MEXICO, DF (apro).- Terminó la odisea. Los 30 activistas de Greenpeace detenidos en Rusia podrán abandonar el país después de que el Parlamento ruso aprobó, el miércoles 18, una enmienda que extiende el decreto de amnistía para acusados de vandalismo, con motivo del 20 aniversario de la Constitución. El presidente ruso Vladimir Putin dijo, en una conferencia de prensa ese mismo día, que el encarcelamiento de los activistas debería servir como una lección, y llamó al grupo ambientalista a colaborar con el gobierno, en lugar de realizar acciones ejemplares. "No deberían sólo levantar un clamor, sino minimizar los riesgos ecológicos", dijo, agregando que su gobierno está dispuesto a "unir esfuerzos, incluso con Greenpeace". Hernán Pérez Orsi, uno de los dos argentinos detenidos desde el 19 de septiembre, habló con Apro desde San Petersburgo, donde se prepara para volver a casa con su esposa Margarita y su hija Julia, de un año de edad. Hernán cuenta que lloró de emoción el 19 de noviembre, cuando le anunciaron que, después de dos meses, iba a salir en libertad y podría encontrarse otra vez con su familia, luego de cinco meses de ausencia. Pérez Orsi recuerda ese 19 de septiembre, un día después de que los miembros de Greenpeace intentaron abordar la plataforma petrolera Prirazlomnaya en el Mar de Pechora, para protestar contra la perforación petrolera en el Ártico. Cuando las fuerzas especiales desembarcaron en el Arctic Sunrise, Hernán, segundo oficial de cubierta y encargado del departamento de navegación, tenía la cabeza en Buenos Aires. “Estaba hablando con mi mujer por Skype, porque era el primer cumpleaños de mi hija Julia, Margarita cocinaba una torta, y yo iba a participar de la fiestita desde el Ártico por Internet. De pronto escuché un helicóptero, salí a cubierta, vi gente con la cara tapada, vestida para combate, sin ninguna identificación ni bandera, con ametralladoras. Nos llevaron a un comedor del barco, nos encerraron, nos quitaron los teléfonos y las computadoras sin darnos ninguna explicación, y después de cuatro o cinco horas, el capitán nos informó que nos llevaban para Murmansk”. “Fue un momento muy feo –recuerda--, porque yo soy hipoacúsico y me quitaron los audífonos, estuve sin escuchar nada, hasta que conseguí que me entendieran que los necesitaba para oír. Cuando regresé a mi camarote, me di cuenta que faltaba todo, las laptops y la cámara fotográfica. A los cinco días nos llevaron a remolque hasta Murmansk”.   Caso político   Hernán pensó, en un primer momento, que la cosa no iba a ser grave. Ese día recibieron la visita del cónsul argentino, Jorge Zobenica, a quien las autoridades rusas le explicaron que era un trámite administrativo y que los iban a liberar, pero no fue así. Los llevaron a un comité de investigaciones, donde un traductor que no traducía, le mostró a Hernán en una tablet, una pantalla en la que decía: “Usted está acusado de piratería”. “Me pareció absurdo, y pensé que apenas un juez viera la historia, nos iban a liberar. De allí nos llevaron a una prisión militar en la base naval más importante de Murmansk. Estábamos seis compañeros en una celda de 3 por 3 sin ventanas. En la primera audiencia, nos acusaron de piratería y empezaron diciendo que ‘simulábamos ser ecologistas’, algo ridículo, cuando Peter Wilcox, el capitán del Arctic Sunrise, era el mismo del Rainbow Warrior, el buque de Greenpeace que fue bombardeado por el gobierno francés en 1985”. En la Corte de Murmansk les dieron dos meses de prisión preventiva. A Hernán lo llevaron a la cárcel de presos que esperan juicio, donde pasó cerca de 50 días. Ahora recuerda que fue muy duro, lejos de la familia, en un país extraño, donde no entendía el idioma, separado de sus compañeros, donde para llamar a su casa tenía que enviar una solicitud por escrito, y si quería enviar una carta, estaba sujeto a censura, de manera que tenía que esperar a que la tradujeran, la leyeran, y después la autorizaran. Al mes de estar detenidos, la justicia revisó y negó la apelación, a pesar de que la República Argentina, a través de su cónsul, garantizaba la comparecencia ante la justicia rusa, y a pesar de haber ofrecido una sólida fianza. El 11 de noviembre fueron trasladados a San Petersburgo, en un tren especial, y los distribuyeron en diferentes cárceles. Hernán estaba con ocho compañeros, y las condiciones