Historia de una matanza delirante

Fue necesario que unos socios de Miguel Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales, capos de Los Zetas, declararan como testigos de la fiscalía en el juicio que se sigue en Austin, Texas, contra su hermano José Treviño. En sus testimonios salió a la luz que pueblos del norte de Coahuila fueron tomados por Los Zetas para exterminar a todas las familias de apellidos Villanueva y Garza, así como a sus trabajadores, con una saña delirante. Ninguna autoridad mexicana se atrevió a informar de ello en su momento, pero en febrero último comenzaron a encontrarse los restos de decenas de personas que se consideraban desaparecidas.

 

ALLENDE, COAH.- Por largo tiempo el miedo acalló a esta población del norte de Coahuila. Ni siquiera el gobierno estatal se atrevía a indagar lo que significó el dominio de Los Zetas en la región. Sólo ahora, tres años después, confirma que más de 400 personas fueron masacradas en la zona por la organización delictiva durante la “guerra” que el gobierno de Felipe Calderón declaró al narcotráfico.

Las disputas internas del cártel hicieron de Allende escenario de venganzas, y del Centro de Readaptación Social (Cereso) de la vecina Piedras Negras un horno crematorio donde incineraron aproximadamente a un centenar de personas.

Los gruesos barrotes, las pesadas puertas y los guardias de la prisión no impidieron que 129 zetas se fugaran por la puerta principal en septiembre de 2012. Tampoco obstaculizaron al grupo criminal meses antes, cuando introdujeron cadáveres al presidio para desaparecerlos, según los testimonios recientemente obtenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC).

Al revés de lo que ocurrió en San Fernando, Tamaulipas, donde las víctimas fueron migrantes y jóvenes mexicanos sin recursos que viajaban en autobuses a la frontera con Estados Unidos, la tragedia de Allende y Nava, en marzo de 2011, fue provocada por una venganza de Miguel Ángel Treviño, líder de Los Zetas, contra familias que prácticamente eran dueñas de esos pueblos que forman parte de la región del norte de Coahuila conocida como Cinco Manantiales.

Quienes desataron la ira de Miguel Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales, Z-40 y Z-42 respectivamente, fueron sus socios Héctor Moreno Villanueva, El Negro, de aproximadamente 35 años, y José Luis Garza Gaytán, La Guichina, de unos 30.

Moreno Villanueva y Garza Gaytán pertenecen a familias adineradas y estudiaron en prestigiosas escuelas privadas de Nuevo León: Garza Gaytán se graduó en la Universidad Regiomontana y Moreno dejó truncos sus estudios de agronomía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Cuando regresaron a sus tierras operaron primero como narcotraficantes autónomos y posteriormente fueron reclutados por Los Zetas.

La familia de Moreno Villanueva poseía en Nava y Allende una importante línea de autotransporte, la concesión para distribuir los productos de la Cervecería Modelo en toda la región, varios ranchos con ganado y numerosas residencias. Cuando ya se había integrado a Los Zetas, Moreno mandó construir en Nava un gran rancho para albergar alrededor de 300 gallos de pelea y adquirió decenas de caballos Cuarto de Milla.

En Allende, un pueblo de alrededor de 22 mil habitantes, recuerdan a Héctor conduciendo una cuatrimoto, que pronto cambió por una camioneta blindada de doble cabina que solía conducir ebrio, acompañado de bellas mujeres y protegido por varios escoltas.

La familia Garza Gaytán también era dueña de negocios, ranchos y comercios. José Luis Garza salió muy joven de Allende para estudiar en Monterrey. Al terminar su carrera regresó a la región de Cinco Manantiales.

Los Zetas llegaron al norte de Coahuila en 2007, como avanzada del Cártel del Golfo; establecieron su sede en Piedras Negras y nombraron jefe de plaza a Lucio Hernández Lechuga, El Lucky. Como segundo al mando quedó un capo local que desde tiempo atrás operaba por su cuenta: Mario Alfonso Cuéllar, conocido como Poncho.

 

Revelaciones en Austin

 

Las operaciones de narcotráfico en la zona fueron contadas por sus propios protagonistas en el juicio que se le siguió en Austin, Texas, a José Treviño Morales, hermano mayor de Miguel Ángel y Omar Alejandro, y quien lavaba el dinero de Los Zetas en Estados Unidos. En ese proceso Moreno, Cuéllar y Enrique Rejón Aguilar –El Mamito, tercero en el mando de la organización– declararon como testigos de la fiscalía en abril de 2013.

