CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El alcalde priista Mario Moreno Arcos se declaró incompetente para intervenir en el caso de los narcotaxis que circulan en esta capital. El funcionario local señaló que mientras el director de Transportes en el estado, Juan Larequi Radilla, no le entregue un informe sobre las unidades de servicio público que tienen permiso para circular, las autoridades municipales no pueden hacer nada para detenerlas. La víspera, policías estatales capturaron a dos sicarios que asesinaron a un hombre afuera del penal capitalino. Ambos pistoleros viajaban en un vehículo tipo Tsuru de transporte público marcado con el número 533, con placas de servicio particular, de los llamados narcotaxis que proliferan en esta ciudad y circulan sin restricción alguna, pese a las constantes denuncias de la ciudadanía por los robos y secuestros que cometen los conductores. Consultado al respecto, Moreno Arcos lamentó que las autoridades estatales no intervengan en el asunto, no obstante que el gobernador Ángel Aguirre, dijo, tiene conocimiento de que en esta capital circulan ilegalmente, desde diciembre de 2012, alrededor de 150 taxis administrados por las bandas delincuenciales que operan de manera impune. Señaló que la semana pasada, en una reunión del Grupo Coordinación Guerrero (GCG) donde se analizó la ola de inseguridad y violencia que prevalece en esta ciudad, miembros del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Chilpancingo –integrado por comerciantes y profesionistas capitalinos– manifestaron su preocupación por el tema de los narcotaxis. Y anunció que ante la incapacidad de las autoridades locales, en breve el gobierno federal instrumentará acciones en este municipio para revertir los efectos de la narcoviolencia. En marzo pasado, Moreno Arcos reconoció que al menos 150 taxis circulaban de manera irregular en la capital, reprochó la indolencia de las autoridades estatales y justificó su propia incompetencia argumentando que no era “Batman, Supermán o el Llanero Solitario” para revertir los efectos de la violencia desatada por bandas del narcotráfico. Desde esa declaración, ninguna autoridad ha intervenido para regular el tema del transporte público en Chilpancingo, actualmente controlado por la delincuencia. En un año los narcotraficantes habilitaron 150 taxis sin permiso oficial, pero también administran otros vehículos del servicio público con números clonados de taxis regulares, y su dominio se extendió a las unidades de servicio urbano, según reportes oficiales. Incluso permisionarios regulares de esta capital, que suman al menos 520, revelaron que en diciembre pasado tuvieron que desembolsar 50 mil pesos al grupo delincuencial que tomó el control del transporte público en la capital por concepto de cuota anual. En tanto, los permisionarios de las más de 500 unidades autorizadas de transporte público son obligados cada día a pagar 20 pesos diarios a la delincuencia. Este hecho y la actitud de las autoridades frente al problema reflejan la indolencia gubernamental ante la ola de inseguridad y violencia que se vive en la entidad.