El escrutinio público de la política cultural

A Juan Gelman,  cuya gallardía debe ser ejemplo para todos nosotros.

 

In memoriam.

Los fastos del calendario político mexicano conmemoran ahora con cierto retraso el vigésimo quinto aniversario de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Como toda conmemoración oficial, estuvo presidida por el rito burocrático que tiene al gobierno como oficiante, y actúa bajo el presupuesto de una magnificencia impersonal y afirmatoria que, además, relega la crítica y las carencias culturales al culto privado y al arcano de la memoria.

La conmemoración burocrática se afana en crear certidumbres que se desvanecen y terminan por resultar efímeras; devendrá en una sacralización pasajera, una más, en una sociedad desacralizada; será un ritual, uno más, en una sociedad que los ha abandonado.

En este rito burocrático resaltó como única voz crítica e independiente, y siempre lúcida, la de Hugo Gutiérrez Vega (La Jornada /18/01/2014), cuya intervención se dio en pleno paroxismo del modelo neoliberal. Su alocución fue admonitoria: el arte ha sido históricamente una gran tentación para la clase dominante mexicana.

En la incesante búsqueda de legitimación y aseguramiento de la ideología dominante de cada época, el poder en México ha recurrido a la sumisión y a la obediencia de los creadores artísticos con el afán de generar un impacto en la memoria colectiva. El Estado mexicano, en su perenne aspiración por la modernidad, ha querido construirse una imagen innovadora a través de la fusión de un pasado glorioso con la modernidad para trazar el destino nacional (Rita Eder).

El apercibimiento de Gutiérrez Vega resulta también claro y no es gratuito. La clase dominante mexicana ha manipulado el arte para interactuar con la sociedad y recurre a nuestros símbolos ancestrales para amalgamarlos a la representación del poder político (Beatriz Tozzi). Al arte y a las antiguallas mexicanas se les descontextualiza para asociarlos al poder bajo el canon liberal (Renato González Mello). Ahora, sin embargo, en la retórica del neoliberalismo parece que al gobierno comienzan a serle embarazosos el nacionalismo de Estado y su representación en las artes tradicionales (Rita Eder).

Lo relevante para la clase dominante mexicana es atribuirse símbolos –símbolos que,  es necesario puntualizar, le pertenecen a la historia y por tanto son reconocibles por nuestro corpus social– a efecto de hacer indeleble su paso por la historia. Un intento, pues, de recuperación de la historia con el propósito de acreditar la legitimación de la  clase dominante.

Las políticas públicas culturales

 

Del discurso político se espera que sea una narrativa de ideas, de valores y de normas de política pública; que desarrolle la función cognoscitiva y normativa del gobierno con el fin de hacerla comprensible y de cumplimiento obligatorio para los agentes gubernamentales, y que posibilite el escrutinio público.

En las sociedades contemporáneas, la legitimidad en el diseño de políticas públicas en materia de cultura proviene no solamente del sufragio popular –que en nuestro régimen constitucional lo tiene en la administración pública exclusivamente el titular del Ejecutivo federal–, sino de la participación de los diversos actores sociales involucrados en la acción pública. (Jean Leca). Así lo ordena el párrafo noveno del artículo cuarto de la Carta Magna.

Es precisamente este mandato el que legitima la acción pública de los agentes gubernamentales en materia de cultura.

La imposición vertical de cualquier decisión desde la cúspide burocrática a los grupos y comunidades culturales es totalmente contraria, para no decir que está en contravención flagrante, a los principios de la democracia cultural que se encuentran tutelados en la Constitución.

No obstante, al margen de esta tutela  constitucional, los mandarines culturales nos señalan ahora el rumbo y el devenir de la cultura mexicana. Peor aún, se ha engendrado un orden social cultural que ya no es más la expresión de una política legítima, cuando justamente el espacio público necesita constituirse en un lugar de expresiones sociales con nuevos vínculos entre las comunidades, los grupos culturales y la acción pública. El gran riesgo es que las políticas en la materia, muchas de ellas en beneficio de la cultura de élite, generen una estratificación social. Ante los reclamos de los grupos y comunidades, deben encontrarse nuevas formas de participación cultural (Jean-Marc Lachard).

