TEGUCIGALPA, Hn. (apro).- Una nube de moscas se agolpa junto a la camioneta de medicina forense, enfrente del depósito de cadáveres. Las atrae el olor a carne putrefacta y el hilo de sangre que se filtra por la puerta trasera. Es el jugo de una docena de cadáveres descompuestos que se amontonan en el maletero. Dentro de la morgue otro montón de bolsas plásticas goteantes, donde se perfilan contornos humanos, esperan ser cargadas. Los operarios, un médico forense y ocho asistentes, bromean entre la sangre viscosa que flota en los charcos de agua producto de la descongelación de los cadáveres y jalan el siguiente cuerpo, a cuatro manos. Van ataviados con monos blancos, protector de cabello, botas de hule, guantes y mascarillas. No es suficiente para evitar que el ingente hedor penetre las fosas nasales y se impregne en la piel. Las morgues hondureñas no tienen bolsas impermeables, envuelven los cuerpos en unas bolsas blancas, como las que se usan para la basura en los contenedores. Los cadáveres son almacenados uno encima de otro en dos cámaras frigoríficas, con capacidad para más de un centenar. Si una se abre o se derrama, mancha todas las demás. A esta morgue, una de las tres que hay en el país, llegan una media de siete u ocho asesinados al día. En los días “fuertes”, como los llama el Ministerio Público, pueden llegar hasta 11. Cuando ya no hay más espacio, ponen en marcha la operación de limpieza. Los cuerpos que a los seis meses no han sido identificados, son enterrados en la fosa común. Este mes fue el turno de 46. De ellos 16 tienen nombre y apellidos, pero no han sido reclamados. Han muerto dos veces, primero a sangre fría, después por el anonimato o la pobreza. Esa que no permite a muchos familiares ir a la capital a reclamar o costear un entierro. [gallery type="rectangular" ids="363192,363193"] No solo la morgue está rebasada. En este país con un poco menos de la población que la ciudad de México, más de 7 mil personas fueron asesinadas en 2013, según las cifras publicadas por el Observatorio de la Violencia, una institución dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es una tasa de 83 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que ubica por tercer año consecutivo a Honduras como el país, sin un conflicto armado abierto, más violento del mundo en la lista de las Naciones Unidas. Según las cifras del Observatorio ocho de cada 10 víctimas eran hombres menores de 45 años, asesinados a tiros. Este es el país que hereda el nuevo presidente Juan Orlando Hernández quién toma posesión este 27 de enero. Su propuesta para combatir los altos niveles de criminalidad es la mano dura. “Haré todo lo que tenga que hacer para erradicar la delincuencia”, repetía en cada acto de campaña y erigía como bandera proselitista la nueva policía militar, un cuerpo que depende de las Fuerzas Armadas pero destinado a tareas de seguridad pública. Ahora, a petición del presidente electo, el nuevo Congreso tendrá que discutir si la existencia de este cuerpo se blinda en la Constitución hondureña. “Es una regresión de 20 años, supone más control militar del país, nosotros ya estamos militarizados por todos lados, y apenas en los noventa el cuerpo de policía se separó del Ejército para volverse civil”, explica el doctor Juan Almendarez, director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT). En Honduras, desde la legislatura pasada, donde Juan Orlando Hernández era el presidente del Congreso, el Ejército empezó a patrullar las calles en tareas conjuntas con la policía o por cuenta propia. La decisión llegó en octubre de 2011, a raíz del escándalo de corrupción policial que reveló el asesinato del hijo de la rectora de la Universidad Nacional, y un amigo suyo, por seis policías que querían robarles su auto. Los cadáveres de Rafael Alejandro Vargas, de 22 años, y Carlos David Pineda, de 21, fueron arrojados en una cuneta, pero eran demasiado conocidos como para ser acusados de pandilleros, como se acostumbra. La influencia de la rectora motivó una investigación que reveló que muchos de los agentes conformaban bandas criminales dedicadas a la extorsión, el robo de automóviles y el sicariato. El Congreso impulsó primero una comisión de reforma policial que empezó con un proceso de depuración del cuerpo policiaco. Sin embargo, dos años después solo siete agentes han sido despedidos. [gallery type="rectangular" ids="363189,363190"] “Permiso para matar” Para el nuevo gobierno la policía militar puede ser una solución, pero las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones de víctimas lo ven como un peligro mayor. Wilfredo Yanes conoce bien de los abusos militares. Fueron soldados los que mataron a su hijo Ebed, de tan solo 15 años, la madrugada del 27 de mayo de 2012. En una ciudad donde la caída de la noche es un toque de queda implícito, el adolescente esperó que sus padres se acostaran para escaparse con la motocicleta del papá para ver a una amiga. Nunca la encontró. “No sé en qué tipo de hoyo vives. He estado buscándote 45 