“El Yugo Zeta” en Coahuila: control de penales, secuestros, matanzas, quema de cuerpos…

La libertad de la lectura (Segunda y última parte)

La censura es la pena de muerte de la libertad de pensamiento. Victor Hugo

 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) ha mencionado a la lectura como una de sus prioridades. Una vez que se conozcan los pormenores del proyecto respectivo, es indispensable inducir a la sociedad mexicana a debatirlo. Empero, es de esperarse que éste se inserte dentro del  marco de la absoluta observancia de la libertad de la lectura, acatando el mandato de las reformas constitucionales a los artículos cuarto párrafo undécimo (antes noveno), sexto y séptimo; reformas que –así pareciera– inauguran una nueva etapa para la libertad de la lectura en nuestro país.

En estas tierras la censura ha sido una constante. Desde el inicio de la época colonial tuvo una presencia implacable a través del tribunal de la Inquisición. Con frecuencia se olvida que si bien esta fue una institución papal, tanto en la Metrópoli como en la Nueva España estuvo sometida al poder de la Corona conforme a una bula de Sixto IV decretada a instancias de Fernando el Católico. El propósito: garantizar la uniformidad religiosa e inducir la nacional (Beresford James Kidd).

La Inquisición muy pronto adquirió derecho de ciudad en la Nueva España, donde ejerció una censura de Estado con un carácter eminentemente político que obedecía a la idea primaria de preservar la ortodoxia religiosa, conservar una sola moral para la sociedad y asegurar el control eficaz de las conciencias. No era pues de sorprender que la censura tuviera un carácter casuístico, que se adaptara a criterios cambiantes propios de cada época. Esta práctica transitó en el siglo XVI desde el combate a la “secta luterana” (término empleado por la Inquisición) hasta la erradicación de las ideas libertarias francesas en el siglo XVIII (Idalia García y Pedro Rueda Ramírez).

Perfeccionada por los distintos sucesores de los reyes católicos, la censura encontraba su legitimidad en una legislación farragosa que se transgredía con facilidad. La censura por sí misma no coadyuva a explicar satisfactoriamente el problema del comercio y la lectura de libros en Nueva España. Para ello, debe recurrirse a fundamentos económicos y sociales, como las altas erogaciones en el rubro de importación de libros, aunados a la carestía y a la escasez  de papel y tinta. Estos factores, sumados a la insuficiente creación literaria y científica y a la existencia de una sociedad iletrada, contribuyeron a una edición limitada de obras. En este sentido es revelador que sólo haya habido 42 bibliotecas privadas en la Nueva España durante todo el periodo colonial.

 

El puritanismo mexicano

 

En diciembre de 1933, en un ambiente de puritanismo a escala nacional, se instituyó la Legión Mexicana de la Decencia, fundada por la orden de los Caballeros de Colón (Pablo González Casanova) y cuyo propósito era “propugnar por el saneamiento del ambiente social de México (…) y reprimir y castigar (…) publicaciones (…) que pongan en peligro la moralidad y la decencia”. Esta agrupación se incorporó en 1938 a Acción Católica Mexicana, y quedó por lo tanto subordinada a la Iglesia con un elenco de abogados encabezados por Felipe Gómez Mont (Laura Pérez Rosales).

La oleada puritana en el país llegó al paroxismo con la publicación, el 11 de marzo de 1948, del decreto que promulgó la adhesión del Estado mexicano a la Convención Internacional para la Represión de la Circulación y el Tráfico de Publicaciones Obscenas. Desde entonces esta Convención continúa en vigor en el territorio nacional. Conforme a ella, el gobierno de México asumió la obligación de tomar todas las medidas internas posibles con el fin de descubrir, perseguir y castigar a todo individuo que fuere culpable de fabricar o poseer escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, fotografías, películas cinematográficas u otros objetos obscenos, con el fin de comerciar con ellos, distribuirlos o exponerlos públicamente. De igual manera, se obligó a realizar lo conducente para impedir la importación, transporte, exportación y comercio en general de este tipo de materiales.

En cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el 12 de junio de 1951 el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de los artículos cuarto y sexto fracción VI de la Ley Orgánica de Educación Pública. Este decreto determinó en forma inusitada que las publicaciones debían abstenerse de estimular las bajas pasiones, destruir la moral, presentar descripciones que ofendiesen el pudor, la decencia y las buenas costumbres o bien incitar sensualmente a la juventud y exponerla a riesgos de una conducta incontinente y libertina. No podía faltar el sesgo nacionalista, que buscaba la legitimación del decreto: las publicaciones tenían que abstenerse de incitar a la población, directa o indirectamente, a expresar desdén hacia el pueblo mexicano, sus aptitudes, costumbres, tradiciones e historia, o por su democracia.

