Triunfar en Juegos Olímpicos o en competencias mundiales se ha convertido en una llave para ingresar a la política... y a la transa. Atletas como Tatiana Ortiz, Ana Gabriela Guevara, El Tibio Muñoz y Bernardo Segura han afrontado –e incluso perdido– juicios por delitos que van del tráfico de influencias a la extorsión. Es un fenómeno que la mayoría de los partidos políticos fomenta: racimos de deportistas logran grandes puestos sin tener ni idea de administración pública y entregando irregularidades como únicos resultados.   MÉXICO, D.F. (Proceso).-Ser medallista olímpico en México es, casi siempre, la llave para entrar a la política. Después de la gloria deportiva, el destino de la mayoría de los atletas, hombres y mujeres, está en los partidos políticos. Con el pretexto de que nadie los prepara para el retiro, se descuidan físicamente y se acomodan en el sillón de la burocracia. Aprovechándose de su fama y buena reputación, los medallistas han mentido, falsificado documentos, traficado con influencias políticas, evadido al fisco, extorsionado, lucrado y hecho trampas sin enfrentar consecuencias legales.   “Extorsión”: Tatiana Ortiz   Desde su retiro de la actividad deportiva, Tatiana Ortiz Galicia, ganadora de bronce en Beijing 2008, ha protagonizado dos escándalos en sus andanzas en el negocio del modelaje y la política. El 11 de febrero pasado la Contraloría del Estado de México confirmó que abrió un expediente para investigar a Ortiz Galicia, quien se desempeña como sexta regidora del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, por hechos posiblemente constitutivos del delito de extorsión, abuso de autoridad, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito –en sus grados consumados o de tentativa– y lo que resulte. El contralor del organismo mexiquense, Victoriano Barrios Dávalos, detalló a medios de comunicación locales que el demandante, José Benjamín Lara Martínez, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tlalnepantla, ratificó su denuncia promovida el pasado 29 de octubre en contra de Ortiz Galicia –quien también preside la Comisión de Juventud, Cultura Física y Deporte de ese municipio. Proceso obtuvo copia de la denuncia interpuesta por José Benjamín Lara Martínez –expediente IP-Q/DVM/116/2013–, la cual está pendiente de resolución. Ahí se relata que el 23 de enero de 2013 Ortiz lo mandó llamar para “aparentemente regularizar la autorización de uso y aprovechamiento de las instalaciones deportivas y, con ello, la situación legal del gimnasio Santa Cecilia, ubicado en la colonia del mismo nombre”. Lara Martínez cuenta que Tatiana Ortiz le refirió que José María Cabrera Palacios, responsable del gimnasio en la administración anterior, tenía un adeudo pendiente con el ayuntamiento por concepto de rentas vencidas por un monto aproximado de 70 mil pesos. Agrega que la exdeportista le confió que había acordado con Cabrera Palacios que él le iba a entregar a ella 50 mil pesos para que el interesado continuara con el manejo del referido gimnasio. “Tatiana Ortiz me ofreció repartir ese dinero en 50%, por lo que me exigió gestionar una nueva autorización de uso, a nombre de una nueva empresa, denominada Indyma Especializada de Alta Calidad, propiedad de Cabrera Palacios. He de aclarar que no recibí dinero alguno, negándome al negocio ilícito que me proponía la regidora”. Precisa que por temor a represalias “y ante múltiples presiones de la regidora Tatiana Ortiz Galicia, dicha empresa tomó posesión en marzo de 2013”. El agraviado argumentó que Tatiana Ortiz lo volvió a citar en su oficina el 30 de agosto pasado. Según la querella, la exclavadista de extracción priista le exigió al funcionario público una cuota mensual de 30 mil pesos para permitirle operar los centros de entrenamiento locales. Ella le aseguró: “En los deportivos se están robando toda la lana”. Benjamín Lara negó tal aseveración al argumentar que personalmente supervisa el funcionamiento de esos inmuebles. “(Tatiana) me planteó: ‘Dame tres plazas de 10 mil pesos y ya te dejo de molestar’”. Lara volvió a rehusarse: “No tengo facultades para eso”. Y la exclavadista amagó, a decir del funcionario: “A mí no me van a correr. El hilo se rompe por lo más delgado, y al que van a correr es a ti. No me interesa cómo lo manejes, pero tú a mí me tienes que dar a fin de mes 2 mil pesos por cada deportivo y mil pesos por cada módulo. O sea, cada fin de mes me vas a dar 30 mil pesos”. “Oye, no, regidora. ¿Cómo cree