MÉXICO, D.F. (apro).- El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano (MC), destacó que su partido interpondrá un recurso de inconstitucionalidad para echar abajo la reforma hacendaria aprobada el año pasado por PRI, PRD, PVEM y Nueva Alianza (Panal). Dentro del paquete fiscal se hicieron reformas al Código Fiscal de la Federación, de ahí que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) difundiera los nombres de personas que cuentan con adeudos y en donde se incluyó también a aquellos contribuyentes que no fueron localizados en su domicilio, es decir, como si no pagaran al fisco. Sin embargo, el SAT omitió publicitar los nombres y las cantidades de los grandes empresarios a quienes se les ha condonado, es decir, perdonado el millonario pago de impuestos, entre ellos destaca Televisa, de la que el año pasado se dio a conocer que le fueron dispensados más de 2 mil millones de pesos. En la sesión de la Permanente de este día, Mejía Berdeja, vicecoordinador del MC en la Cámara de Diputados, condenó que los partidos mayoritarios hayan acordado eliminar de la agenda de discusión el tema del “balconeo” que ha realizado el SAT. Incluso reclamó que los grandes temas nacionales, como la situación económica y violencia, hayan sido anulados de la agenda política. El SAT, dijo Mejía desde tribuna y más tarde lo repitió en conferencia de prensa, “está generando una infamia pública sobre empresarios, sobre personalidades sobre las cuales ya las está tachando de evasores sin poder defenderse”. Para el recurso de inconstitucionalidad se requieren cuando menos 166 firmas, de las cuales el PAN pretende aportar las 110 de su bancada; Mejía Berdeja resaltó que en su fracción participarán todos los legisladores y espera que con algunos perredistas logren las necesarias; por lo pronto, ya se tienen recabadas 140 firmas. En el caso del PAN, los puntos centrales para el recurso serán tanto el reclamo por la generalización del IVA en las fronteras a 16%, como la retención del IVA a los maquiladores que importen materia prima. En los cambios que entraron en vigor a partir del 1 de enero se prevé que este IVA se les regresará a los maquiladores una vez que vendan, vía exportación, la materia prima convertida en producto. De manera contradictoria, mientras que en el periodo ordinario de sesiones priista y perredistas aprobaran que se retuviera este impuesto a los maquiladores y se aumentara el IVA en la zona fronteriza, hoy legisladores de estos mismos partidos respaldaron que se analice un punto de acuerdo donde se exhorte al gobierno federal a “tomar diversas medidas para mitigar el impacto económico y social” por estos aumentos. La propuesta de la bancada del PAN –que se opuso a la reforma hacendaria en el pleno de la Cámara de Diputados– se hizo a través del legislador Marcelo de Jesús Torres Cofiñó. El punto de acuerdo fue turnado a la tercera comisión. Por otra parte, el PRD demandó en la Permanente que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, informe al Congreso de la Unión cuánto dejará de percibir el gobierno por la autorización de beneficios fiscales a empresarios que promovió el 26 de diciembre el Ejecutivo federal. La diputada perredista Roxana Luna reclamó que el gobierno haya dado marcha atrás a varios de los impuestos avalados por el Congreso. “Es importante destacar que estas modificaciones se hicieron sin considerar al Congreso, aun cuando éste aprobó las leyes en la reforma hacendaria. Es decir, lo que se analizó, se corrigió y se votó con el esfuerzo de diputados y senadores terminó siendo modificado, sin consensuarlo, tan sólo 15 días después”, reclamó desde tribuna. Es evidente, agregó la legisladora, que una vez aprobada la reforma hacendaria los cabilderos del sector privado siguieron presionando al Ejecutivo y lograron el beneficio para sectores como el transporte de carga y de pasajeros, los de alimentos chatarra, mineras, escuelas particulares y tiendas departamentales. Enseguida, la perredista calificó de “inadmisibles” las concesiones a los empresarios, así como el que el Ejecutivo “no presente ninguna cuantificación del impacto que significa ceder el cobro de recursos que forman parte de la hacienda pública. Es obvio que las modificaciones van a significar menores ingresos, pero a diferencia de cuando se discutió la reforma hacendaria, donde cada uno de los ajustes se proyectó como una meta recaudatoria, ahora resulta que este paquete de concesiones tiene un entorno de opacidad y discrecionalidad. “En el fondo es una vergüenza –sostuvo Roxana Luna– que el gobierno ceda recursos aprobados por los legisladores sin que se sepa cuánto es lo que nos va a costar como país”. La demanda perredista, al igual que la panista, fue enviada a comisiones por no ser considerada de urgente resolución.