MÉXICO, D.F. (apro).- A 39 días del encarcelamiento de Yakiri Rubio Aupart, acusada de asesinar a su presunto agresor sexual, se creó el “Comité Ciudadano para la Liberación de Yakiri”, integrado por organizaciones civiles, cuyos representantes advirtieron que podrían llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En conferencia de prensa realizada afuera de la sede de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Karla Micheel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, dijo que si esa dependencia y el Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF) no garantizan la aplicación de un proceso penal justo y con perspectiva de género, acudirán a organismos nacionales e internacionales. A nombre del Comité Ciudadano, Micheel Salas enlistó tres exigencias a las autoridades, la primera de las cuales va en el sentido de que la PGJDF se retracte del proceso, debido a las “irregularidades que ha cometido” desde que sucedieron los hechos, el 9 de diciembre del 2013 en un hotel de la colonia Doctores, en el centro de la ciudad. Y es que con los antecedentes del caso, destacó, no se aplicó el protocolo de atención para víctimas de violencia sexual aprobado en el DF y que, entre otros elementos, incluye la entrega de la pastilla del día siguiente con el fin de evitar embarazos no deseados. La segunda exigencia consiste en que el juez 68 Santiago Ávila Negrón “se excuse de conocer el caso”, debido a sus antecedentes. La abogada lo acusó de que “no es objetivo, ni imparcial, ni incorpora la perspectiva de género en su actuación. Por el contrario, se ha mostrado como un juez misógino, para quien Yakiri y otras mujeres son culpables antes de enfrentar el proceso”. Detalló que en su resolución de 170 hojas, el juez sólo dedicó dos para analizar la posibilidad de la legítima defensa y reproduce los argumentos de la PGJDF. Como tercera exigencia, Micheel Salas planteó que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal inicie una investigación en contra del juez Ávila Negrón, “porque la parcialidad y misoginia del juzgador no solo es el caso de Yaki, sino el de otras mujeres”, subrayó. La noche del 9 de diciembre de 2013, la joven de 20 años de edad, habitante de la zona de Tepito, pidió auxilio a policías. Con rastros de violencia en su cuerpo, aseguró que había sido violada en el hotel “Alcázar” de la colonia Doctores. Agregó que hirió a su presunto agresor con una navaja en defensa propia. Herido, Miguel Ángel Ramírez Anaya, el presunto agresor, salió del hotel hacia su casa y ahí murió. El hermano se presentó en el Ministerio Público y acusó a Yakiri, que pasó de víctima a victimaria. Las autoridades ministeriales han fortalecido el argumento de que no hubo violación, sino una relación consentida –han filtrado información del expediente, en particular la existencia de más de 50 mensajes y llamadas entre ambos–, y aseguran que Yakiri cometió homicidio. En contraparte, su defensa jurídica y familiares afirman que la joven sólo se defendió para salvar su vida, y han señalado múltiples irregularidades en el proceso. El 17 de diciembre, Yakiri fue consignada al reclusorio de Santa Martha Acatitla y posteriormente trasladada al Centro Femenil de Tepepan, debido a que denunció que fue amenazada por familiares del occiso. Ante ello, Karla Micheel Salas dijo que “el llamado es a que la PGJDF se desista de la acusación contra Yakiri, que le envíen un mensaje muy puntual a las mujeres de que en esta ciudad se respetan sus derechos y que tenemos derecho a defendernos. Queremos que se investigue a las autoridades corruptas que se niegan a incorporar la perspectiva de género y que el juez (Ávila Negrón) sea investigado”. En la presentación del Comité Ciudadano por la Liberación de Yakiri, hombres y mujeres activistas iniciaron un ayuno de 12 horas, que acompañaron de un performance con una jaula, carteles, flores y cantos. Participaron el Bloque Rosa, la Escuela de Señoritas, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y Pan y Rosas, con el apoyo de Norma Andrade, Lydia Cacho, Lucía Lagunas Huerta, Alma Hugarte y Edith López. Fabiola Díaz de León, de la asociación Escuela de Señoritas y Personalidad Jurídica, confirmó a Apro que el apoyo de organizaciones lésbico-gay para la libertad de Yakiri es porque “ella es lesbiana, iba a ver a su novia cuando la atacaron estos infelices, la secuestraron, la violaron, la torturaron y trataron de matarla”. No obstante, aclaró que “independientemente de la orientación sexual, no podemos permitir que le hagan esto a nadie, porque como Yaki hay miles de casos: el de Ana Gabriela, Fabiola Macías, Fernanda Aliot y de cantidad de hombres asesinos, violadores, feminicidas que son protegidos por las instituciones”. Las activistas anunciaron que seguirán con la organización de eventos a través de redes sociales en favor de Yakiri en los próximos días.