que voy a hacer eso? ¿De dónde voy a sacar eso?”, insistió el agraviado. A partir de la denuncia, la Contraloría del Estado de México dispone de 120 días para dar una resolución. “Si hay elementos, continuará el proceso en la contraloría central, o de lo contrario se archivará”, explicó el contralor del organismo mexiquense, Victoriano Barrios. Ortiz, quien ganó medalla de bronce junto con Paola Espinosa en plataforma de 10 metros sincronizados, también fue acusada en abril de 2010 de defraudar a un grupo de edecanes y a la agencia de modelos Lime Cast por incumplimiento de pagos por un monto superior al medio millón de pesos (Proceso 1816). Tras su retiro, Ortiz Galicia fundó la Promotora Deportiva, Cultural y Social Promostars Orsa, S.C., en sociedad con Ulises Jaime Salazar Moreno. A través de esta empresa, Tatiana y su socio contrataron a un grupo de modelos y edecanes a quienes, hasta la fecha, no han cubierto sus salarios, de acuerdo con el dicho de la modelo Vania Álvarez, a pesar de que el 10 de mayo de 2010 el juez tercero de lo Civil de Tlalnepantla, Bernardo Álvarez Morales, condenó al socio de la exclavadista a pagar 257 mil 88 pesos por intereses moratorios generados por dos pagarés que Salazar Moreno firmó el 8 de abril de ese año a favor de Sandra Hernández Rivero, Vania Álvarez Sánchez y Vania Villalón Canan.   “Evasión fiscal”: Ana Guevara   La velocista Ana Gabriela Guevara se retiró a principios de 2008, en medio de un escándalo por haber denunciado al entonces presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Mariano Lara Tijerina, de cobrar doble, puesto que para el Mundial Osaka 2007 recibió dinero del gobierno federal y también de la federación internacional de ese deporte. Guevara se dijo indignada y harta de los manejos abusivos y corruptos no sólo de Lara, sino de los presidentes que lo antecedieron. Al retirarse aseguró que se prepararía académicamente para, en el futuro, poder servir a México a través del deporte. Su promesa quedó sólo en discurso. Gracias a su amistad con el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a mediados de ese año la medallista de plata en Atenas 2004 en la prueba de 400 metros fue nombrada directora del Deporte en la Ciudad de México. Para empujarla en el inicio de su carrera política, el gobierno local promovió una campaña con el lema “Yo sí soy capaz”. No había cumplido ni ocho meses al frente de la dependencia –en la que dio trabajo a sus amigas Eunice Romero, la edecán Ana Laura Bernal y su fisiatra, María de la Luz Chávez– cuando en febrero de 2009 renunció para ser candidata por el PRD a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, elección que perdió ante Demetrio Sodi, del PAN (Proceso 1721). El cargo se lo heredó a su amiga Ana Laura Bernal, quien quedó como encargada del despacho. Un par de meses después abandonó el puesto porque se embarazó. En marzo de 2009, Proceso publicó que Guevara había sido requerida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que se pusiera al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, con las cuales no había cumplido desde 2005. Como la exatleta ignoró los avisos y notificaciones para cubrir un adeudo de poco más de 600 mil pesos, en octubre de 2006 la dependencia hacendaria ordenó a cinco instituciones bancarias que congelaran igual número de cuentas de la exvelocista. Ana Guevara pidió al presidente Vicente Fox que la ayudara a salir del problema. En cuestión de días, sus cuentas fueron descongeladas y aparentemente sus problemas fiscales quedaron solventados (Proceso 1688). La relación con los panistas se extendió hasta el sexenio de Felipe Calderón, de tal suerte que fue Guevara la que dio el espaldarazo para que el presidente nombrara a Carlos Hermosillo al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Cuando Ana Gabriela se distanció de Hermosillo, públicamente pidió a Calderón y a la entonces secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, que destituyeran al exfutbolista porque el puesto le había “quedado grande”. Guevara fue ignorada y en declaraciones a la prensa arremetió contra Calderón y Vázquez Mota. A principios de 2012, cuando la exdeportista fue destapada por Andrés Manuel López Obrador como candidata a senadora del Partido del Trabajo por Sonora, el diario Reforma publicó que la Procuraduría General de la República (PGR) había girado una orden de aprehensión en su contra por el caso pendiente de defraudación fiscal que data de 2005. En marzo de 2012, el juez décimo quinto de Distrito en Procesos Penales del Distrito Federal, Ranulfo Castillo, le dictó auto de formal prisión por el delito de defraudación fiscal. Sin embargo, por tratarse de un delito considerado como no grave, la medallista pagó 100 mil pesos de fianza y pudo llevar su proceso en libertad. Seis meses después tomó protesta como senadora, cargo que ostentará hasta 2018 si es que no renuncia antes para lanzarse como candidata del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) a la gubernatura de Sonora.   “Negligencia”: Felipe Muñoz   Sin ser amplio favorito, Felipe El Tibio Muñoz conquistó la presea de oro en los Juegos Olímpicos de México 68 en los 200 metros nado de pecho. Eran los tiempos del presidente Gustavo Díaz Ordaz, personaje central en la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de ese año, quien inspiró una profunda admiración en aquel nadador de apenas 17 años –según confesó el medallista olímpico tiempo después. Después de su logro, Muñoz fue recibido en Los Pinos por el entonces presidente. En 2005, en una entrevista con la periodista Eugenia Valdez, conductora del programa El arte de ganar, el otrora nadador reveló que en la reunión con Díaz Ordaz tocó el tema de la masacre estudiantil y que el mandatario le dijo que había sido necesaria para poner en paz a México y cumplir así con el compromiso olímpico. Muñoz dijo a Valdez que quedó satisfecho con la justificación del presidente y estuvo de acuerdo con él porque los Juegos Olímpicos tenían que salir bien a como diera lugar. En 1985, y hasta 2001, el exatleta presidió la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme). En marzo de 2004, la Secretaría de la Función Pública (SFP) revisó las cuentas públicas de los años 1999 y 2000 de la Codeme y encontró “administrativamente responsable” a Muñoz de disponer de forma indebida, durante su gestión al frente de esa dependencia deportiva, de 4 millones 583 mil pesos para pagar bonos bimestrales a los empleados de esa asociación civil (Proceso 1473). Fue inhabilitado 10 años para desempeñar cualquier cargo en el gobierno. Además se le impuso una multa de 4 millones 396 mil 139 pesos, que nunca pagó. De larga militancia priista, Muñoz fue diputado federal por ese partido en la LV Legislatura, entre 1991 y 1994, y presidió el Comité Olímpico Mexicano de 2001 a 2012, por encargo de Mario Vázquez Raña. Precisamente su inhabilitación se produjo en pleno encono por el poder del deporte amateur entre Mario Vázquez y Nelson Vargas, el entonces hombre fuerte en la Conade. El expediente de Felipe El Tibio Muñoz aparece en el sitio de internet del Sistema de Registros de Servidores Públicos Sancionados de la SFP, disponible en rsps.gob.mx/Sancionados/publica/buscapublicas.jsp. En el rubro de la sanción impuesta se ordenan la inhabilitación y la multa con el expediente CI/AR/CND/012/2002 del 31 de marzo 2004, por “negligencia administrativa”. Si bien no ha ostentado ningún cargo público, Muñoz sí manejó recursos federales a través de los montos que dos exdirectores de la Conade –Carlos Hermosillo y Bernardo de la Garza– le ministraron cuando fungía como presidente del Comité Olímpico Mexicano. La inhabilitación por 10 años del actual legislador federal por el PRI y presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados termina el próximo lunes 31.   “Abuso de poder”: Bernardo Segura   Sin importar que los medallistas olímpicos sólo hayan acabado el bachillerato, los partidos políticos suelen ofrecerles una curul –sin que ni siquiera hagan campaña– o la jefatura de alguna oficina deportiva. Después de que el marchista Bernardo Segura fuera descalificado de la prueba de 20 kilómetros en Sidney 2000, la jefa del gobierno capitalino Rosario Robles lo recibió en la explanada del Zócalo como si fuera un héroe. Segura, ganador de una presea de bronce en Atlanta 96, cruzó la meta cuatro años después en primer lugar. Sin embargo, minutos más tarde, mientras el presidente Ernesto Zedillo lo felicitaba telefónicamente y las televisoras transmitían en vivo, uno de los jueces de la competencia le enseñó la paleta roja, que invalidaba su triunfo. El gobierno perredista del Distrito Federal lo hizo medallista de facto. