MONTERREY, NL., (apro).- El Congreso local aprobó hoy un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades policiacas que cumplan al pie de la letra el protocolo de detención de personas para evitar que los aficionados que alteren el orden en los estadios deportivos puedan salir libres, como sucedió con los nueve implicados en los desmanes del pasado sábado 15 en el estadio Tecnológico. Desde la tribuna, el panista Braulio Martínez Ramírez consideró inaceptable que por un error de la policía, al poner a disposición de la autoridad ministerial hasta la madrugada del domingo a los rijosos y no en el momento mismo de su captura, éstos hayan quedado libres y sin castigo. “Pareciera que los agentes no son suficientemente capacitados durante su paso por la llamada Universidad de la Seguridad, por la que son obligados a cursar los cadetes de la llamada “nueva policía de Nuevo León”, argumentó. En el exhorto dirigido al comisario de FC, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, el diputado manifestó que “el proceder erróneo” de los uniformados impidió que la Procuraduría General de Justicia aplicara la ley para sentar un precedente contra los “seudoaficionados” y prevenir más actos violentos. El panista recordó que en 2007 se incluyó en el Código Penal local la figura de violencia en los espectáculos deportivos, concretamente en el artículo 331 bis. Dicho precepto prevé cárcel de hasta cuatro años y multas por hasta 80 cuotas a quien cometa a o incite a cometer actos de violencia contra personas o bienes muebles e inmuebles, dentro del estadio o en sus alrededores. Martínez Ramírez explicó que la Juez de Control consideró que el arresto de los aficionados fue ilegal porque los uniformados no justificaron la razón de ponerlos a disposición del MP nueve horas después de su detención. “Nos pone a pensar, que hubiera sucedido si en lugar de barristas detenidos por una pelea, hubiera sido un asesino, un integrante de la delincuencia organizada, un violador, en suma, un delincuente de alta peligrosidad, a quien se hubiera detenido”, cuestionó. Después de la liberación de los barristas, el procurador estatal Adrián de la Garza se dijo en desacuerdo con la juzgadora, aunque aclaró que se les sigue en libertad un proceso por el delito de violencia en los estadios. Por lo pronto, dijo, los aficionados fueron boletinados para impedir que ingresen a los estadios de futbol de la localidad, mientras se desahoga el juicio. Por separado, el diputado priista Juan Manuel Cavazos Balderas presentó a los directivos de los equipos locales de futbol Tigres y Rayados una propuesta para que, a través de los jugadores, emprendan campañas contra la violencia en los estadios. El diputado anunció que el mismo exhorto será enviado próximamente al resto de los equipos que conforman la primera división del futbol mexicano. Balderas solicitó que los clubes inicien una estrategia permanente dentro y fuera de los estadios, con el uso de anuncios móviles y fijos y con el auxilio de los futbolistas que son “de gran influencia” para la afición. “Sabemos que estos deportistas son líderes entre los aficionados. Sería importante que participaran, que motivaran a las barras y a los espectadores en general a venir a disfrutar de un espectáculo familiar y libre de actos vandálicos”, dijo el legislador. El pasado martes, Balderas y su compañero de bancada José Maiz, quien es también propietario del equipo Sultanes, presentaron en la Oficialía de Partes del Congreso un punto de acuerdo para exhortar a los municipios que modifiquen sus reglamentos de espectáculos masivos y obliguen a que los organizadores contraten un seguro de gastos médicos para los asistentes.