La ejecución del general de división Jorge Juárez Loera, ocurrida en mayo de 2011 por planes que nacieron en el entorno del Ejército, está relacionada con empresas proveedoras de la Sedena que pertenecen a militares en retiro. Según testimonios, en ese caso estaba en juego una cifra multimillonaria. Aunque la acusada de haber pagado por el crimen se encuentra en la cárcel junto con los dos ejecutores, uno de los llamados “autores cooperadores” fue asesinado y otro está desaparecido. El entonces secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, había quitado el puesto de oficial mayor a Juárez Loera poco antes de pasarlo a retiro… MÉXICO, D.F. (Proceso).- El sábado 21 de mayo de 2011, el general de división Jorge Juárez Loera, quien apenas unos días atrás se había retirado del Ejército, emprendió camino a su casa de Ciudad Satélite. Iba en su auto Mini Cooper color plata. Sin que se percatara, un Jetta blanco lo seguía desde que salió del fraccionamiento Jardines de Santa Mónica, en el Estado de México. Los dos ocupantes del vehículo Volkswagen lo alcanzaron sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, a la altura de Plaza Satélite. Fingieron un percance al pegarle por detrás. El general se orilló en la incorporación a Circuito del Parque, ya cerca de su casa. Bajó a reclamarles y los hombres del Jetta se disculparon. Le dijeron que revisara qué le había pasado al coche. Ellos pagarían los daños. El tercero al mando del Ejército durante un tramo del sexenio pasado, que enfrentó a Los Zetas en su bastión de Coahuila, se dirigió a la parte trasera del Mini Cooper para ver si abría la cajuela. Cuando se agachaba, uno de los hombres le disparó en la nuca. El general murió en el acto. La bala siguió su trayectoria, y atravesó hasta el asiento del conductor. Arturo Ramírez Lora y Erick Édgar Hernández Ascencio habían cumplido su parte. Les pagaron 20 mil pesos. Desconocían que sus contratantes, Antonio Martínez Torrijos e Isaías Aarón García Estrada, un cobrador de cuentas en la zona de Nicolás Romero, se habían quedado con medio millón de pesos, 250 mil cada uno, según las acusaciones. El plan de la ejecución había salido del propio entorno del Ejército. Los cuatro habían sido contactados por Luz del Carmen Solares de la Rosa, hija de un exmilitar contratista de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en cuyas empresas está asociado con otros generales retirados. Según la acusación, fue ella quien pagó para asesinar al divisionario en medio de una disputa por una millonaria comisión, resultado de un contrato de uniformes deportivos con la Sedena. A todos los involucrados, incluida Solares de la Rosa, los detuvieron en el curso de un año. De los cinco implicados, los dos autores materiales siguen en la cárcel, pero sólo Hernández Ascencio ha sido sentenciado a 29 años de prisión. A Ramírez Lora, apenas el pasado 12 de febrero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó un amparo con el que pretendía no ser vinculado al proceso. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1947, ya en circulación)