CHILPANCINGO, Gro., (apro).- El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó el hecho de que las autoridades de los tres niveles tengan conocimiento de la existencia de una banda delincuencial que opera impunemente en Chilapa y no hagan nada para revertir la situación de inseguridad que se vive en esta zona baja de la Montaña guerrerense. El activista dijo que es de conocimiento público que desde hace poco más de dos años la delincuencia tiene el control del tramo de la carretera federal que conecta Tlapa con Chilapa, donde el miércoles 12 fue interceptado y atracado por un grupo armado, donde no sólo asaltan a los automovilistas, sino que han desaparecido y asesinado a personas. En entrevista, Barrera Hernández consideró que fue “afortunado” porque los criminales sólo le robaron la camioneta donde viajaba con el abogado de la ONG, Santiago Aguirre, así como dinero, teléfonos móviles y equipo de cómputo. “No es posible que a pesar de que existen decenas de denuncias ante autoridades ministeriales, el gobierno no actúa a pesar de que tienen identificado al grupo delincuencial y su modus operandi”, expresó el director de Tlachinollan. También dijo que el nivel de impunidad y violencia que se vive en Chilapa ha obligado a los ciudadanos de Tlapa a viajar durante el día por la carretera federal que conecta la Montaña con la zona Centro de la entidad, porque de noche es un hecho de que te “asalten vilmente”. Por ello, insistió en reprochar la indolencia gubernamental frente al grupo delictivo que tiene controlado el municipio de Chilapa, donde “la ley del que delinque está por encima de las autoridades que no hacen nada por garantizar a la sociedad el libre tránsito por las vías federales”, indicó. Desde el año pasado, Proceso ha documentado una serie de casos donde las autoridades han reconocido la existencia de una célula delincuencial al servicio de la banda de Los Rojos, la cual opera impunemente en Chilapa bajo el manto protector de las autoridades locales. Barrera Hernández narró a Apro que el miércoles por la tarde salió de Tlapa a bordo de una camioneta de la ONG, rumbo a esta capital acompañado por el abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre. Cerca de las 20:30, en las inmediaciones del poblado de Papaxtla, municipio de Chilapa los activistas fueron interceptados por tres sujetos armados, dos adultos y un menor, quienes se desplazaban en una camioneta. Amagando con sus armas, los delincuentes obligaron a los activistas a salirse de la carretera y frenar la marcha de su vehículo. Enseguida, los miembros de Tlachinollan fueron sometidos, los tiraron al piso y les amarraron las manos. En tanto, el sujeto que lideraba al grupo accionó su arma contra el piso para demostrar que estaba decidido a todo, refirió Barrera Hernández. Uno de los cómplices se llevó la camioneta de la ONG y los otros dos delincuentes trasladaron a los activistas a una brecha ubicada 500 metros de la vía federal, donde les ordenaron que permanecieran en el lugar, que no denunciaran nada y, en caso de que desobedecieran, los iban a matar. Enseguida, los ladrones se retiraron del lugar a bordo de la camioneta en la que viajaban y después de esperar unos minutos, Abel Barrea y el abogado se desataron y caminaron hacia la carretera, donde fueron ignorados por otros automovilistas que circulaban por la vía, a pesar de los llamados de auxilio de las víctimas. Finalmente, una hora después, un grupo de policías municipales que patrullaba la zona auxilió a los activistas, quienes fueron trasladados a la cabecera de Chilapa, donde presentaron una denuncia por robo ante autoridades ministeriales. Al respecto, Abel Barrera consideró que en el municipio de Chilapa se vive una “situación de excepción”, debido a que las autoridades “han cedido territorios a la delincuencia”. Esta situación ha provocado que la sociedad sea rehén de la delincuencia que opera impunemente y que atenta contra la vida, la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos, señaló el director de Tlachinollan. El activista consideró que en su caso afortunadamente se trató de un “vil atraco”, a diferencia de la suerte que han corrido otras víctimas de la banda delincuencial afincada en Chilapa.