BUENOS AIRES, (apro).- Cacerolazos, piquetes, quema de neumáticos, bloqueos de calles, avenidas y autopistas. Así son desde hace tres semanas las protestas por los cortes de luz en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina. En la capital y el conurbano unas 800 mil personas han sufrido cortes. Miles de vecinos permanecen aún sin suministro, en medio de las temperaturas agobiantes, producto del calor que afecta las zonas centro y norte del país desde diciembre. Hay familias que llevan días sin poder cocinar, ni higienizarse ni limpiar sus casas. La atención de las empresas frente a los reclamos es pésima. La incapacidad del poder político para forzar la pronta normalización del servicio ha generado enojo y desesperanza. “Yo estuve dos días sin luz, del 26 al 28 de diciembre”, dice a Apro Daniel Uriza, “Hacía mucho calor, no teníamos agua fresca, ni para poner un ventilador”, sostiene. Empleado de una empresa petrolera, de 64 años, Uriza vive en Buenos Aires junto a su mujer y tres de sus cuatro hijos. “El clima en la ciudad ha estado enrarecido, feo, con la policía desviando el tránsito en medio de cosas humeando”, cuenta. “Me bajé del bus y estaba todo el barrio a oscuras –dice–; no es que uno tenga miedo, pero con todo apagado no te sientes cómodo”. Los grupos de 20 o 30 vecinos apostados en la esquina, quemando basura en señal de protesta, se ha convertido en una postal estos días. Los vecinos golpean con cucharas de manera rítmica los caños de las columnas de alumbrado público o de semáforos que no funcionan. “Acá enfrente algunos vecinos cortaron la calle, hacían ruido, quemaron cosas”, cuenta Uriza. “Al día siguiente dieron la luz, así es que uno se pregunta si no hubieran podido arreglarlo antes”, sostiene. Con la falta de electricidad, los tanques de agua no vuelven a recargarse. Los ascensores no funcionan. Ancianos y discapacitados atrapados en los pisos superiores, con el baño “clausurado” de hecho, debieron ser evacuados por bomberos. Muchos vecinos no han tenido más remedio que mudarse a casa de familiares. “Una tía de mi esposa, que tiene 87 años, estuvo 11 días sin luz”, cuenta Fabián Uriza. “No tenía agua, no tenía ascensor, cuarto piso”, grafica. “Primero fue a la casa de mi cuñado y después se quedó acá una semana entera”. La primera ola de calor comenzó el 11 de diciembre de 2013 y fue la más intensa que sufre Argentina desde 1906, año en que se comenzó el registro de las temperaturas. El Servicio Meteorológico decretó alerta roja en varias provincias del país. La segunda ola de calor llegó a comienzos de enero. Los cortes de luz persisten en algunos barrios de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y demás ciudades del país. El problema que crispa a la sociedad no se encuentra en la generación de la energía ni en su transporte. Es el sistema de distribución eléctrica –operado mayormente por empresas privadas – el que colapsa. El gobierno nacional les ha aplicado fuertes multas y las ha emplazado para presentar un plan de inversiones. Las empresas alegan que ante la ola de calor se sobrecargó la red de baja tensión, lo que dañó cables y transformadores. Condicionan las inversiones necesarias a que haya un fuerte aumento en las tarifas. Aquí reciben el apoyo de buena parte de la oposición. Las tarifas eléctricas son en la actualidad las más bajas de Latinoamérica. Se encuentran fuertemente subsidiadas por el Estado. Los subsidios alcanzan de manera indirecta a las empresas prestatarias del servicio. Las distribuidoras compran la electricidad a las generadoras a una tarifa subsidiada, que llega a la mitad del costo, gracias a la cual pueden maximizar sus ventas. Las que operan en Buenos Aires y el conurbano –Edesur y Edenor– cerraron 2013 con ganancias millonarias. La autoridad de aplicación en el sector es el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), que depende de la Secretaría de Energía. El ENRE ha demostrado su incapacidad para verificar la concreción de las inversiones previstas, el pago efectivo de las multas por incumplimientos contractuales anteriores, la prevención de