“El Yugo Zeta” en Coahuila: control de penales, secuestros, matanzas, quema de cuerpos…

El difícil tránsito a la democracia culturalA El Colegio de Jalisco. Con gratitud.

La inminente aprobación del presupuesto federal, en especial el que concierne a la cultura, ha suscitado un gran debate y una extendida zozobra en nuestra sociedad. Y con razón: finalmente es la viabilidad de un proyecto en la materia lo que está en juego. La falta de asignación de recursos posterga reivindicaciones sociales legítimas y condena a los mexicanos a la postración cultural. Ahora es el momento de destacar algunos de los muchos aspectos en los que la sociedad reclama la presencia de la cultura.

El caso de México no es un evento aislado en el paisaje universal, en el que la cultura, lejos de ser un artificio, ha sido un bálsamo social y, más aún, instrumento indispensable para la mejoría de la calidad de vida de las personas.

A comienzos de la década de los noventa la ciudad de Turín, en Italia, había quedado a la deriva a raíz de las alzas en los precios del petróleo y la crisis de la industria automotriz. Como una clara respuesta a la compleja composición social de esa urbe, a la par de su intenso flujo de inmigrantes y el desempleo abierto, entre otros problemas, nació la iniciativa Porta Palazzo: “living, not leaving”, que tiene un significativo componente de planeación cultural. En el marco de este proyecto, los temas de criminalidad, seguridad y habitación comenzaron a abordarse con miras a mejorar la calidad de vida de la población y el núcleo comunitario. La cultura resultó ser un elemento de composición indispensable.

A su vez, la organización no gubernamental Partners for Livable Communities, fundada en 1977, empezó a trabajar en todo el territorio de los Estados Unidos con el objetivo de promover la calidad de vida, el desarrollo económico y la equidad social. Desde entonces ha proveído una nueva forma de conceptuar la política cultural que se aleja de la lógica compensatoria de los programas artísticos, y ha abordado temas tan importantes como el acceso, la equidad y la participación de la comunidad en el contexto general del desarrollo social y económico en las concentraciones urbanas.

Los ejemplos evocados revelan cómo el empleo de los activos culturales puede constituirse en una fuente inagotable de mejoramiento comunitario y revitalización económica. El origen de Partners for Livable Communities se encuentra en el New Deal de Roosevelt, que inicia la tradición de los centros de cultura en las comunidades urbanas y la asignación de recursos a los gobiernos locales, idóneos para la planeación cultural.

En el caso del Viejo Continente la respuesta fue significativa. Se expresó a través del programa piloto urbano de la Unión Europea, concluido en 2000 y que fue diseñado con el fin de explorar nuevas formas de potencial económico para las ciudades en un contexto de exclusión social, decaimiento de la actividad industrial y degradación del medio ambiente. En este proyecto a la cultura se le empleó como un pistón para la regeneración urbana, sobre todo a partir de estrategias incluyentes que abordaran temas como el multiculturalismo.

 

La cultura como solidaridad y como civilidad

 

La cultura, según quedó definida por la Conferencia Mundial de México sobre las Políticas Culturales de 1982, debe ser conceptualizada como una fuente de renovación intelectual y desarrollo humano, y su ámbito comprende no solamente la cultura patricia, sino también la cultura plebeya, como lo es la popular.

Raymond Williams (The Long Revolution) identificó tres elementos para la definición de la cultura. En el contexto del presente ensayo, la cultura debe ser entendida como “una forma de vida particular que expresa ciertos significados y valores no solamente en arte y en aprendizaje, sino respecto a las instituciones y a su comportamiento”. Esto no hace más que evidenciar el vínculo entre cultura y sociedad; más aún, entre política cultural y la aplicación de ésta en sociedades multiculturales como la nuestra.

Ahora debe entenderse cultura como civilidad y como solidaridad (Terry Eagleton). Esta concepción desplaza a los modelos de política cultural verticales y jerárquicos, que no son sino una mezcla de diferentes orientaciones y que carecen de afinidad con los grupos o comunidades culturales.

El multiculturalismo se fundamenta en el principio liberal del respeto igualitario a todo individuo, grupo o comunidad cultural, premisa que aspira a eliminar las diferencias y se encuentra imbuida de una construcción ideológica que rescata la idea universal de justicia. Las singularidades étnicas, económicas, religiosas y lingüísticas, entre otras, deben ser preciadas y cultivadas como fuerzas sociales que ameritan reconocimiento público.

