MÉXICO, D.F. (Proceso).- Tras su recuperación el pasado miércoles 11, el equipo médico contaminado con cobalto 60 que había sido robado en la localidad de Tepojaco, en Tizayuca, Hidalgo, fue depositado en un cementerio nuclear del Estado de México. La empresa Asesores en Radiaciones transportó el material radiológico a Santa María Maquixco, localidad ubicada en Temascalapa, una zona náhuatl donde se encuentra el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (Cader), que desde hace 40 años alberga residuos tóxicos. En el traslado de dicho material, el grupo Asesores en Radiaciones apoyó a los funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y de la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), esta última dirigida por el físico Carlos Rodríguez Islas. Juan Antonio Medina Austria, integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entregó una carta a Fernando Salazar Macías, cuarto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la cual le informó que el material contaminado que se localizó días antes en Hueypoxtla, Zumpango, Estado de México, fue depositado en el Cader. “La máquina antes mencionada se utilizaba para el tratamiento de cáncer y existe un total desconocimiento por parte de las autoridades responsables del peligro que representa”, decía la misiva. Y añadía: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sabe perfectamente del peligro que representa esta fuente radiactiva, de las muertes y malformaciones que se han dado durante décadas en 34 municipios del Edomex y 13 de Hidalgo. Conocen del cáncer y leucemia de nuestros niños y de muchas enfermedades de la región”. Asimismo, los promotores del escrito pidieron a las autoridades estatales solventar los gastos médicos para atender a las personas afectadas por el cobalto 60, un isótopo radioactivo sintético. Medina Austria criticó también al organismo por su negligencia, toda vez que, dice, tiene quejas acumuladas sobre despojos, encarcelamiento y represión de los campesinos que se oponen a vender su tierra desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, pero no las atiende. Propuso inclusive rechazar que el material radiactivo fuera depositado en el Cader “en tanto no se realicen los estudios pendientes desde 1998 de tierra, agua y aire para conocer el grado de contaminación en la región”; también exigió conocer el informe de impacto ambiental de la Secretaría de Energía. El activista aludió a la existencia de una recomendación de la Cámara de Diputados para que se rehabilite el Cader, la cual, dijo, debe acatarse; pero sobre todo, indicó, debe negarse la autorización para que se construyan más viviendas en los municipios aledaños mientras ese centro de confinamiento se encuentre en operación. Casos de cáncer y malformaciones Temascalapa –que significa “en el agua de los temascales”– tiene 705 habitantes: 340 hombres y 365 mujeres, y en su entorno hay aún “templos de vapor” similares a los de las culturas mesoamericanas. Al menos 15 ejidatarios denuncian las enfermedades que padece la población debido a la cercanía del “cementerio nuclear”. El jueves 19, Medina Austria, en nombre de pobladores de la región, interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “por la violación a los derechos humanos de los habitantes de 34 municipios del Estado de México y 13 de Hidalgo por parte (del gobierno) de los Estados Unidos Mexicanos”. Dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, la queja incluye reportes de personas muertas por cáncer, así como casos de niños que nacieron con malformaciones. Un mes antes, el 20 de noviembre, el activista y agraviado presentó una demanda ante el Tribunal Agrario contra el gobierno mexiquense porque el 18 de octubre pasado reprimió y encarceló a los campesinos que exigen el cierre del Cader. Con todo, confía en que a principios de 2014 el Tribunal Agrario número 23, radicado en el municipio de Texcoco, emitirá una sentencia satisfactoria. En su denuncia de noviembre, Medina Austria relata que en 1994 el señor Cándido Domínguez lo invitó a una reunión en San Juan Bautista Teacalco, localidad ubicada en el kilómetro 18.5 de la carretera Tizayuca-Otumba, donde se halla el confinamiento de desechos radiactivos. Las instalaciones del Cader ocupan 16.4 hectáreas y están protegidas por una barda de lámina de dos metros y medio aproximadamente. En su fachada se observa el logotipo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). En los años setenta, la Comisión Nacional de Energía Nuclear compró la parte principal del predio –14.7 hectáreas–, según consta en la escritura 297, volumen II, del 18 de junio de 1970, expedida en la Notaría 1 de Otumba, Estado de México. En 1993 el ININ adquirió un terreno adicional de 1.7 hectáreas, de acuerdo con la escritura 13435, volumen 270, del 22 de septiembre de 1993 de la misma notaría. “Cuando compraron las tierras, estábamos recontentos –expone Medina Austria en su denuncia–. Nos dijeron que iban a construir una fábrica y que nos darían muchos trabajos a los que vivimos en Teacalco y Maquixco. Todo fue mentira. ¡Nos engañaron! Al principio pusieron un letrero de lámina con una calavera dibujada con dos huesos cruzados y unas letras con rojo que decían: ‘Peligro’. Luego lo cambiaron.” Poco antes de que presentaran la querella ante el Tribunal Agrario, los habitantes de Temascalapa bloquearon durante 30 días la carretera para impedir que se depositaran 96 toneladas de varilla contaminada con cobalto 60. Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional los reprimieron, según el relato de Cándido Domínguez incluido en la denuncia: “Aquí mero fue que los soldados nos apuntaron con sus máuseres. Otros nomás nos gritaban: ‘¡Arrodíllate, pinche revoltoso!’; ‘¡No te muevas, pendejo!’