 

El enigma y el misterio

 

La publicación del Programa Especial de Cultura y Arte 2013-2014 (Peca) fue postergada para un futuro al cual se asocia ahora el programa Cultura para la Armonía, “…que atenderá de modo especial a las comunidades comprendidas en los polígonos definidos en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y en la Cruzada Nacional contra el Hambre”. Es la hora en que no se ha revelado con la debida puntualidad, el contenido del Peca, por lo que su análisis también tendrá que ser postergado.

El enigma en este misterio cultural suscita las siguientes interrogantes: ¿De qué manera los agentes gubernamentales en materia de cultura han podido conocer estos programas para darles cumplimiento? ¿Cómo pretenden estos agentes ser evaluados y cómo puede medirse la eficacia de sus acciones? ¿De qué manera debe escrutarse su desempeño?

La evaluación de las políticas públicas es un imperativo de todo Estado democrático y el sector cultural del gobierno no es excepción, máxime que está de por medio dinero público y de que existe un reclamo en el sentido de que se incremente la asignación de recursos del contribuyente.

Debe permanecer claro en nuestro ánimo que hay una marcada diferencia conceptual entre las realizaciones culturales y los resultados sociales que éstas tienen. Y aquí radica por cierto el gran déficit de la Cuenta Satélite de Cultura 2008-2011 presentada por el Instituto Nacional de Estadística y  Geografía (Inegi) y Conaculta el martes 21 y que  por si sola merece una glosa crítica…

Uno de los principios de toda política pública es la coherencia entre sus objetivos, su metodología para cumplirlos y los instrumentos que se van a emplear para su consecución. Lo trascendente en este esquema es determinar los marcos de cumplimiento y las acciones específicas a las que debe ceñirse la burocracia cultural, así como proveerla de los correspondientes elementos de análisis. La acción pública cultural debe organizarse dentro de estos marcos, que constituyen el universo cognoscitivo de los agentes gubernamentales, y ésa es la única forma de darle a la acción cultural cierta estabilidad en el tiempo.

El diseño de estas matrices de política pública cultural comporta un proceso cognoscitivo que permita hacerlas comprensibles para los agentes gubernamentales, y desde luego para sus destinatarios, y a la vez prescriptivo, que obligue a su cumplimiento y posibilite evaluar la eficacia en su ejecución. (Pierre Muller).  Las políticas públicas en la materia deben  regirse por disposiciones que le den sentido al programa político en el que se determine la forma de la realización de sus objetivos (Pierre Mouliner).

Resulta claro que el ámbito cultural está dominado por su heterogeneidad consustancial. Visto así, las responsabilidades correspondientes se ejercen a través de múltiples funciones que, a su vez, responden a objetivos transversales en todo el ámbito cultural. Estos objetivos no se reducen a un capítulo más de la acción gubernamental, sino que tienen una dimensión nacional. La democracia cultural, por más utópica que pudiera parecer, debe ser una práctica constante en dicho ámbito, dominado por la falta de rigor y la subjetividad.

 

La legitimidad cultural

 

Confeccionado por la alta burocracia cultural, el Peca acarrea en su largo peregrinaje un vicio de origen grave: su falta de legitimidad cultural.

Al respecto cabe resaltar que la democracia cultural permite proteger y promover la diversidad. Así pues, la participación activa como parte de este nuevo ejercicio democrático por parte de los grupos y comunidades culturales les da la oportunidad de ponderar las decisiones de política que afectan su calidad de su vida cultural.

Finalmente esta práctica democrática contribuye a la asignación equitativa de recursos para hacer viable el acceso a la cultura. En su difícil tránsito social, esta nueva fórmula democrática, ahora bajo la tutela del artículo cuarto párrafo noveno constitucional, es el mandato cultural al que a él, y sólo a él, todos debemos responder.

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*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas.

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