MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) interpusieron dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho Código –que entrará en vigor en enero de 2015– regirá las investigaciones criminales y los procesos orales en todo el país. Los recursos de inconstitucionalidad se recibieron en la Oficialía de Partes de la SCJN. De acuerdo con el procedimiento legal, deberán ser llevadas al ministerio de turno y éste elaborará el proyecto para ser sometido al pleno para su resolución. La intención de la CNDH es que la Corte declare inconstitucional 13 artículos del nuevo Código, relacionados con la geolocalización sin orden judicial de celulares y equipos de cómputo, las atribuciones a policías de investigación y las medidas cautelares que pueden imponerse contra quienes sean acusados de algún delito. La impugnación también incluye el artículo 155 que enumera las 14 medidas cautelares que los jueces están facultados a imponer a los procesados, entre ellas, la obligación del reo de presentarse periódicamente ante el juez, la exhibición de garantías económicas y el embargo de bienes, la prohibición de concurrir a ciertos lugares o reuniones, la separación del domicilio y la colocación de localizadores electrónicos, entre otras medidas. La CNDH impugnó también los artículos relacionados con las facultades del Ministerio Público para asegurar cuentas y llevar el registro forzoso de detenidos que no cooperen, así como las atribuciones de los jueces para mantener el orden en las audiencias, incluido el arresto hasta por 15 días, y las actuaciones de investigación que no requerirán permiso de los jueces de control. Según el organismo defensor, las operaciones encubiertas, las entrevistas a testigos y las revisiones corporales, no pueden realizarse sin control judicial. En general, para la CNDH el Código Nacional de Procedimientos Penales es violatorio de los derechos humanos. El argumento del IFAI se refiere a la inconstitucionalidad de sólo un artículo, el 303 del Código Nacional, que faculta a las procuradurías ordenar a las empresas concesionarias de telecomunicaciones la geolocalización de aparatos electrónicos relacionados con la investigación de un delito. También les permite preservar los datos hasta por 90 días en los casos de delitos relacionados o cometidos con medios informáticos. Según su consideración, ello viola la protección de los datos personales. El enero pasado, los ministros del máximo tribunal del país avalaron –por ocho votos contra tres– la llamada ley de geolocalización. Esta norma permite a la Procuraduría General de la República (PGR) ubicar teléfonos celulares relacionados con crímenes sin necesidad de una orden judicial y sólo en caso de que se muestre que la víctima corre peligro, o sea de “extrema urgencia”. El argumento de los ministros fue que dicha ley es una medida “indispensable” para que la PGR persiga delitos graves como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, así como para la protección de las víctimas. El Código Nacional de Procedimientos Penales se publicó el 5 de marzo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con la intención de unificar los procedimientos penales federales y estatales de manera gradual a más tardar el 18 de junio de 2016.