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo de jefe de gobierno lo premió con la Dirección del Instituto del Deporte del Distrito Federal en mayo de 2001. Pero Segura protagonizó una de las etapas más oscuras del deporte capitalino: tenía a varios de sus familiares en la nómina, una larga lista de amigos en calidad de “aviadores”, utilizaba los vehículos oficiales para llevárselos a su pueblo –San Mateo Atenco– y acarrear de un lado a otros los zapatos que vendía en el negocio familiar. Pero lo que provocó su salida fue un reporte de la embajada de Estados Unidos en México, que reclamó al gobierno capitalino una solicitud promovida por Segura. El marchista había solicitado que se agilizaran los trámites de una visa para que un grupo de “entrenadores” viajara a California, pero en realidad se trataba de un primo y de unos vendedores de tacos, amigos del exatleta. El reclamo originó que la subdirectora de Asuntos Internacionales de la Coordinación General de la oficina del jefe de gobierno, Virginia Martínez, denunciara el 18 de febrero de 2002, ante la Contraloría General, que Segura la llamó por teléfono para informarle: “Tres personas con nombres María Alejandra Hernández Gutiérrez, José Luis Ayala Hernández y Óscar Segura Nava, trabajadores por honorarios de este instituto, asistirán como entrenadores los días 8 y 9 de marzo a un campeonato de marcha en la ciudad de Chulavista, California. Por tal motivo, solicitaba a esta subdirección la ayuda correspondiente para poder tramitar sus visas respectivas”. Aunque Segura se empecinó en negar los hechos y López Obrador lo protegió, finalmente fue destituido. En enero de 2004, la Contraloría General lo inhabilitó durante un año para ocupar cargos públicos en el gobierno del Distrito Federal arguyendo tráfico de influencias. En agosto de 1999, Bernardo Segura ofreció una entrevista al diario El País en la que se describió como “atleta a medio tiempo”, pues combinaba los entrenamientos con las labores legislativas que realizaba como diputado federal por el PRD. Dijo que estaba elaborando un proyecto de ley para asegurar los derechos de los deportistas. El reportero le pidió su opinión sobre los casos de atletas de otros países que utilizaban sustancias dopantes. Segura contestó: “Gente como (Marlene) Ottey o (Javier) Sotomayor manchan la imagen del atletismo. Los patrocinadores pierden interés por un deporte coludido por la corrupción. Y el dopaje es una forma de corrupción”.   “Falsificación”: Soraya Jiménez   El 18 de septiembre de 2000, Soraya Jiménez se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro olímpica. No había pasado ni un año de la hazaña cuando la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas le impidió competir en el Mundial Universitario de Turquía 2001 pues no le validó la carta que presentó para acreditarse como pasante de la carrera de administración de empresas que supuestamente cursó en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Inicialmente Jiménez no reconoció que utilizó documentación falsa, pero días después aceptó su falta. El 4 de julio de ese año, la UNAM informó que Soraya Jiménez no aparecía en los registros de esa institución y anunció que “la historia académica, la carta de pasante y la constancia académica que fueron enviadas por fax a la Dirección General de Administración Escolar carecen de validez oficial”. Con esos documentos Jiménez pretendió aparentar que fue alumna en el mencionado plantel entre 1995 y 2000. La casa de estudios también dio a conocer que actuaría “de conformidad con los lineamientos establecidos por la legislación universitaria”. Esto significaba que daría parte a la Procuraduría General de la República (PGR), porque el uso de documentación apócrifa está tipificado como delito federal. Un día después, en conferencia de prensa, Soraya Jiménez aceptó haber utilizado documentos apócrifos y que obró de mala fe. Ofreció disculpas a la presidenta de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas (FMLP), Martha Isela Elizondo, así como a las autoridades deportivas en general por su comportamiento. La UNAM jamás presentó una denuncia ante la PGR, así que la atleta nunca fue sancionada: La falsificación o el uso de documentos falsos se investiga por querella, no de oficio. Historia de fracasos   Un día antes de que finalizaran los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Carlos Mercenario, especialista en los 50 kilómetros de caminata, se convirtió en el único atleta mexicano en ganar una medalla (plata) en el certamen. Se retiró en 2001. En octubre de 2005 fue designado director del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte (Imcufide) por Enrique Peña