Estas diferencias deben ser consideradas como una intersección constante en la que ninguna puede reivindicar para sí una mayor importancia sobre otras. Antes al contrario, en el cuerpo social es fácilmente identificable una intrínseca y perenne hibridación de identidades. Ello presupone adicionalmente una mayor aceptación de la existencia humana con un constante flujo de definiciones y redefiniciones, todas porosas pero en las que se constata que nadie pertenece exclusivamente a una sola identidad.

En el cuerpo social se manifiesta una incesante e incansable traslación cultural. La consecuencia es obvia: una enorme dificultad se presenta al momento de diseñar políticas culturales tradicionales que acaban siendo elaboradas por la alta burocracia de la cúspide a la base y en las que se presupone una sola identidad cultural, con un agravante: son perniciosamente sectoriales.

 

Política cultural y planeación cultural

 

La complejidad se acrecienta en concentraciones urbanas en donde actúan las instituciones nacionales de cultura. En aquéllas pueden apreciarse dos características importantes: por una parte la ciudadanía urbana, que no puede ser concebida sin un ámbito espacial y que tiene como vocación erradicar la marginalización –la exclusión física, social y económica conduce precisamente a la negación de la ciudadanía urbana–; por la otra, un fenómeno de mercantilización de los espacios urbanos, de tal suerte que no se crean ciudadanos urbanos, sino consumidores urbanos (Lia Ghilardi).

Las concentraciones urbanas, como quedó demostrado a partir de los años sesenta (Jane Jacobs), son ecosistemas en donde se desarrollan procesos físicos y económicos que interactúan entre ellos; son sistemas vivientes que constituyen una “región natural” (Patrick Geddes). La premisa de que el territorio urbano es un ecosistema viviente, compuesto por recursos que deben ser identificados y estudiados, se ubica en el centro de la planeación cultural (Robert McNulty y Colin Mercer).

Por consiguiente, para los responsables de diseñar políticas culturales la planificación cultural significa un espacio de reflexión en lo que respecta a la aplicación estratégica de los recursos culturales. Dichas políticas están íntimamente vinculadas con otras políticas urbanas, en tanto que la ausencia de vinculación con las dinámicas territoriales urbanas puede generar un legítimo cuestionamiento social hacia las instituciones culturales nacionales, que responden a una estructura jerarquizada y vertical.

La planeación cultural –el énfasis es necesario– no es la planeación de la cultura (Franco Bianchini y Lia Ghilardi). La primera encuentra su fundamento en un enfoque antropológico y entiende cultura como una forma de vida. La integración en otros ámbitos de la cultura local, así como en la vida diaria de las comunidades urbanas, es el componente natural de la planeación cultural.

Al vincular cultura con la vida social, la planeación cultural deviene mecanismo instrumental en la creación de oportunidades para el conjunto de las comunidades; está radicada en el ámbito territorial y debe contribuir a que las instancias gubernamentales locales identifiquen los recursos culturales de las concentraciones urbanas y diseñen alternativas estratégicas para la consecución de sus objetivos (Colin Mercier).

Conforme a estas ideas, la planeación cultural es la planeación estratégica e integral y el empleo de recursos culturales para el desarrollo urbano y comunitario. Los recursos culturales deben ser entendidos en forma pragmática, pues comprenden no solamente el legado cultural de un sitio específico, sino de igual manera las tradiciones, dialectos, festivales y rituales; la diversidad y calidad de la recreación; las instalaciones culturales e incluso culinarias; la cultura para la juventud y para las minorías; el repertorio de productos locales, y las habilidades artesanales y de manufactura. Como puede constatarse, la planeación cultural tiene un ámbito más vasto que el de la política cultural.

En este contexto existe la propensión a que la definición estética de la élite sea la que prevalezca. En el trazo de políticas culturales, la alta burocracia interpreta los recursos culturales locales, los elabora y vincula a su noción singular de legado cultural, pero con ello elimina las sinergias potenciales en los subsectores de las economías culturales locales.

De manera recurrente la élite ha centralizado la cultura popular en un afán de acumulación de poder con el que induce el tránsito de una sociedad polisegmentada a una sociedad homogénea (Robert Muchembled). Al hacerlo intenta eliminar los equilibrios internos de los grupos o comunidades culturales para asegurarse la dominación de éstos; ha recurrido incesantemente a este mecanismo, y lo readapta una y otra vez a las nuevas situaciones de cada época. Una relectura de Gargantúa y Pantagruel (François Rabelais) haría más comprensible estos fenómenos (Mikhail Bakhtine).

Debe por lo tanto abandonarse el concepto estrecho de cultura que gravita en torno a la cultura patricia y poner en su centro los recursos culturales. La planeación cultural, en contraposición a la política cultural, es más democrática, más consciente de la diversidad, más sensible a las características del legado y el patrimonio en la materia y diseña un genuino marco cultural para las concentraciones urbanas (Colin Mercer).

