MÉXICO, D.F. (apro).- Hace dos años, el periodista Antonio Heras, colaborador de esta agencia, fue golpeado y amenazado por un sujeto identificado como Óscar Adrián Meza Villavicencio, en plena vía pública de Mexicali, Baja California. Por esos hechos, Heras presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), a cargo entonces de Rommel Romero Manjarrez, que nunca hizo lo que la ley le marca: investigar y castigar al presunto agresor. Peor aún, el reportero agraviado acaba de enterarse de que la PGJ acaba de archivar el expediente. El día de los hechos, Heras se dirigía en su auto a su casa para redactar una nota sobre declaraciones del exgobernador Eugenio Elorduy en relación con señalamientos del Congreso de Baja California que lo involucraban en actividades ilícitas. Un vehículo lo interceptó y se produjo una persecución por la calzada L. Montejano, que culminó con una golpiza al reportero. “Una madriza”, dijo Carmen Aristegui en el encuentro nacional convocado por la casa de los Derechos de los Periodistas en 2013. La denuncia se presentó el 24 de febrero de 2012 en la PGJ de Baja California dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal y de manera paralela se presentó una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana. La CNDH atrajo la investigación y se presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión que, a su vez, presentó el expediente ante un juzgado del Poder Judicial de la Federación, con sede en Mexicali, donde el asunto fue desechado por la juez por considerar que la agresión es un delito del fuero común. Sin embargo, la querella fue dejada en el limbo: ni la PGR ni la PGJ se hicieron cargo de la investigación, a pesar de que el agresor se declaró culpable del ilícito. Meza Villavicencio justificó su acción porque, desde su óptica personal, Heras es “un periodista prepotente y borracho”. El procurador Moreno desde el inicio desestimó la agresión: Inicialmente, arguyó que se trataba de un supuesto asunto personal. Sin embargo, después cambio su versión y sostuvo que se trató de una agresión por riña. La entonces subprocuradora de Justicia, María Elena Andrade, y el director de Averiguaciones Previas, Jorge Buenrostro, se reunieron de manera comedida con el agresor para recomendarle que asumiera los gastos médicos y que declarara que la agresión al periodista fue producto de una pelea entre particulares. –¿En calidad de qué compareció con ustedes?, se le preguntó. –Jorge (Buenrostro) fue por él a su oficina y se sentó a platicar con nosotros de manera informal, le dije que podría llegar a un acuerdo, pero debía pagar las lesiones porque íbamos a determinar que se trataba de agresión por riña para que nadie tuviera problemas y se otorgara el perdón–, respondió la subprocuradora. “Ya sé quién es mi agresor, le puedo otorgar el perdón, a cambio que me diga quién me mandó golpear”, le dijo el periodista a la funcionaria, que sólo agachó la cabeza. “Tú y yo siempre nos hemos llevado bien. No sé por qué el procurador (Rommel Moreno) hace esas declaraciones”, trató de justificar la funcionaria. Andrade se refería a las declaraciones de Rommel Moreno de que  la agresión fue “por riña como se determinó en la mecánica de los hechos, y a partir de la declaración del agresor”, declaró a Uniradio en Tijuana, y agregó que “habría que diferenciar cuando una agresión es personal porque .en este caso el periodista no realizaba trabajos reporteriles pues iba en camino a su casa”. La identidad del agresor fue producto de una investigación periodística realizada por el propio ofendido. Se trata de Óscar Adrián Meza Villavicencio, entonces de 31 años, originario de La Paz, Baja California Sur, y residente en Mexicali desde 2010. Heras encontró en las redes sociales una foto de su agresor con un rifle de asalto R-15,  calibre .9 mm y una pistola escuadra, armas de cargo de la Policía Ministerial del Estado. Un perito sostuvo que por su forma de pararse y de tomar el rifle (con el dedo fuera del gatillo) conoce del manejo de armas. Meza era asiduo asistente a las reuniones personales y de solaz esparcimiento convocadas en honor a Rommel Moreno Manjarrez en sitios privados de Mexicali, entre ellos hoteles de cinco estrellas contratados con recursos de la PGJ.