eran mejores, a pesar de la misma política de incomunicación. “En todo este tiempo puede habar a mi casa tres veces, y tenía noticias de mi hija y de mi mujer sólo a través del cónsul, que no nos dejó solos ni un minuto”, cuenta. En la prisión se hizo amigo de sus compañeros de celda, con quienes se llevaba muy bien, porque lo trataban como a uno más y compartían lo poco que tenían con él. “Yo llegué con lo puesto, porque cuando nos trasladaron, nos dijeron que era un trámite administrativo. Allí en la cárcel los demás prisioneros me prestaron ropa, me dieron de comer, se portaron muy bien. Traté de devolverles lo más que podía cuando empecé a recibir los envíos de Greenpeace. Al estar bajo un régimen tan duro, uno se hermana mucho en esa miseria, trata de compartir todo, de apoyarse mutuamente.” Hernán destaca que, a pesar de las diferencias culturales, siempre se pudo entender con sus compañeros de celda rusos. “Uno de ellos no entendía por qué, cada vez que volvía de una audiencia, yo lo abrazaba. Los latinos somos mucho de pegar una palmadita en el hombro, somos más físicos, ellos no. Pero al final, cuando yo volvía de una audiencia, él también me abrazaba a mí.” El 19 de noviembre, la justicia rusa les concedió la libertad bajo fianza y, al día siguiente, Hernán salió de la prisión para encontrarse con su familia. “Este es un caso político, es una voluntad de someter la protesta, no sólo por el cambio climático, sino por la protesta en general. Nosotros no defendemos banderas políticas, sino lo que creemos que es justo: la protección del medio ambiente y evitar el cambio climático”, agrega. “Quiero agradecer a toda la gente que está leyendo esta nota, a los que se solidarizaron de alguna manera, porque no nos va a alcanzar la vida para devolver todo ese cariño que nos mantuvo fuertes y con el espíritu en alto”, dice, para despedirse. En Argentina, Mauro Fernández, vocero de Greenpeace, explicó a Apro que los activistas fueron excarcelados tras una fianza de 61 mil dólares que solventó la organización. El 22 de noviembre, el Tribunal Internacional para la Ley del Mar que funciona en Hamburgo, Alemania, respondió favorablemente al pedido de Holanda, país de bandera del Arctic Sunrise, y exigió la liberación provisional del barco y de su tripulación, pero el gobierno ruso anunció que ese tribunal no tiene jurisdicción sobre su investigación. Fernández recuerda que este ha sido el incidente más grave sufrido por Greenpeace desde el hundimiento del Rainbow Warrior por parte de las fuerzas francesas en el atolón de Muraloa en 1985.   La posición rusa   El conflicto de Greenpeace ha planteado un dilema entre las normas de los Estados y los que esgrimen un derecho por encima de éstos para proteger causas de interés común. En el caso del Arctic Sunrise, el analista ruso Fiodor Lukianov, director del periódico Rusia en la política global, y presidente del Consejo de Política Internacional y de Defensa de Rusia, escribió en Rusia Hoy que “el rompehielos de bandera holandesa ‘ha encallado’ en una de las cuestiones más espinosas del mundo contemporáneo: las relaciones entre el Estado como organismo básico del sistema internacional, frente la sociedad civil global, esa fuerza que pone en duda el papel y los derechos del Estado como tal”. Para el analista, la respuesta del Kremlin es “una afirmación del principio cuya inmutabilidad Rusia considera la clave de la estabilidad internacional: la soberanía del Estado no se toca. En caso contrario, en vez de normas y reglas surge el caos, y todo el sistema mundial se vuelve peligrosamente ingobernable”. Este principio choca con el esgrimido por los ecologistas, para quienes, según el analista, “el bien público y la responsabilidad compartida no pueden someterse a las fronteras ni a las jurisdicciones nacionales”. “Greenpeace se rige por un enfoque que en la esfera política ha recibido el nombre de ‘responsabilidad de proteger’ y que subyace en las discrepancias sobre Siria, por ejemplo. Si un gobierno no garantiza la defensa y el bienestar a los ciudadanos, las fuerzas externas y la comunidad internacional tienen derecho a intervenir para obligar a un Estado concreto a cumplir con sus obligaciones”. Por lo visto, el gobierno de Putin buscó dar un buen escarmiento a los activistas, con el fin de transmitir un mensaje: la soberanía rusa no se toca.