 

Pluralidad, participación, democracia

 

Lo anterior obliga a quienes confeccionan la política cultural a asegurar el pluralismo en este ámbito ordenado por la Constitución. Para tal efecto deben analizarse los diferentes segmentos que componen las concentraciones urbanas, así como conducir y estudiar a cada grupo cultural, lo que prevé la intervención de comités representativos en las evaluaciones de este proceso.

El citado principio reclama desde luego la participación comunitaria como un componente objetivo necesario de la planeación cultural. Esta aseveración lleva implícito el rechazo a considerar a la comunidad como un simple “objeto” de planeación (David Grogan y Colin Mercier).

Al abordar temas como equidad, participación, empleo y calidad de vida, la planeación cultural versa sobre la naturaleza y el significado de la cultura cívica, además de redefinir el universo urbano.

La reducción presupuestal inhibe el desarrollo de políticas integradoras, que son las que fortalecen la calidad de vida de las comunidades urbanas. Éstas utilizan como vértice a las autoridades locales a fin de estimularlas para que elaboren estrategias que tengan como propósito la integración de todos los servicios culturales.

Entre los beneficios de la planeación cultural destaca la concentración de esfuerzos para percibir las necesidades, reclamos y aspiraciones de la comunidad en la materia, así que la consulta y la participación comunitarias en este ámbito son fundamentales. La inclusión social debe ser entendida como un incentivo en la producción cultural y como un vehículo hacia el rescate de la dignidad cívica, hacia el fortalecimiento del sentido de identidad local y de pertenencia.

La planeación cultural debe orientarse a la creación de una base de habilidades sustentables y procurar que la innovación cultural sea capaz de recompensar a todos. Este enfoque parte de la premisa de que nuestra multiculturalidad no significa un obstáculo para las políticas diseñadas por la alta burocracia desde la cúspide, sino un activo para el desarrollo de las comunidades.

Hoy se hace necesario –es un imperativo social– el fomento de estudios sistemáticos en torno al impacto de las iniciativas culturales en las concentraciones urbanas para poder constatar cuáles son sus límites, en qué forma abordan los cambios en nuestras ciudades –heterogéneas todas, distintas unas de otras– o bien los nuevos movimientos culturales que con frecuencia tratan de reivindicar orígenes y lealtades.

El país debe crear nuevas estructuras culturales, más integradoras y comprensivas, que puedan ser operadas por las autoridades locales y proveer de un sistema eficiente de monitoreo en lo que atañe a su actuación; incluyentes y creativas, requieren del concurso de diversas disciplinas en el proceso de comprensión de las funciones locales.

El desarrollo de nuevas estructuras culturales conlleva una redefinición de políticas organizacionales y de sus objetivos. Se necesita, pues, una nueva concepción de librerías, de bibliotecas y de museos, entre otras instancias, que permita a las instituciones tradicionales descubrir funciones novedosas que coadyuven a incentivar la eficiencia en la realización de sus tareas.

Cultura e instituciones culturales deben ser conceptualizadas sobre la base del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales y proveerlas de los recursos para el desarrollo de sus habilidades, de su autoestima y de su capacidad organizativa.

Hoy en día, la sociedad exige que se evalúe el impacto social que supondría el mejoramiento de la calidad de vida mediante actividades culturales integradoras cuyo eje sea la propia comunidad. El debate se centra en la forma en que esas actividades pueden generar una equitativa participación y una noción expansiva de la ciudadanía urbana, lo que exige desde luego una base conceptual e investigación primaria.

En la actualidad, para dar respuesta al empoderamiento comunitario emergen dos aspectos relevantes en la planeación cultural: el mapeo cultural y la participación comunitaria. Dos de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo, Alain Touraine y Anthony Giddens, han sostenido que la época actual transita entre dos extremos: la concepción liberal del universalismo y la lógica comunitaria. El primero asegura el respeto y la tolerancia, pero se encuentra desvinculado de las relaciones sociales y no provee de ningún principio para la integración social y la comunicación intercultural. El segundo privilegia la homogeneidad por encima de la diversidad, sobre una base confusa de tolerancia.

Lo cierto es que cada actor social, sea colectivo o individual, tiene el derecho a que se le considere capaz de ser integrado al mundo tecnológico y, simultáneamente, se le confiera un reconocimiento social y un respeto a la reinterpretación de su identidad. La negación de los recursos presupuestales cancela estas posibilidades a nuestra sociedad. El debate es por lo tanto mucho más profundo que una simple discusión presupuestal: se debate la viabilidad del modelo de cultura ordenado por la Constitución.

 

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas.

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