CDHDF: autonomía “en riesgo”

Perla Gómez, una de las especialistas en transparencia más reputadas del país, fue elegida titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sin embargo el desgaste del proceso previo, la negociación gracias a la cual llegó y el primer nombramiento que hizo despertaron suspicacias entre los otros candidatos y grupos políticos, que temen por la autonomía del organismo. La nueva defensora revira: cada decisión podrá escrutarse.

 

Luego del fallido proceso de ratificación de Luis González Placencia para un segundo periodo al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ese organismo autónomo –considerado uno de los más avanzados en el país– corre el riesgo de desdibujarse por la intromisión del gobierno de Miguel Ángel Mancera en el proceso de elección de la nueva titular, Perla Gómez Gallardo.

Electa por 57 de los 66 diputados de la Asamblea Legislativa el martes 5, Gómez se vio obligada a cumplir, en su primer día, con un acuerdo político entre el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados Covarrubias, y el secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano: nombrar como tercer visitador al compadre del encargado de la política interna capitalina, Sergio Jesús González Muñoz.

El mismo martes 5, tras recorrer las instalaciones de la CDHDF, Gómez Gallardo dio posesión a González Muñoz, porque la tercera visitaduría –que dejara José Antonio Guevara para competir por la presidencia del organismo– “estaba acéfala”, sostuvo en entrevista Gómez Gallardo el jueves 7.

González Muñoz y Héctor Serrano, amigos desde hace casi 20 años, sellaron su compadrazgo el 3 de agosto pasado. Ese día Serrano se convirtió en padrino de primera comunión de dos hijos que el ahora tercer visitador tiene con Adriana América Ramírez Anguiano.

Fuentes consultadas por Proceso confirmaron que González Muñoz fue el primer nombre propuesto por Héctor Serrano cuando no se lograron los amarres en la ALDF para reelegir a González Placencia. Así las cosas, el ómbudsman renunció el 31 de septiembre, para no enfrentar una votación desafortunada en la ALDF.

Granados Covarrubias, confrontado con el secretario de Gobierno, detuvo el proceso de elección del titular de la CDHDF. Una vez que surgió el nombre de Perla Gómez Gallardo –propuesta principalmente por la Fundación Manuel Buendía, dos semanas antes de concluir el proceso– todo se definió.

Granados conocía a Gómez, doctora en derecho, porque fue su maestra cinco años antes, en el posgrado de la UNAM. La impulsó convencido de que generaba consenso con los otros grupos parlamentarios, sobre todo el PAN, que en el proceso de ratificación de González Placencia fue rotundo al negarle su apoyo.

 

Objeciones

 

La fracción comandada por el panista Federico Döring reprochaba a González Placencia su posición frente a las movilizaciones de la Ciudad de México ocurridas desde el 1 de diciembre de 2012. Lo acusaba de haber influido en el cambio del tipo penal a favor de los manifestantes detenidos, lo que a la postre redundó en sus liberaciones.

También le imputaba el asunto judicial que implicó a Genaro Góngora Pimentel, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la madre de dos de sus hijos, Ana María Orozco, quien denunció que la CDHDF la había maltratado. Se quejó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ello derivó en una recomendación del organismo nacional a González Placencia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Édgar Elías Azar, en agosto pasado.

Granados y Serrano operaron entre los grupos parlamentarios para apuntalar a Gómez Gallardo, mientras los 28 aspirantes que se inscribieron presentaban sus propuestas ante los asambleístas de la Comisión de Derechos Humanos.

En un desayuno el viernes 1, antes de que la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF definiera el método de selección, Serrano se reunió con 22 diputados afines a Miguel Ángel Mancera y dejó en claro: “A la señorita (Perla Gómez) yo no la conozco, pero es propuesta de Manuel (Granados) y hay que apoyarla”.

Granados se reuniría después con 12 diputados de Izquierda Democrática Nacional (IDN, el grupo de René Bejarano), a quienes anunciaría que Gómez era la candidata que contaba con el respaldo del gobierno de Mancera y las demás fuerzas en la ALDF, y que sólo faltaban los bejaranistas.

Lo que siguió fue trámite. Entre el sábado 2 y el lunes 4, Granados encomendó al diputado Efraín Morales “recordar el sentido del voto” a los legisladores; el martes 5, con 57 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, Gómez Gallardo fue nombrada presidenta de la CDHDF.

Lo que Serrano y Granados no dijeron a los diputados es que la condición para que transitara la candidatura de Gómez Gallardo era que ella debía integrar al organismo al gran amigo del secretario de Gobierno.

Ya a principios de enero, Serrano había intentado colar a González Muñoz en la CDHDF. Pidió para él un espacio a González Placencia, quien no le dio entrada, en buena parte porque la esposa de González Muñoz, Adriana América Ramírez Anguiano, laboró en el organismo como jefa del Departamento de Vinculación Internacional y Relaciones Institucionales.

Abogado especializado en temas electorales, González Muñoz buscó llegar a la CDHDF tras fracasar como secretario ejecutivo del Instituto Electoral del DF (2008-2010), cargo al que llegó recomendado por el entonces secretario de Gobierno, José Ángel Ávila.