El furor moralizante se prolongó… En marzo de 1955, durante un mitin auspiciado por la Federación Estudiantil Universitaria en el Zócalo de la Ciudad de México, y con la venia de la policía capitalina, se quemaron publicaciones pornográficas y se exigió su penalización (Laura Pérez Rosales). La progobiernista Cámara Nacional de Comercio secundó la exigencia junto con el periódico oficialista El Nacional. La Iglesia no disimuló su entusiasmo, para no decir su franca complicidad, y en la persona del arzobispo primado de México, Luis María Martínez y Rodríguez, trigésimo segundo sucesor de Juan de Zumárraga, hizo causa con el gobierno.

 

El movimiento del 68

 

El movimiento estudiantil democratizador de 1968 provocó cambios importantes en la sociedad mexicana; en él afloraron batallas por mayores libertades, entre éstas la de lectura. El lema era Il est interdit d’interdire! (¡Está prohibido prohibir!). Tuvo que pasar mucho tiempo para que, ya en el umbral del siglo XXI, se lograra finalmente la constitucionalización de la libertad de la lectura en los artículos cuarto párrafo undécimo (antes noveno), sexto y séptimo.

La discusión sobre el particular se desplazó al ámbito bibliotecario,  dentro del cual se han gestado posturas divergentes en cuanto a su función y que ahora enfrenta nuevos retos, como los relativos a la libertad intelectual y a la censura.

La dimensión de estos desafíos varía entre las bibliotecas escolares o públicas y las universitarias o altamente especializadas. Las primeras, al ser espacios públicos, deben poner sus acervos al alcance de todo tipo de personas (Ann Curry). El universo de usuarios que concurre en esos recintos es de una gran diversidad en términos de edad, valores morales, creencias religiosas, ideologías políticas y niveles educativos. Por lo tanto, los bibliotecarios deben conservar su sentido crítico en lo que atañe a la preservación de la libertad de pensamiento y adoptar una convicción refractaria ante cualquier atisbo de censura.

 

La jurisprudencia de la censura

 

En el siglo XX las instancias encargadas de aplicar la censura en países anglosajones se concentraron en los temas de contenido sexual y social y en las profundas metamorfosis de los vínculos entre lo permitido y lo prohibido, entre lo tolerable y lo subversivo.

En su ensayo The Obscenity and the Law of Reflection, Henry Miller  concluyó que quienes han analizado seriamente la noción de obscenidad coligen que no puede obtenerse una noción objetiva del concepto. Oscar Wilde sintetizó la naturaleza de esta discusión en una frase: “Un libro no es ni bueno, ni malo; está bien o mal escrito. Es todo”.

Resulta claro pues que, si bien en algunos periodos de la historia la moralina ha condenado numerosas obras, en épocas subsecuentes incluso las ha reivindicado como clásicas. Entre los casos de mayor complejidad se encuentran los relativos a la censura de obras artísticas catalogadas como obscenas.

En Inglaterra, el primer precedente se remonta a la etapa victoriana; conocido como “criterio Hicklin” (Regina v. Hicklin. 1867-68.L.R. 3 Q.B. 360. April 29, 1868), dominó los criterios jurisprudenciales y trascendió su ámbito. Esta conceptualización era especialmente gravosa para los artistas y escritores, pues en caso de que personas susceptibles tuvieran acceso a obras que tendieran a corromper sus mentes a través de pensamientos impuros y libidinosos o que depravaran su espíritu, éstas debían ser consideradas obscenas y, por lo tanto, ser prohibidas.

En los Estados Unidos, en el precedente de la censura de la novela Hagar Revelly, de Daniel Carson Goodman, editada por Mitchell Kennerly en 1913 (209 F. 119. S.D.N.Y. 1913), el juez Learned Hand empezó a variar el criterio generalizado al negarse a someter obras de arte a los parámetros de las bibliotecas para infantes: concluyó que los temas dirigidos a adultos debían discutirse bajo criterios de adultos. De igual manera, se cuestionó si una obra tenía que ser juzgada en sus partes o en su totalidad. Para ello evocó la Biblia, que segmentos muy amplios de la sociedad toman como referente para normar su moralidad y aun para ejercer su poder de censura; pero resulta significativo que, en el marco de estos cuestionamientos, se hiciera notar que, tomadas en forma aislada,  incluso algunas partes de la propia Biblia ameritarían ser censuradas.

Los hermanos Thomas y Harriet Bowdler llegaron a plantearse como proyecto de vida la modificación de algunos libros para eliminar sus partes pecaminosas: reescribieron la obra clásica de Gibbon The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, de 1826, la Biblia y Romeo y Julieta de Shakespeare, por mencionar sólo algunas. ¡La mayor aportación literaria de los Bowdler consistió en incrementarle a Julieta su edad de 13 a 17 años!

La sofisticación de la censura evolucionó en el precedente People vs. Friede (233 N.Y. S. 565 N.Y. Mag. Ct. 1929), que discutió The Well of Loneliness, una novela lésbica de la autora inglesa Marguerite Radclyffe Hall. En este caso se determinó que debían emplearse parámetros contemporáneos para deliberar en materia de inmoralidad y obscenidad, como en el caso de la homosexualidad. Con todo, la obra fue censurada al considerar que, aun siendo para adultos, afectaba altamente la sensibilidad de éstos.

