiadas esculturas de este autor, su propuesta carece de la conectividad social y urbana que requiere el arte público contemporáneo. Considerando que el Comité es el asesor en estos temas, ¿cuáles fueron los criterios por los que propuso o aprobó a Sebastián?