MÉXICO, D.F., 29 de abril (apro).- Dicen que entre los restauradores es casi una ley la siguiente frase: “La restauración termina donde comienza la duda”. Porque si no se tiene la información suficiente o confiable acerca de cómo fue una obra o un monumento, el proceso de restauración debe quedar en simplemente devolverle su estabilidad, para que no avance el deterioro, y no reconstruir más. Así lo establece la Carta de Venecia en su artículo noveno:

La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su límite está allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones estéticas o técnicas  aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del monumento.

Partícipe de la redacción de ese documento creado en mayo de 1964, durante el II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, realizada en Venecia, Italia, el arquitecto Carlos Flores Marini recuerda el contexto en el cual nació la carta y su propósito central, en un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH): “Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó la reconstrucción de muchas ciudades europeas que habían sido devastadas por la guerra, pero sin un criterio claro de intervención. En ocasiones se hacía una reconstrucción total de la urbe, como ocurrió en Varsovia; o bien se implementaba una arquitectura moderna sin tener un plan definido, por lo que el belga Raymond Lemaire decidió que uno de los documentos fundamentales del congreso sería la carta”. En su opinión, el documento “no pasa de moda” y es tan vigente como hace 50 años, “continúa siendo preciso, incisivo y claro. Da lineamientos generales, señala métodos a seguir, explica qué cosas se pueden hacer y dónde frenar una restauración; cada país se lo apropia y pone sus propios límites, pero es muy claro en sus enunciados, y no permite duda alguna”. México firmó aquel texto, conocido también como Carta Internacional para la Restauración y Conservación de Monumentos Históricos, junto con Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Túnez y especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM). Además, fue adoptada en 1965 por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos). Fundador de la carrera de restauración de monumentos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de donde es egresado, y autor de proyectos para la restauración del Alcázar de Colón en Santo Domingo, República Dominicana, y de los centros históricos de Salvador de Bahía, en Brasil, y Cartagena de Indias, Colombia, entre otros, Flores Marini considera que en México se ha adaptado bien la Carta de Venecia. Pone como ejemplo el rescate de la zona arqueológica del Templo Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México: “En todos los trabajos en el Templo Mayor, el arqueólogo Eduardo Matos tuvo un respeto absoluto por la Carta de Venecia, pues no hay casi reconstrucciones y los visitantes entienden muy bien cómo estaba el complejo arquitectónico.” En el libro Conservación del Patrimonio Monumental. Una biografía arquitectónica, publicado por Carlos Flores Marini en 2012, en la editorial Almatea, ha abordado también el caso de restauraciones controvertidas, por ejemplo: El antiguo convento de Santo Domingo en Oaxaca, remodelado por el arquitecto Juan Urquiaga; la sala de espectáculos del Palacio de Bellas Artes; el Monumento a la Revolución, al cual añadieron un elevador con lo cual pasó de ser un símbolo patrio a mirador; y menciona también el Convento de la Enseñanza, intervenido por el arquitecto Teodoro González de León, quien destruyó espacios del siglo XVIII para construir un auditorio del Colegio Nacional, que ocupa ese espacio. Cuando el volumen se dio a conocer en enero de 2012 en el Centro Cultural Isidro Fabela, en San Ángel, el arquitecto dijo a la prensa sobre aquellas restauraciones: “Los documentos recuerdan y dejan constancia de la lucha constante que se libra cuando los funcionarios actúan irreflexivamente o sólo buscando el efecto populista, como el caso del Monumento a la Revolución.” Flores Marini, junto con un grupo de arquitectos, se pronunció públicamente en 2010 contra la construcción del elevador en el Monumento a la Revolución y demandó que fuese retirado de inmediato, por ser “una intromisión que altera el espacio, modifica la forma de su concepción original, su valor estético y su espacio arquitectónico, concebido como un arco de triunfo”. Hizo ver además que el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), responsable del cuidado y