Otro de los precedentes memorables fue la censura en los Estados Unidos de Lady Chattterly’s Lover (Commonwealth v. Delacey 8171 N.E. 544 Mass. 1930), del escritor inglés D. H. Lawrence. Al principio el juez ordenó que el caso fuera conocido con el nombre de Delacey porque temía que el propio personal de su juzgado corriera a comprar la obra. A partir de entonces, en los Estados Unidos las obras literarias deben ser consideradas en su conjunto y evaluarse conforme a criterios actualizados en relación con los conceptos de decencia y moralidad, pero también con base en los méritos artísticos, científicos o literarios. Este mismo criterio prevaleció en la censura de Ulysses (72. F. 2d. 705 2d. Cir. 1934), de James Joyce, y en la de Forever Amber ( 81. N.E. 2d. 663 Mass. 1948), de Kathleen Winsor.

Como consecuencia del cambio de mentalidad referido se habían creado las condiciones para que la Suprema Corte de los Estados Unidos variara finalmente el criterio Hicklin: el nuevo fue adoptado por la Corte estadunidense en el precedente Roth vs. United States (354 U.S. 476. 1957); así, dicha instancia rechazó la idea de que se catalogara como personas susceptibles a las mujeres y a los niños, o que pudieran resultar escandalizadas o corrompidas por su exposición a material considerado pecaminoso. Si bien era cierto que algunos editores podían hacer mal uso  del contenido sensible de una obra, de ello no podía colegirse que ésta fuera obscena.

El citado criterio quedó corroborado por el precedente Miller (Miller v. California 413 U.S. 15. 1973), según el cual para que una obra pueda ser considerada obscena, tiene que ser evaluada en su conjunto, en tanto que el lector promedio debe ser evaluado conforme a los estándares de su propia comunidad. De acuerdo con el mismo criterio, la obra literaria debe abstenerse de describir conductas sexuales de manera ofensiva y reflejar en su conjunto valores literarios, artísticos, políticos o científicos serios. La carga de la prueba queda en manos de la parte acusadora.

No es de extrañarse que en Francia no abunde jurisprudencia en materia de censura. En el marco del sistema jurídico de ese país, una simple orden administrativa bastaba para censurar una obra; a su vez, el autor podía recurrir al Consejo de Estado para interponer un recurso que, por lo demás, se convertía en un procedimiento tortuoso y prolongado. En julio de 1949 Francia promulgó la ley relativa a las lecturas destinadas a la juventud, que alcanzó su punto culminante en 1957 y que, para fortuna, se reformó en 2011. Al amparo de esa ley fueron censuradas novelas como Éden, Éden, Éden, de Pierre Guyotat; Le Château de Cène, de Bernard Noel; J’irai cracher sur vos tombes y Les Morts ont tous la même peau, de Boris Vian (Vernon Sullivan); la antimilitarista Diable au corps, de Claude Autant-Lara, y aun la pieza de teatro costumbrista Les Paravents, de Jean Genet.

El tratamiento de problemas sociales ha resultado también de una gran incomodidad para los Estados. En 1828, en Francia se instaló una comisión encargada de analizar obras dramáticas; fue presidida por Charles Brifaut, quien se convirtió rápidamente en el gran censor de Víctor Hugo al condenar creaciones suyas como Marion Delorme, Hernani y Les Misérables.

En nuestra época la obra To Kill a Mockingbird, de la estadunidense Harper Lee, distinguida con el Premio Pulitzer, ha sido fuertemente censurada por la irreverencia de sus personajes y por la descarnada descripción que hace del racismo cotidiano. Esta novela sigue sin figurar en la mayoría de las bibliotecas públicas de los Estados Unidos.

 

Epílogo

 

En México, la reforma constitucional reseñada revierte la ecuación en materia de libertad de lectura al situar a ésta como principio general, en tanto que la censura se ubica como la excepción. Esto es, la libertad de la lectura ha dejado de ser una peripecia. Este análisis no puede soslayar que la censura está vinculada a la clase dominante, interesada en ejercer su poder político o social para controlar las formas de pensamiento, tanto en lo colectivo como en lo individual, con el fin de propagar sus propias convicciones o erradicar las que resulten contrarias a sus intereses; con ello, en suma, busca preservar el poder en contraposición a una sociedad que busca liberarse de ataduras. A la clase dominante le preocupa que el ciudadano ilustrado sea cada vez menos vulnerable a los conjuros de la retórica burocrática o mediática (Joseph Brodsky).

Parafraseando a Boris Brodsky en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura en 1987,  a los mandarines culturales les debe quedar claro que el crimen mayor en la cultura es el desprecio al libro expresado en la ausencia de la lectura. El poeta ruso advierte que la persona que comete este crimen lo paga con toda su vida; pero si es una nación la que lo comete, lo paga con su historia.

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*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas

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