minutos pero mejor regreso a casa antes de que me agarren los chepos”. Chepos es el coloquialismo hondureño para referirse a los soldados. Ese último mensaje fue desgraciadamente profético. De regreso a casa se topó con un retén militar y este estudiante de escuela privada, sin licencia y sin los papeles de la motocicleta, seguramente atemorizado de que sus padres se enteraran de su travesura, lo esquivó. Los militares, preparados para abatir al enemigo, no dudaron en disparar, hasta 26 tiros. Tres de ellos lo impactaron. Ebed murió a la 1:30 de la madrugada en un estrecho y oscuro callejón sobre la motocicleta de su padre, con una bala incrustada en la cabeza y dos rozones en las caderas. El observatorio de la violencia documentó 149 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad entre 2011 y 2012, en su mayoría jóvenes menores de 34 años. En muy pocas de ellas se hace justicia. En el caso de Ebed, fue su padre Wilfredo Yanes quién hizo toda la investigación. Ante la falta de respuestas de las autoridades, Yanes recorrió el lugar de los hechos hasta encontrar un testigo que le dio las primeras pistas. Luego fue estirando la madeja hasta hallar qué soldados estaban en ese retén y qué oficiales al mando. Se topó con todos los bloqueos por parte de la Fiscalía ya que afectaba a las Fuerzas Armadas. “Si yo no me muevo mi hijo ni siquiera fuera una estadística, fuera un joven más muerto sin identificar o un expediente más en la Fiscalía de Derechos Humanos. Hay cientos por fiscal y no se mueven. Tal vez ahora que hay movimientos en el Ministerio Público pero todavía no vemos un cambio. “Es una lucha constante con el Ejército, la Fiscalía de Derechos Humanos, el Ministerio Público. Una persona que no pueda hablar o no tenga recursos no tiene derecho a la justicia”, asume Yanes y explica que uno de los fiscales le confesó que tenía miedo de presentar los requerimientos. “Aquí ya no hay seguridad. Cuando usted se encuentra con un uniformado no espera cosa buena, no tiene la certeza que se halla ante una autoridad, sino que se trate además de un delincuente, delincuentes con permiso para matar”, concluye este comerciante evangélico que nunca se había implicado en causas sociales hasta la muerte de su hijo. [gallery type="rectangular" ids="363194"] “Impuestos de guerra” Los crímenes de las fuerzas del Estado son sólo una de las caras de la violencia en el país más peligroso del mundo. En las ciudades hondureñas, las pandillas y bandas del crimen organizado siembran el terror por unos pesos. Mary tiene una tiendita en una colonia de maestros de la periferia de Tegucigalpa, la capital hondureña. Y paga 300 lempiras semanales (15 dólares) a un niño de apenas 13 años de la misma vecindad para que la pandilla no la moleste. Denunciarlo a la policía no es una opción que se plantee. “Esos perros no hacen nada, están amañados con ellos”, espeta refiriéndose a la policía. “En la policía el que no es delincuente es cómplice, están metidos en cualquier cosa. Uno de los policías que le daba seguridad a mi esposa, como había solicitado la Fiscalía a raíz de la muerte de mi hijo, fue denunciado por robar 500 dólares a un comerciante”, secunda Yanes. Comerciantes de todas las escalas y taxistas son los más afectados por las extorsiones. En el Valle de Sula, el punto neurálgico de la economía hondureña, pero también el área metropolitana más violenta del mundo, la Cámara de Comercio asegura que entre 15 y 30 microempresas cierran a la semana por el cobro del impuesto de guerra de presuntos mareros. Pero los que más mueren son jóvenes, asesinados por otros jóvenes. “Aquí es una burrada, estamos como en Irak. Esta semana, en menos de cuatro días, sólo en este sector han asesinado a 16 personas. Yo ya estoy harto de hacer entierros”, relata el padre Jorge Benavides, un misionero claretiano que trabaja en Los Cármenes, uno de los sectores más peligrosos de la periferia de San Pedro Sula. No muy lejos de allí, en la Rivera Hernández, otro de los focos rojos de la violencia pandilleril, José Arnaldo no llegó a celebrar su mayoría de edad. Hace un año fue a recoger a su novia a la salida de un hipermercado del barrio, con un amigo, y nunca regresaron. Los vecinos aseguran que una camioneta oscura se los llevó. Dos semanas después, su tío, de su misma generación, recibió un sms: “José está muerto, y los próximos son ustedes”. En el campo de futbol de su colonia, hace tres años, 14 jóvenes fueron asesinados por la pandilla rival. La Rivera Hernández, Los Cármenes o Chamelecón son asentamientos irregulares de campesinos que llegaron hace tres décadas a trabajar a las maquilas de la ciudad más pujante del país. Ahora conforman los 51 barrios que permanecen bajo control de las pandillas, según registros de la Unidad de Maras y Pandillas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC). En Tegucigalpa, la capital, se computan otras 60. “Los que gobiernan aquí son las pandillas”, espeta Rosa Xiomara Ocegueda, tía de José, en una casa humilde donde todos los hombres