“Tras arribar a la región norte de Coahuila, Los Zetas impusieron el modelo de Alejandro Magno cuando conquistó el imperio persa”, dijo Poncho Cuéllar al jurado. Explicó que, después de someter a los persas, Alejandro no impuso a sus allegados en el poder, sino que dejó a los gobernantes locales porque ellos sabían cómo manejar las cosas, tenían los contactos y conocían muy bien su zona geográfica. Los Zetas hicieron lo mismo: ordenaron a los capos de la región que trabajaran para ellos; a quienes se resistieron, los mataron.

El Lucky también impuso un sistema de “subcontratación”. Entregaba droga a los cabecillas distribuidores pero exigía que respaldaran sus operaciones con inmuebles y negocios. Si fallaban o las autoridades de Estados Unidos les decomisaban los narcóticos, Los Zetas se quedaban con sus propiedades.

Con ese mecanismo se construyó un imperio del crimen que pronto convirtió a Piedras Negras, Coahuila, en la segunda plaza más importante para el tráfico de drogas, después de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En noviembre de 2008 Los Zetas decidieron mandar a Lucio Hernández como nuevo jefe de plaza de Veracruz, donde fue detenido por la Marina en diciembre de 2011 porque –afirmó El Mamito en el Juicio de Austin– el Z-40 filtró su ubicación. En su lugar fue nombrado Omar Alejandro Treviño Morales, el Z-42.

En marzo de 2010 Los Zetas se independizaron del Cártel del Golfo y se inició la narcoguerra. El acoso de éstos y el reforzamiento de la frontera de Laredo por las autoridades estadunidenses provocaron que aquéllos trasladaran sus principales operaciones a Piedras Negras.

Para consolidarse en la plaza compraron a todas las autoridades municipales, estatales y federales: “A la policía se le paga una cuota para que trabaje para Los Zetas, lo mismo al ejército y a altos funcionarios del gobierno”, precisó Poncho Cuéllar.

A su vez, Héctor Moreno relató que en ese periodo traficaban entre 500 y 800 kilogramos de cocaína al mes. La droga se dividía en pequeños paquetes que se contrabandeaban por el río Bravo, llegaban a casas de seguridad de Eagle Pass y se trasladaban por carretera a San Antonio, Austin y Dallas para su distribución al menudeo.

Este trasiego le dejaba a Los Zetas alrededor de 16 millones de dólares mensuales. Las ganancias, entre 4 y 5 millones de dólares, se enviaban a Nuevo Laredo para los hermanos Treviño. Los dólares se transportaban en los tanques de gasolina de los autos, envueltos en bolsas de plástico selladas.

Moreno también ayudó a Miguel Ángel Treviño a lavar ese dinero comprando caballos Cuarto de Milla: “Él dijo que era un buen negocio y que iban a conseguir dinero limpio”, así que le compró los animales en Estados Unidos. También pasó de contrabando a las personas que los cuidaban en un rancho de Oklahoma que administraba su hermano José. Anotaba en un libro de contabilidad todas las adquisiciones y las operaciones de lavado de dinero.

Por alguna razón que aún no ha contado, Héctor Moreno y José Vázquez, uno de sus allegados, comenzaron a filtrarle a agentes del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) información sobre el tráfico de narcóticos: mandó mensaje a teléfonos móviles que fueron entregados a la DEA. A su vez, la agencia estadunidense los hizo llegar a altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigara, pero de esa dependencia pasaron a manos del Z-40, con la advertencia de que alguno de sus hombres lo traicionaba.

Para entonces, la información filtrada ya había provocado que las autoridades estadunidenses descubrieran casas de seguridad y decomisaran droga, dinero y armas que venían a México para Los Zetas.

Miguel Ángel Treviño primero consideró que el delator era Poncho Cuéllar y comenzó a cazarlo; éste huyó a Estados Unidos y fue capturado el 9 de abril de 2012 en Dallas, Texas.

Las sospechas del Z-40 también se dirigieron hacia Héctor Moreno y José Luis Garza Gaytán. Y aunque logró confirmar que Moreno era el traidor, éste, Garza Gay­tán y José Vázquez también escaparon a Estados Unidos. Moreno presuntamente se quedó con las ganancias del último mes y con el libro de contabilidad.

Los hermanos Treviño le advirtieron que regresara el dinero, de lo contrario irían a Nava y Allende por toda su familia y sus amigos. Moreno no les devolvió nada y se entregó a las autoridades estadunidenses para acogerse al programa de testigos protegidos.

 

La masacre

 

La venganza de los Treviño comenzó antes de que los presuntos traidores se sintieran seguros en territorio estadunidense.

Allende y Nava están en las inmediaciones de la semidesértica carretera 57, a 40 minutos de la frontera con Estados Unidos. La tarde del 18 de marzo de 2011 irrumpieron en el primer poblado alrededor de 40 camionetas con hombres encapuchados y fuertemente armados provenientes de Tamaulipas.