. Yo pensé que nos mataban.” El Cader funciona desde 1970. Se ubica en la zona nororiente del Estado de México, a menos de 75 kilómetros del Distrito Federal. Algunos pobladores cuentan que entonces le compraron unos tambos al Centro para almacenar agua, pero se los pidieron después porque, les dijeron, el Cader los iba a utilizar para transportar desechos radiactivos. “Esto fue antes de la llegada de la varilla y antes de que se inaugurara el pozo de agua potable en el pueblo, el 11 de junio de 1999. Hasta vinieron el gobernador –César Camacho Quiroz– y el entonces presidente municipal, Lázaro Juárez Austria. Se llevaron los tambos, los del cementerio, y ni siquiera nos regresaron el dinero que pagamos por ellos”, explicó Domínguez. Añadió que, después, como si fueran “conejillos de indias”, los sometieron a análisis para conocer su estado de salud. El dictamen fue: “sin contaminación”. Posteriormente, los campesinos se opusieron a que llegaran al cementerio 96 toneladas de varilla contaminada con cobalto 60 que el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, Chihuahua, había desechado de un equipo usado de radioterapia comprado a la empresa X-Ray Equipament Co. “En aquel entonces, la importación de equipos de esa naturaleza requería la autorización del Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN), el cual, por ley, tenía la facultad de autorizar, vigilar y supervisar la posesión y uso de materiales radiactivos. El INEN nunca fue notificado por la empresa Centro Médico de Especialidades, S.A., de la intención de adquirir la mencionada unidad.” Sin embargo, el 6 de diciembre de 1983, Vicente Sotelo Alardín, un trabajador del área de mantenimiento del Centro Médico de Especialidades de Chihuahua, desmanteló el equipo. Los golpes fracturaron la pastilla que contenía el cobalto 60 y liberaron más de 6 mil pequeñas partículas del material contaminante. A Sotelo Alardín le llamó la atención el cabezal, que pesaba 100 kilos, y con ayuda de su amigo Ricardo Hernández lo vendió como chatarra. Y aunque el director de la clínica, Salvador Abelardo Lemus, declaró que el trabajador se llevó el material “sin autorización”, Sotelo insistió en que le habían ordenado limpiar la bodega y disponer de cualquier utensilio de desecho “para venderlo como chatarra”, según la denuncia presentada por Medina Austria. La Fundidora Aceros Chihuahua (ACHISA) compró parte del material contaminado y a partir de éste se fabricaron varillas, que fueron enviadas a siete fundidoras. En tres de ellas –Fundival, de Durango; Alumetales, de Nuevo León, y Duracero, de San Luis Potosí– se detectaron algunas piezas contaminadas con cobalto 60. Entre el 20 y el 26 de marzo de 1984 un helicóptero despegó de Fort Bliss, Estados Unidos, con un equipo especial. Su misión: detectar gránulos de cobalto en Ciudad Juárez. “Veintisiete pedacitos se encontraron” con dicho equipo; “17 en esa ciudad y donde estuvo estacionada la camioneta de Vicente, nueve en la carretera y uno en la mera Ciudad de Chihuahua”, refiere la queja. Al final se detectó que había varillas contaminadas en Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Tamaulipas, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Guanajuato y Aguascalientes. “Vicente Sotelo fue aprehendido siete años después. Se le acusó de robo y de atentar contra la salud pública. En la cárcel lo apodaron El Cobalto. En 1993 recuperó la libertad”, sostiene el documento. Como en Chihuahua el ININ no tenía una planta de tratamiento de desechos radiactivos como se establece en la NOM-022-NUCL-1996, el material fue a parar al Cader del Estado de México en diciembre de 1984. Las varillas contaminadas En 1992, a petición del ININ, la Comisión Federal de Electricidad elaboró el Estudio de caracterización de sitio, cuya finalidad era determinar la factibilidad de depositar los desechos radiactivos en forma definitiva. Según la denuncia, en el documento se señala: “La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas dictaminó que el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos únicamente podrá utilizarse para el almacenamiento temporal de desechos radiactivos debido a que los estudios de caracterización mostraron que el sitio no es idóneo para ser utilizado para el almacenamiento definitivo, así como el desarrollo urbano alcanzaría el sitio en el futuro y al incremento del uso agrícola de la tierra en los alrededores”. En 1998 la Cámara de Diputados ordenó retirar los desechos tóxicos, pero en 1996 se le renovó la licencia al Cader, como consta en el expediente AO0200/1140/96 del 14 de noviembre de ese año, con vigencia para dos años más. “Nadie nos ha dicho por qué se sigue renovando el permiso, si ya dijeron que se lo iban a llevar en siete años; lo dijeron desde 1999”, exponen los pobladores afectados en su queja interpuesta ante el Tribunal Agrario. La varilla que se encuentra en el Cader de Temascalapa es sólo la que se recuperó en el estado de  Hidalgo, de acuerdo con Javier Reyes Luján, gerente de Seguridad Radiológica del Centro, citado en la denuncia: “En Hidalgo se recibieron muchas toneladas de varilla contaminada, entregada originalmente a cinco distribuidoras de Tula. Ese material fue luego comercializado en otras localidades de la región. Son nueve los municipios afectados hasta ahora: Tula, Tepeji, Ixmiquilpan, Zimapán, Tepetitlán, Chapantongo, Alfajayucan, Tlahuelilpan y Atotonilco de Tula.” El Cader se encuentra sobre uno de los siete mantos acuíferos de la cuenca del Valle de México, nombrado Cuautitlán-Pachuca por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De ahí se extrae el líquido para abastecer a 34 municipios mexiquenses y a 13 de Hidalgo. “Lo cierto es que al menos unas 10 mil toneladas de varilla contaminada jamás se recuperaron. Se trata de una cifra que rebate los informes emitidos por la CNSNS en septiembre de 1985”, expone el documento que presentó Medina Austria.