COLIMA, Col. (apro).- Directivos del Ejido Canoas, del municipio de Manzanillo, presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una denuncia contra la empresa minera RM Pacific Group S.A. de C.V., a la que acusaron de “ecocidio”, derivado del inicio de las actividades de extracción de hierro del lote denominado “Eva”, por el lado de la comunidad El Arrayanal. Encabezados por el presidente del comisariado ejidal, Manuel Campos Muñoz, 23 ejidatarios se entrevistaron hoy con el delegado de la dependencia federal, Ciro Hurtado Ramos, a quien pidieron su intervención para detener los trabajos, pues de continuar –alertaron– resultarán afectados sus cultivos, y el agua de río y de los manantiales que no sólo benefician a Canoas, sino a comunidades como Huizcolote, El Ciruelito, Cedros, El Llano, La Marina y Loma de Ávila Camacho, entre otras. También cuestionaron el otorgamiento de permisos a la empresa para el derribo de árboles en la zona, y entregaron a Hurtado Ramos fotografías en las que se presume el daño ambiental. El funcionario aclaró que la delegación a su cargo no expide ningún tipo de autorizaciones ni permisos, y se comprometió ante los ejidatarios a investigar el hecho a través de una visita de inspección, tanto a la comunidad de Canoas como a El Arrayanal, así como dar el seguimiento correspondiente en el ámbito de su competencia. Advirtió que si el proyecto minero no cuenta con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el derribo de árboles, no sólo se detendrá esa actividad por parte de la Profepa, sino que se aplicarán las multas y medidas de mitigación o restauración a que haya lugar, al igual que si fuere el caso de la extracción de mineral de hierro, aunque aclaró que corresponderá a otras instancias determinar, con base en sus facultades, si la mina operará o no. A principios de enero pasado los ejidatarios de Canoas bloquearon el camino para impedir el paso a los camiones de la empresa que pretendía iniciar los trabajos. La movilización recibió el apoyo de diversos sectores, incluidos grupos ambientalistas y el Congreso local, que emitió un punto de acuerdo en el que exhortó a las autoridades a no conceder permisos para la operación minera en esa zona. Además, en una asamblea los ejidatarios declararon a Canoas como “Territorio libre de minería”, aunque desde abril de 2013 la Semarnat había otorgado la autorización ambiental a la empresa, y el delegado de esa dependencia, Ernesto Pasarín Tapia, declaró que sí podía trabajar porque el lote se encuentra en un terreno que no pertenece al ejido. Curiosamente la misma dependencia federal, durante el periodo del delegado anterior, ya había negado el permiso de explotación minera en ese lugar. Y ante la negativa de los ejidatarios de Canoas para dejar pasar los camiones de carga por su comunidad, la empresa optó por iniciar los trabajos desde El Arrayanal.