jóvenes de la familia decidieron emigrar después de las amenazas. En Honduras las pandillas principales son la mara Salvatrucha y el Barrio 18, pero el Observatorio de la Violencia computa cerca de 200 bandas relacionadas con el crimen organizado, con actividades que oscilan desde los secuestros y la extorsión hasta la tala forestal, pasando por el narcotráfico o el contrabando de armas. Las pandillas juveniles son sólo el foco más visible por sus tatuajes y su estigma. En 2010, la Policía Nacional adjudicaba solo tres de cada diez asesinatos a las maras. Ahora el fenómeno se ha vuelo más complejo. En noviembre pasado, el entonces viceministro de Defensa Roberto Funes, explicó a Apro que “las pandillas juveniles han entrado en el negocio de la distribución, la venta y el transporte de droga. Esto ha creado un fortalecimiento económico de las maras y ha diversificado sus actividades. Muchos de ellos son menores de edad y trabajan como sicarios del cártel o también en las partes de inteligencia o reconocimiento, conocidas como banderas”. El padre Benavides, que predica en territorio de las pandillas, asegura que “el tema fundamental es la distribución y la guerra por el territorio y eso genera mucha violencia, muchos muertos de gente pobre que no tiene para pagar la droga o la extorsión. Los grandes narcos nunca mueren”. Agrega: “Hay un gran corredor de drogas y no ha habido la voluntad de nadie, ni del gobierno, de acabar con ello. Ya pueden poner policía militar, preventiva, de tránsito, militares, cobras, un montón de grupos de élite… pero unido a esta situación de violencia va unido el narcotráfico, y la corrupción es tan grande que va desde el estrato más alto al más bajo. Aquí no hay estado de derecho ni justicia ni nada, aquí se arregla todo a tiros”, agrega. En el único Hospital público de esa ciudad, el Mario Catarino Rivas, ello se comprueba fácilmente: Son las nueve de la noche de un sábado de quincena, cinco hombres entre 20 y 40 años yacen a la entrada de urgencias, el sexto acaba de morir allí mismo. Todos tienen heridas múltiples de arma blanca. Pertenecen a dos familias enfrentadas y ese día, envalentonados por el alcohol y tal vez algo más, se agarraron a machetazos para ajustar cuentas. Dos policías los custodian, luego llegaran otros cuatro, y tres agentes de inteligencia. En cuanto les den de alta se los llevarán a la Fiscalía. Mientras, los médicos los atienden como pueden, sin gasas, sin apenas guantes ni jeringas. En el quirófano tienen a otro joven herido de bala cuya familia tuvo que ir a comprar la anestesia porque no hay disponible en el Hospital. Una anestesia para una operación puede costar hasta 200 dólares. Tampoco hay antibióticos para que las heridas no se infecten en el postoperatorio, esos se consiguen por un par de dólares. Los médicos, la mayoría residentes, hacen malabares. Si un paciente compra de más, guardan ese excedente para otro que no tenga para pagarlo. “El 2013 ha sido uno de los años más difíciles, el sistema de salud tiene una crisis tremenda, no tenemos insumos para darle servicio a la población. Estuvimos un fin de semana sin oxígeno, el presupuesto está raquítico y ningún político se ha preocupado por eso, ni siquiera en campaña”, explica el Doctor Alexis Reyes, médico general con más de 20 años en ese hospital. El aumento del presupuesto de los rubros de Seguridad Pública y Defensa en los últimos años ha sido mayor que el del resto de ministerios, llegando en 2012 a ocupar estas dos carteras el 69% del gasto público que se dedica al sector salud. Bancarrota La falta de recursos del Estado abona al desbordamiento de sus instituciones. Este nuevo gobierno llega con las arcas del estado vacías, dos tercios de la población bajo el umbral de la pobreza y la presión financiera de una deuda de siete mil millones de dólares, el 40% del Producto Interior Bruto (PIB) hondureño. Para el sociólogo Víctor Meza, quién conoce bien el Estado por dentro, el principal reto de Hernández es ahora la economía. “Este país es inmanejable. El nuevo gobierno va a tener que dedicar el 25% de todos sus ingresos durante los cuatro años a pagar sólo los intereses de la deuda interna. El primer problema es pagar el sueldo de los empleados públicos de febrero”, apunta Meza. Ante este panorama la idea del presidente de ampliar la nueva policía militar de mil a cinco mil efectivos supone reticencias. “Detrás de la idea de policía militar lo que se esconde es una incapacidad del Estado para resolver lo que está roto. Si se rompió la confianza y la efectividad de la policía, ¿por qué el Estado no entra en esas líneas de trabajo? Pero no, lo que hace es desplazar las fuerzas y crear un cuerpo nuevo sin ponerse a pensar que Honduras no puede económicamente mantener dos cuerpos policiales. “Existen demasiadas carencias económicas, sociales y de formación dentro del sistema de seguridad pública como para ahora crear un ente nuevo”, concluye Arabeska Sánchez, coordinadora de Seguridad en el Observatorio de la Violencia de la UNAH.