un colapso anunciado como el que se vive. El Ministerio de Planificación, por su parte, volvió a multar a las distribuidoras de energía eléctrica y anunció que se analiza la eventual rescisión de las concesiones. Mercado eléctrico La generación de electricidad en Argentina se encuentra en un 75% en manos privadas. El Estado opera algunas usinas y está asociado junto a las generadoras, transportistas, distribuidoras y grandes usuarios en la sociedad Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), la cual administra el mercado eléctrico mayorista. De acuerdo con el gobierno, el sistema permite una utilización diaria de 25 mil 500 megawats (mw) frente a picos de consumo registrado de 23 mil 400 mw, según publicó el pasado 22 de diciembre el diario Miradas al Sur. El transporte y la distribución de energía, por el contrario, se consideran “servicios públicos”. El transporte es liderado por Transener, que opera el 95% de las líneas de alta tensión. Las distribuidoras –que en un 75% se encuentran en manos privadas – venden la electricidad a los pequeños y medianos consumidores. Las más importantes son Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (Edenor) y Electricidad Distribuidora Sur (Edesur), que operan en Buenos Aires y el conurbano. La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (Epe) y la Empresa de Electricidad de La Plata (Edelap), en la Provincia de Buenos Aires, son otros actores destacados. Edesur es un consorcio italo-brasileño, Edenor responde a capitales argentinos, Edelap es un consorcio venezolano-argentino. Tanto la Epe en Santa fe, como la Epec, en Córdoba, son estatales. La demanda del mercado eléctrico proviene en un 50% del consumo industrial, en un 30% del residencial, en un 10% del comercial y el restante 10% de otras actividades. Del costo de la factura, los generadores y distribuidores se llevan aproximadamente el 35% cada uno, mientras que las transportadoras se llevan un 5% y el restante 25% corresponde a impuestos. Edesur y Edenor se hicieron cargo del servicio eléctrico en Buenos Aires y Gran Buenos Aires en 1992. La concesión fue otorgada por un plazo de 95 años, prorrogable por un máximo adicional de 10 años. Hasta 2002, mantuvieron sus tarifas dolarizadas. Podían indexarlas además cada seis meses, mediante un índice que combinaba la inflación minorista y mayorista de Estados Unidos. Los contratos fueron firmados por el presidente Carlos Menem (1989-1999). Los últimos años de su gobierno estuvieron signados por el crecimiento del desempleo y el cierre de fábricas. La recesión profunda trajo deflación. Las tarifas eléctricas, sin embargo, siguieron aumentando. Exhibían precios internacionales. Eso no impidió, sin embargo, que en febrero de 1999 se produjera el apagón más largo en la historia de la ciudad. Con el fin de ahorrarse un millón de dólares, Edesur realizó una riesgosa operación de empalme en una de sus centrales: 600 mil personas estuvieron sin luz durante 11 días. A partir de 2003, el presidente Néstor Kirchner apuntaló la pronta recuperación de la economía con un extensivo esquema de subsidios al consumo energético industrial y hogareño. Éste se incrementó un 80% entre 2002 y 2011, de acuerdo a datos de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). El equipo de aire acondicionado dejó de ser un lujo para convertirse en un artículo normal en cualquier casa de clase media. En los primeros días de cortes, los funcionarios del gobierno pidieron a la sociedad un uso racional de la energía. Cuando la situación se agravó, no volvieron a hablar del tema. “En mi casa tuve cortes intermitentes, después de Navidad, que menos de diez horas no duraban”, dijo una oyente llamada Candela a Radio Metro de Buenos Aires el 6 de enero. “Ahora estoy trabajando, si se puede decir así, sin luz. Estamos así desde antes de Navidad en los dos locales de venta de telas, y al no haber luz, la gente tampoco entra, porque se asusta o no sabe si tenemos abierto”, explica. La oyente cree que tanto el gobierno como las empresas se desentienden del tema. “Llamé a Edesur, llamé y llamé, no atiende