CHILPANCINGO, Gro., (proceso.com.mx).- El gobierno presidido por Ángel Aguirre Rivero justificó la entrega de recursos públicos y equipamiento a la policía comunitaria adherida al sistema denominado Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), argumentando que su operación es legal. No obstante, rechazó financiar al resto de los grupos de autodefensa que han surgido en la entidad ante la incapacidad de las autoridades para revertir los efectos de la narcoviolencia. Lo anterior, a pesar de que el mandatario ha participado en diferentes actos públicos entregando dinero, equipo de radiocomunicación, uniformes y vehículos a la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), que dirige el activista indígena y fundador de la CRAC, Bruno Plácido Valerio. Con este argumento respondió el gobierno de Guerrero al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Medina, quien ayer afirmó que Aguirre Rivero ha actuado “contra la Constitución”, al delegar sus funciones de seguridad a ciudadanos legítimamente indignados, incluso otorgándoles armas de uso exclusivo del Ejército, uniformes y vehículos. Durante la presentación del Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero, el ombudsman aseguró que en la entidad sureña operan en 46 municipios las policías comunitarias. Estos grupos de autodefensa surgieron ante el hartazgo de la ciudadanía frente a la impunidad, injusticia y los nexos de autoridades de los tres niveles con la delincuencia. Por ello, la CNDH anunció el inicio de una investigación por “violaciones graves y sistemáticas en Guerrero por omisiones” en materia de seguridad pública. Incluso, advirtió, que “los poderes federales deben intervenir” para determinar si las autoridades guerrerenses “no están en condición de asumir el papel que les corresponde, con el objetivo de saber claramente quién va a asumir la responsabilidad y que no quede en una suerte de responsabilidades sin que nadie se haga responsable”. También, Plascencia dijo que el gobierno de Aguirre ha utilizado dos caras en el tema de las autodefensas en Guerrero porque por un lado, se subsidia a estos grupos armados y al mismo tiempo encarcela a sus integrantes. Al respecto, el gobierno de Aguirre evadió los puntos centrales del informe de la CNDH, como la narcoviolencia que no cesa; los presuntos vínculos de autoridades con la delincuencia y se enfocó a justificar el subsidio a uno de los grupos de ciudadanos armados que operan en la entidad. Mediante un boletín, se indica que el financiamiento estatal a la CRAC, que durante este año ha recibido 6.16 millones de pesos del erario, se debe a que esta organización armada lleva 18 años operando en las regiones Montaña y Costa Chica , “como auxiliar en materia de seguridad pública en sus comunidades”. Luego, justifica que la policía comunitaria de la CRAC está reconocida por la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas del estado. El gobierno de Aguirre afirma que el subsidio y equipo entregado a la CRAC,es por que esta policía comunitaria “trabaja en la legalidad”. Y rechaza el financiamiento que ha entregado a otros grupos de autodefensa, calificados por el gobierno de Aguirre como ilegales porque “no tienen un marco jurídico que los regule”.