preservación de los monumentos del siglo XX y, en todo caso, de la aplicación de la Carta de Venecia, dio el visto bueno para la colocación del elevador, cuando ya estaba instalada la estructura, por lo cual el procedimiento fue “ilegal”. Respecto a la obra en Santo Domingo, realizada con inversión del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el gobierno del estado de Oaxaca y Fomento Social Banamex, dijo al hablar de su libro: “Se prefiere hacer grandes obras, como es el caso de Santo Domingo, en Oaxaca, que hacer restauraciones. Con lo que se gastó en Santo Domingo, se podrían restaurar como unos 20 templos; pero al gobierno le interesa más que se note lo que se hace. México es el país latinoamericano que menos invierte en patrimonio y eso que tenemos mucho más monumentos que ellos.” Violaciones a la norma La restauración de la sala principal del Palacio de Bellas Artes ha sido una de las más polémicas, pues cambiaron parte de sus elementos originales, entre ellos la maquinaria teatral colocada por el arquitecto Adamo Boari desde 1904. El propio Icomos México, con el apoyo de un grupo de la sociedad civil llevó el caso ante la Unesco y presentó una denuncia penal en la Procuraduría General de la República. Se habló no sólo de que no se respetaron los principios de la Carta de Venecia, sino también de violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos por parte del propio INBA. El arquitecto Víctor Jiménez, exdirector de Arquitectura del instituto, aseguró en aquel momento que no había lugar para interpretaciones, más no para argumentar que la ley es perfectible o incompleta, porque si se hubiese aplicado la norma se habría protegido el monumento artístico: “No fueron sus insuficiencias, fue la absoluta ignorancia. Desde el punto de vista legal ningún ciudadano y menos las autoridades de Bellas Artes pueden alegar: ‘Yo desconocía la ley, por eso no la apliqué’. Eso jamás es un argumento válido... Una de las grandes fortalezas de este dictamen, lo mencioné al principio es todo el instrumental legal que muestra que se trató de una intervención contra la ley.” Realizada también por el polémico arquitecto Juan Urquiaga, la intervención en el claustro de La Merced ha sido también cuestionada, porque se le agregó una techumbre considerada agresiva y poco discreta por los especialistas, cuando los claustros carecen de ella desde sus orígenes. Se ha pretendido que el lugar albergue un museo de la indumentaria para que se “gane la vida”: El restaurador de la Catedral Metropolitana, entre otros monumentos, Sergio Zaldívar, preguntó con indignación por qué tendría que ganarse la vida este espacio “que debe preservarse simplemente por su belleza y es admirable en sí mismo”, sin albergar ninguna colección de indumentaria. “Me parece absurdo --dijo al semanario Proceso-- que el criterio de Wall Street sea el mismo que norme las pautas de cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Es la misma filosofía de los ricachones en las Lomas o Polanco para decir que los niños desnutridos de la Sierra de Guerrero deben de ganarse la vida. Es el capitalismo salvaje ¿cómo va a ser la misma pauta de protección de los edificios?” Dos intervenciones escandalosas en el gobierno de Felipe Calderón, que llevaron a los trabajadores del INAH a presentar denuncias formales contra él como posible responsable por haber ordenado la obra, fue la construcción de un museo en la zona arqueológica de Tzintzuntzan, Michoacán, justo encima de una pirámide purépecha precolombina. Y la remodelación de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla, calificada por el historiador Felipe Echenique en su momento, como  un crimen de “lesa historia”, pues se le adosó al de Guadalupe una construcción moderna “por demás espantosa”, en contra de cualquiera de los preceptos de conservación y restauración establecidos en la Carta de Venecia, dijo. Y denunció más violaciones a la Ley de Monumentos. La más reciente controversia se dio por la pretendida restauración ordenada por la Autoridad del Centro Histórico en la Ciudad de México, a la escultura ecuestre de Carlos IV conocida como El Caballito, en la cual el despacho Marina la dañó irreversiblemente al aplicarle ácido para su limpieza. Hasta hoy, especialistas del INAH, de la UNAM y de otras instituciones, trabajan en el lugar para establecer el procedimiento con el cual se tratará de estabilizar la obra y revertir los daños. Y en puerta está la anunciada intervención al Polyforum Cultural Siqueiros…