nadie, lo máximo que podés hacer es dejar un reclamo, con tu número de cuenta, y ese reclamo queda en la nada, porque es un contestador automático”, sostiene. Cientos de damnificados en todo el país contaron a la prensa su impotencia frente a esta política de las empresas para eludir los reclamos de clientes en situación de emergencia. A oscuras Ángel Duarte tenía 40 años y era taxista. Vivía en Buenos Aires, en el barrio de Flores. No llegó a festejar la Navidad. El 23 de diciembre, poco antes de la medianoche, bajó por la escalera de su edificio a oscuras. En la esquina se sumó a un piquete de protesta junto a varios vecinos. Por el lugar pasó con su vehículo Nicolás Encinas. El cabo de la Policía Federal no aceptó que la protesta le impidiera el paso. Bajó del auto con el arma reglamentaria en la mano. Disparó dos veces contra uno de los manifestantes. Escapó en el auto pero más tarde fue detenido. Ángel Duarte murió el 25 de diciembre en el Hospital Piñero. La luz volvió diez minutos después del ataque. Miles de argentinos pasaron sin luz la Navidad y el Año Nuevo. A otros aún no se les ha normalizado plenamente el suministro. Por falta de luz, el 8 de enero el Hospital Oftalmológico Lagleyze en Buenos Aires tuvo que reprogramar las cirugías. Cientos de comerciantes han tenido que comprar generadores de electricidad para poder seguir trabajando. “Otra pariente, Adriana, está sin luz en este momento, se defiende un poco con un generador”, cuenta Fabián Uriza. “Es un gasto adicional y además muy contaminante por el ruido”, dice. A la sensación de impotencia de los ciudadanos, se sumó la de orfandad. El secretario de Energía, Daniel Cameron, fue fotografiado el 28 de diciembre jugando al golf en un barrio privado en las afueras de Buenos Aires. Ese mismo día, el jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, interrumpió sus vacaciones en la Patagonia. Declaró el estado de emergencia energética en la ciudad y voló esa misma noche a la Patagonia junto a su familia. Cristina Kirchner regresó a Buenos Aires desde Santa Cruz el 7 de enero. La primera mandataria retoma gradualmente las actividades tras la operación a la que fuera sometida en noviembre último. El blanco principal de las críticas es su ministro de Planificación, Julio de Vido. El 6 de enero este ministro dispuso quitarle a las distribuidoras el manejo del remanente del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica. Este fondo surge de un cargo fijo que pagan los consumidores. En 2013 totalizó mil millones de pesos (150 millones de dólares). Las empresas fueron intimadas a presentar un plan de ejecución de inversiones por un monto mínimo de 414 millones de pesos (65 millones de dólares) hasta el 14 de enero. Edenor y Edesur deberán resarcir con $490 (70 dólares) a los usuarios residenciales que estuvieron sin luz entre 12 y 24 horas. Quienes sufrieron cortes de luz entre 24 y 48 horas, recibirán $760 (110 dólares). Quienes estuvieron más de dos días sin luz, $870 (130 dólares). Esta última suma es irrisoria comparada con los 550 dólares que la misma empresa pagó en 1999 a los usuarios que tuvieron el servicio cortado durante once días. La compensación, además, se abonó en efectivo. Esta vez se acreditará en las próximas facturas. Los usuarios pueden presentar acciones legales. La sentencia judicial demoraría unos tres años. Es difícil que el gobierno estatice las distribuidoras eléctricas. Argentina no renueva su deuda financiera pero sí exhibe una estrategia de acercamiento a los mercados de crédito internacional para impulsar obras de infraestructura energética. El preacuerdo de compensación con Repsol por sus acciones estatizadas en YPF y las negociaciones para saldar la deuda con el Club de París van en esa dirección. En octubre pasado el gobierno acordó indemnizar por 500 millones de dólares a cinco multinacionales que habían obtenido sentencias favorables en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal del Banco Mundial. A todas se les había rescindido unilateralmente los contratos debido a las severas falencias en los servicios prestados.