Para Miguel Ángel Granados Chapa, en recuerdo y honor a su convicción democrática.   La reforma política aprobada esta semana por el Congreso da la puntilla a un organismo electoral agónico cuyo destino se debatía entre la esperanza de una transformación radical que recuperase su espíritu ciudadano o la deformación constitucional en su diseño orgánico y operativo. Transgresores de sus propias normas, los legisladores optaron por un futuro incierto en donde, hasta ahora, la única garantía que se vislumbra es la repartición de un poder electoral, alguna vez autónomo. La autonomía del organismo, sin embargo, no es machacada por los partidos en el Congreso con la inducción estratégica y cómplice del gobierno. Ya estaba maltrecha desde hace rato por el comportamiento del máximo órgano de decisión del instituto, también alejado en cuestiones importantes para el sistema electoral y de partidos. Situación que, por desgracia, lleva más de un lustro en caída constante (a veces vertical, y otras en forma gradual). La conclusión es harto simple. De una conducción manipulada y oficiosa de las elecciones (para atestiguarlo ahí hay más de un legislador opositor que estaba de ese lado de la mesa), ahora tendremos con más nitidez lo que se ha venido construyendo en los últimos años: los partidos y el gobierno fincan su legitimidad electoral… con la ausencia ciudadana. La primavera democrática que representó el IFE se murió hace tiempo y muchos (incluidos los consejeros actuales) apenas se están dando cuenta. Con cuatro u ocho consejeros electorales, se dijo no hace mucho, el IFE trabaja normalmente. Ahora lo hará con 11 y otro nombre con la simple intención de tener más espacios partidistas que repartir para lograr “equilibrios y consensos”. En realidad, se ha probado que da igual si hay uno o los nueve consejeros reglamentarios en el IFE a quienes ahora les toca sepultar a los residuos de su consejo agónico. Hay responsabilidad de más de un lado. No basta con señalar culpas y costos de actores políticos que determinan de un modo cupular, y hasta corporativo, el destino de una institución que nació como parte del reclamo democrático de la sociedad. En sus orígenes era tan clara esta vinculación social, que los consejeros tenían el apellido “ciudadano” en su denominación… y no era poca cosa. Un hecho preocupante de la crisis institucional y política en el ámbito electoral de nuestro país es la pérdida gradual del aprecio social y confianza en el IFE. Ahí están las cifras apabullantes de Latinobarómetro 2013, que ponen un claroscuro en el papel de los órganos electorales mexicanos, no sólo el instituto, cuyas tasas positivas han caído pese a lo que se indique en forma sesgada. El valor funcional que se destaca es que, de no ser por el desempeño de un núcleo importante de funcionarios, empleados y trabajadores que han aprendido y demostrado cierta eficiencia (el personal de carrera ahora es de 16% respecto del total), el IFE no destacaría como un buen organizador técnico de elecciones. Así se reconoce aun fuera de nuestro país, pese a decisiones estratégicas cuestionables a cargo del Consejo General en los últimos años. ¿Cómo se explica esta paradoja? ¿Cómo explicar, en parte, el golpe de mano que le han dado, otra vez, desde el Congreso al instituto? Algunas explicaciones se encuentran, antes que nada, en tres aspectos primordiales que se mostraron en los años recientes a través de consejos sucesivos: imparcialidad cuestionada; aplicación u omisión discrecional de la normatividad electoral; y opacidad en el comportamiento institucional. Fragmento del análisis que se publica en la edición 1936 de la revista Proceso, actualmente en circulación.