Primero cerraron los accesos por carretera y luego entraron a 10 lujosas residencias para llevarse a unas 80 personas, entre ellas mujeres y niños.

Los sicarios fueron a la alcaldía por los registros de catastro de las propiedades a nombre de Víctor Garza, Estela Villanueva, Sergio Garza, Héctor Moreno, José Luis Garza y otros. Durante casi un mes levantaron a cualquier persona que llevara alguno de esos apellidos. Algunas familias lograron cruzar la frontera para refugiarse en Eagle Pass, Texas.

Los hombres armados también llamaron a los empleados de las residencias de Héctor Moreno y Luis Garza, incluidos los albañiles que construyeron el rancho de Nava y otros inmuebles, para que confesaran si éstos contaban con cajas de seguridad, túneles o recintos secretos. A todos se los llevaron y jamás regresaron.­

Buscaron los 5 millones de dólares en más de 40 residencias y siete ranchos, algunos de los cuales incendiaron parcialmente o atacaron con armas largas y explosivos.

Tras los atentados, los pistoleros dejaron que las viviendas fueran saqueadas por los pobladores, quienes se llevaron lo que pudieron: muebles, puertas, ventanas e incluso las llaves y tuberías de los baños. Luego los sicarios regresaron con maquinaria pesada para derribar paredes y techos. Buscaban el dinero y el libro con la información sobre los negocios ilícitos de los hermanos Treviño.

“Ellos empezaron a matar familias en Allende y Piedras Negras, y Múzquiz y Sabinas –narró Héctor Moreno a los fiscales en el juicio de Austin–. Querían matarme. Debido a esto mataron a 200 o 300 personas en Allende”. Y aunque admitió que huyó de México con el libro de contabilidad, negó haber robado las ganancias del último mes de operaciones de narcotráfico: “No traje ningún dinero porque el 40 y el 42 se apoderaron de todo”.

Ya entrado en la revancha, Miguel Ángel Treviño ordenó a sus sicarios de Tamaulipas que realizaran una “limpia” de su propia organización en Piedras Negras y en Cinco Manantiales. La brigada de exterminio se llevó a hombres de Poncho Cuéllar y a decenas de colaboradores de Los Zetas en los municipios de Zaragoza, Morelos, Guerrero y Villa Unión.

Para desaparecerlos utilizaron narcofosas y al menos tres cocinas. Una se instaló en un rancho que le incautaron a Luis Garza Gaytán, en las inmediaciones del kilómetro nueve de la carretera Allende-Villa Unión, a donde llevaron a las familias y a los trabajadores plagiados. Instalaron otra cocina en el apartado municipio de Guerrero y la tercera estaba en el Cereso de Piedras Negras.

Efectivos del Ejército llegaron a Allende un mes después de que los sicarios abandonaron la región de Cinco Manantiales. Ninguna autoridad informó públicamente de la masacre, que se silenció casi dos años. Únicamente se comentaba en secreto y existían escasas referencias en redes sociales. El único registro eran fotos de las residencias destruidas, que aún permanecen así, como un monumento a la barbarie, y el reportaje Apocalipsis en Coahuila, publicado por este semanario en diciembre de 2012.

Un año después de tomar posesión, el gobernador Rubén Moreira ordenó que se investigara el genocidio: “En mi conciencia no va estar el hecho de que no haya volteado a ver a quien clamó justicia. Que en la cabeza de otros resuenen los gritos de esas personas de Allende que seguramente pidieron que alguien les ayudara y nadie lo hizo. Por eso di instrucciones al procurador de que se abriera una investigación”.

Se montó así un operativo conjunto con más de 250 policías estatales y federales, así como militares y marinos, para peinar el norte del estado. Entre el 26 de enero y el 5 de febrero pasados esos efectivos, equipados con aparatos de alta tecnología y perros entrenados, buscaron junto con peritos forenses rastros de los desparecidos.

Encontraron algunas narcofosas y localizaron los barriles y contenedores con miembros humanos diluidos. Recolectaron huesos y restos de decenas de personas que aún son analizados por peritos de la PGR. Además se recabaron nueve declaraciones y se realizaron 32 entrevistas con exfuncionarios municipales.

Los testimonios recabados por la PGJEC se mantienen ocultos porque evidencian la complicidad y complacencia con la masacre por parte de altos funcionarios de la administración de Humberto Moreira.

Entre esas declaraciones destacan las confesiones hechas por uno de los cocineros del Cereso de Piedras Negras, ahora en manos de la PGJEC, quien reveló que ahí incineraron y diluyeron a “entre 80 y 150 hombres”, algunos muertos pero otros vivos. Su justificación: “Hice daño a mucha gente, pero a ningún niño o mujer”.

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