Nieto, entonces gobernador de esa entidad, gracias a las recomendaciones de Mario Vázquez Raña. En mayo de 2008, mientras se celebraba la Olimpiada Nacional en Nuevo León, Mercenario recibió una llamada telefónica. Peña Nieto requería su presencia en Toluca. El exmarchista abandonó Monterrey convencido de que regresaría al día siguiente. Ya no volvió: Había sido obligado a entregar el cargo bajo sospechas de irregularidades y requerimientos del Órgano Interno de Control. El gobierno del Estado de México oficializó el 15 de mayo de ese año el cese de Mercenario. Otro medallista olímpico, el clavadista Jesús Mena (bronce en Seúl 88), asumió la titularidad del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte (Imcufide) antes que Mercenario, apadrinado por el entonces gobernador Arturo Montiel. Al igual que el exmarchista, renunció antes de que concluyera su encargo, pero a cambio obtuvo del mandatario su gran recompensa: recibió una de las 25 notarías públicas que repartió el mandatario. Mena se convirtió en el notario público número 137 en Cuautitlán Izcalli. Como Mena, el exfutbolista Crisóforo Zárate Machuca también encabezó el Imcufide dos veces. Y así describió el fallido intento de Mercenario y Mena en el referido instituto: “No se puede considerar a personas que han tenido logros olímpicos o mundiales como dirigentes deportivos, ya que no tienen la capacidad para manejar un cargo así. Piensan que con una medalla olímpica pueden sacar adelante al deporte. Esas personas son ignorantes”, fustigó el exfuncionario en la prensa mexiquense tras la destitución de Mercenario. En noviembre de 2011, Mena regresó a dirigir el Imcufide, ya durante la administración de Eruviel Ávila. Pero su gestión fue efímera, pues en diciembre de 2012 se oficializó su ascenso a la Dirección de la Conade. De su inconclusa labor en el deporte mexiquense, Mena dejó dudas, pendientes y sospechas de su desempeño. En diciembre de 2012, este semanario, en su edición 1884, documentó que el exclavadista incurrió en un subejercicio y fue obligado a devolver a la Tesorería de la Federación 24 millones 633 mil pesos. Durante los 16 meses que lleva al frente del deporte nacional ni siquiera ha entregado su Programa Nacional de Cultura Física y Deporte. Además, de manera paralela a la gestión de Mena, Peña Nieto contrató al exfutbolista argentino Jorge Valdano y un grupo de consultores españoles para diseñar el proyecto deportivo que se ejecutará durante su sexenio. Otro marchista, Raúl González –medalla de oro y de plata en Los Ángeles 84–, fue responsable de Fomento Deportivo del PRI después de la justa olímpica, cobijado por su amigo Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, quien apenas llegó a Los Pinos lo puso al frente de la recién creada Comisión Nacional del Deporte. Después de cerrar su ciclo en la Conade, González transitó por un camino de altibajos: fue presidente de la Liga Mexicana de Beisbol y del equipo Olmecas de Tabasco. Buscó sin éxito la presidencia de la Federación Mexicana de Atletismo y desde hace algunos años combina su actividad de entrenador de caminata y de comentarista deportivo de TV Azteca. Ernesto Canto –medalla de oro en 20 kilómetros en la marcha disputada en Los Ángeles 84– también ha pasado por el gobierno: sin dejar huella fue director adjunto de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM, titular de la División de Cultura Física y Deporte del IMSS, encargado del área de Actividades Deportivas del ISSSTE y también de la PGR. Participó activamente en la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa, partido en el que nunca ha tenido un cargo de relevancia. Otros medallistas olímpicos que están vinculados con partidos políticos y gracias a ello han obtenido cargos de menor o mayor calado son los taekwondistas Víctor Estrada –diputado local por el Panal en el Estado de México– e Iridia Salazar, militante panista. Fue diputada federal por el Distrito 8 con cabecera en Morelia, en sustitución de Alfonso Martínez Alcázar, quien solicitó licencia. Gracias a sus relaciones con el PRI, la ciclista Belem Guerrero se desempeña como secretaria del Deporte del Estado de México; Fernando Platas es director del Imcufide; Carlos Girón fue diputado federal a principios de los noventa y luego candidato a delegado por la delegación Miguel Hidalgo, y el marchista Joel Sánchez dirigió el deporte en la delegación Azcapotzalco, sin que hasta ahora hayan aportado un beneficio tangible.