Después fue vetado por el propio Mancera para ser consejero electoral local en diciembre de 2012, y posteriormente rechazado por representantes de partidos políticos en el mismo órgano cuando aspiraba a regresar a la Secretaría Ejecutiva, en mayo pasado.

Sobre el personaje, Gómez responde en entrevista que para ocupar la tercera visitaduría que dejó José Antonio Guevara “se buscó un perfil que tuviera la trayectoria por el tema que se está manejando en esa visitaduría”.

–¿Cuál sería el perfil de Sergio González?

–Ha estado trabajando mucho en el tema de derechos humanos. Me interesa que en la página se agregue el perfil de quien se va integrando, sus currícula, para que se pueda constatar qué trayectoria han tenido y si hay una congruencia entre el tema que trata y el que está atendiendo.

La tercera visitaduría de la CDHDF atiende los casos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la ciudad, en tanto que Sergio González Muñoz es un académico de la Facultad de Derecho de la UNAM especializado en temas electorales; recientemente ha realizado giras por varias universidades para dar conferencias sobre el proyecto del Instituto Nacional de Elecciones.

Columnista del diario La Crónica de Hoy, escribe también en varias páginas y blogs de internet con análisis políticos. En la colaboración de mayo de 2012 en la página desmesura.org se lee: “Desde el 1 de septiembre de 2011 es coordinador de asesores del consejero presidente del IFE”, es decir, de Leonardo Valdés Zurita.

En tanto, con una amplia trayectoria como académica en la UNAM y en la UAM, así como en el litigio de la defensa de la libertad de expresión, Gómez asegura que decidió competir por la presidencia de la CDHDF cuando ella y la Fundación Manuel Buendía vieron que “había viabilidad” de alcanzar el cargo.

Ello lo advirtió, asegura, cuando organizaciones de la sociedad civil la seleccionaron junto con otros siete personajes como candidatos que contaban con el perfil adecuado para presidir la CDHDF.

Quienes le han ayudado en el proceso de vinculación con las organizaciones, reconoce, son los abogados David Peña Rodríguez y Karla Michel Salas Ramírez, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que llevaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de los feminicidios del Campo Algodonero, Ciudad Juárez.

Peña Rodríguez fue asesor de la diputada Aleida Alavez, de IDN, y junto a Salas Ramírez colaboró con el gobierno de Guerrero para que se concretaran las reparaciones de daño a las víctimas de la represión estudiantil en la normal de Ayotzinapa, Chilpancingo, el 12 de diciembre de 2011. Esa represión fue motivo de una recomendación de la CNDH.

Según Gómez Gallardo (quien ha litigado a favor de columnistas como Miguel Ángel Granados Chapa, Eduardo Huchim, Froylán López, Lorenzo Meyer, Alfredo Rivera y al exrector Jorge Carpizo), el siguiente paso fue presentarse ante las diversas fuerzas políticas de la ciudad representadas en la Asamblea.

El mismo día en que Serrano se reunía con legisladores afines al gobierno de Mancera, el viernes 1, mensajes que alertaban de la llegada de Perla Gómez empezaron a difundirse en internet a través de correos electrónicos anónimos.

Manuel Fuentes Muñoz, consejero de la CDHDF, y Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia –ambos formaban parte de la lista de los ocho aspirantes aceptados por la sociedad civil–, se manifestaron contra Gómez, a quien llamaron “candidata manipulable” y “candidata oficial” en comunicados por separado.

Los defensores alertaban sobre el riesgo de que el organismo público perdiera autonomía ante la “intervención del Gobierno del Distrito Federal” –señaló Fuentes Muñiz–. Ello convertiría a la institución, dijo, en un organismo que “defienda los intereses del gobierno en turno a costa de la pérdida de la autonomía que esa instancia había alcanzado y de su compromiso con la protección de los derechos humanos de la ciudad”.

Ante los señalamientos, Gómez sostiene que entre los ocho seleccionados por la sociedad civil “hubo un acuerdo de civilidad y de respeto a la pluralidad”, Admite, sin embargo, que los dos aspirantes “están en su libertad de expresión”.

De entre los señalamientos que se hicieron en su contra, destaca que prefiere no caer “en ese jueguito”, pero reconoce que en efecto fue profesora de Manuel Granados, aunque no asesora de tesis de doctorado, como se difundió.

“Yo como maestra de posgrado doy clase a jueces, magistrados y demás; hace más de cinco años le di clases a personas, incluyendo al propio Manuel Granados… Si quieren que no sea compatible una postulación cuando uno dio clases a legisladores, que lo pongan en la ley; además yo le di clase cuando ni siquiera era diputado”, dice en tono recio.

–¿Qué garantías da de que su trabajo no responderá a condicionamientos políticos?

–El escrutinio, inmediatamente que estén ahí muy atentos; y la otra, los resultados. Este tipo de responsabilidades no es menor. En este tipo de órganos de Estado lo más importante es la pluralidad, la apertura; si ya le empiezas a poner de un color, la que pierde es la institución, no yo.

“Me queda claro que de lo que yo haga me pueden descalificar y demás. Pero me queda más claro que al hacer omisiones y tener cierto tipo de trabajo debilito la institución, lo que está en juego es la institución”, puntualiza.

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