MÉXICO D.F., (apro).- A partir de este miércoles 29 las víctimas de la violencia en México se quedan sin atención: Los teléfonos de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima) fueron desconectados y los funcionarios que ahí trabajan tienen la orden de no atender ni un caso más. Las familias que han sufrido desplazamiento forzado, secuestro, trata de personas, asesinatos, violencia doméstica, extorsión o desaparición y que recibían terapia, asistencia legal u orientación para la asistencia social tendrán que esperar a la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para ser atendido por el gobierno o, en caso que exista, pedir ayuda a los gobiernos locales. En lugar de Províctima, por decreto presidencial, se instaló la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que deberá crear el Sistema cuyo diseño tendría que haberse iniciado hace 9 meses. Esta reportera intentó comunicarse al O1800-víctima y al teléfono 10002000, pero siempre sonó ocupado. En otro intento llamó a las oficinas de Províctima en Baja California, para pedir orientación y recibir atención, pero fue informada de que desde hoy no se atendería a nadie más. “Por una nueva disposición del presidente de la República Províctima ya desapareció. Ya no podemos dar atención a nuevos usuarios, estamos concluyendo viejos expedientes", informó una persona luego de que la recepcionista no supo cómo explicar la nueva decisión. "Ya no se va a proporcionar servicio de manera directa ni atención psicológica ni jurídica por la nueva disposición", agregó la funcionaria. Aunque en Baja California hay un centro estatal de atención a víctimas, no todos los estados ofrecen ese servicio. Según un empleado de las oficinas centrales de la procuraduría en extinción, la semana pasada se ordenó a todas as sucursales estatales que cerraran todos los expedientes del fuero común y federal. “Pidieron que se concluyan los expedientes que tengamos en trámite lo más pronto posible. Que los abogados, los psicólogos, los trabajadores sociales y los casos de desaparecidos ya den de alta y terminen los expedientes lo más pronto que se pueda", comentó de manera extraoficial. El funcionario dijo que todos en la dependencia están desorientados porque no saben hasta cuándo operará el nuevo sistema y qué pasará con el personal de la extinta dependencia. El pasado 8 de enero, el gobierno federal emitió un decreto que transforma a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima), creada por Felipe Calderón, en la Comisión Ejecutiva que operará el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. El decreto se publica un día antes del primer aniversario de la promulgación de la Ley General de Atención a Víctimas, la cual estipula que el Sistema debió comenzar a funcionar hace nueve meses. Mediante este decreto se ordena a Províctima ceder al nuevo órgano sus recursos financieros, materiales y humanos, así como los expedientes de las víctimas, con excepción de la Subprocuraduría de búsqueda de desaparecidos que pasará a formar parte de la PGR. La comisión operará con 480 millones de pesos aprobados por la Cámara de Diputados, y que defensores de derechos humanos han considerado insuficientes. La nueva comisión que se encargará de diseñar el nuevo sistema de atención a víctimas de delitos de alto impacto (como homicidio, desapariciones, secuestro, trata de personas) está integrada por siete comisionados avalados por el Senado de la República, pero cuyos perfiles no corresponden a lo mandatado por la nueva ley. La comisión debía de estar integrada por especialistas de diversas áreas geográficas especializados en distintos delitos de alto impacto y con perfiles diversos. Sin embargo, seis de los siete comisionados son del Distrito Federal, abogados penalistas, o personal sin experiencia en el trabajo con víctimas, y la mayoría no se ha especializado en los delitos que deberán ser atendidos por el sistema. Con el decreto se extingue la polémica dependencia creada por decreto de Calderón como respuesta a las movilizaciones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y que trabajaba con oficinas, personal y recursos prestados. Según un comunicado emitido este mismo día por la Secretaría de Gobernación (Segob), la nueva Comisión Ejecutiva es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, “instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas en la materia, que tiene por objeto establecer y supervisar las directrices que se implementen para la protección, ayuda, asistencia y reparación integral a éstas, en los ámbitos federal, local y municipal. “Sus integrantes fueron elegidos por el Senado de la República, de entre siete ternas propuestas por el presidente, a fin de dar cumplimiento a la ley”. El comunicado reconoce que mañana se cumple un año de que el presidente Enrique Peña Nieto publicó la Ley General de Víctimas, a la que califica de “legislación de alcance nacional, sin precedente, que cumple con los más altos estándares internacionales, ya que contempla la asistencia, protección, atención, indemnización y restitución de los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos”. También anuncia que la Segob se coordinará con los tres órdenes de gobierno y la Comisión Ejecutiva para trabajar en la creación del sistema y la armonización del marco jurídico de las entidades federativas, con e fin de dar cumplimiento a la ley que no opera desde el año pasado.