Ordenan reparar daño a otomíes acusadas de plagiar a federales

MÉXICO, D.F. (apro).- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar los daños causados a las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González, quienes estuvieron en prisión más de tres años acusadas de secuestrar a agentes federales en Querétaro.

Además, los magistrados del TFJFA decidieron atraer el caso de Jacinta Francisco Marcial, otra indígena que, junto con Alberta y Teresa, fue acusada de los mismos cargos y, como ellas, puesta en libertad por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para las organizaciones defensoras de las mujeres indígenas, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Amnistía Internacional (AI), la resolución de los magistrados “genera precedentes en materia de reparación del daño a víctimas de violaciones a derechos humanos”.

En un comunicado conjunto, ambas ONG celebraron la decisión de los magistrados.

“Pese a que se trata de un tribunal administrativo y fiscal que no tiene la vocación original de hacer tal tarea, el fallo es sumamente relevante, pues genera precedentes en materia de reparación del daño a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.

La víspera, representantes de AI y Centro Prodh destacaron en conferencia de prensa que ante la falta de mecanismos claros para hacer efectiva la reparación de daño de víctimas de abusos cometidos por servidores públicos, recurrieron a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

El fallo del TFJFA, consideraron las ONG, confirma que la legislación a la que se apegaron los representantes legales de las indígenas “posee un mecanismo para que las personas que son fabricadas culpables, debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica por las afectaciones que les genera dicha acción por parte del Estado”.

Las organizaciones reconocieron que los mecanismos a los que recurrieron en busca de la reparación del daño de las mujeres se quedan cortos con los lineamientos internacionales sobre reparación integral, que implican “no sólo el pago de una indemnización monetaria sino de medidas que van más allá y que ordenan a las autoridades del Estado ofrecer una disculpa pública; garantizar mediante medidas provenientes desde la propia autoridad para que violaciones de la misma naturaleza no se repitan, e investigar y sancionar a las personas responsables de cometer tales violaciones”.

No obstante, valoraron que luego de siete años en busca de justicia, el esfuerzo de los magistrados “marca un hito en torno al papel que deben tener las instancias judiciales para garantizar a las víctimas el derecho a una indemnización por la actividad irregular del Estado”, aunque admitieron que “para una reparación integral del daño el Estado debe establecer un mecanismo adecuado”.

Luego de señalar que el TFJFA atrajo el juicio de reparación del daño de Jacinta Francisco Marcial, la organizaciones resaltaron que cada uno de los procesos “se iniciaron de manera autónoma ante la PGR y posteriormente ante el mencionado tribunal, debido a que aun cuando la falsa imputación empleada contra Jacinta, Alberta y Teresa fue ventilada en la misma averiguación previa, el daño que sufrieron fue diferenciado”.

Jacinta Francisco Manuel fue puesta en libertad el 16 de septiembre de 2009, mientras que Alberta y Teresa dejaron el penal femenil de San José El Alto, en Querétaro, el 28 de abril de 2010.

Todas ellas fueron encarceladas en 2006 y sentenciadas a 21 años de prisión y a pagar casi 100 mil pesos de fianza, al ser acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

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