Habla Caro Quintero

Golpe a Monsanto y sus transgénicos

La mayor empresa de transgénicos del mundo sufrió un duro golpe en México debido a las demandas legales interpuestas por diversas organizaciones civiles que alertan sobre los peligros que entraña el uso de esas semillas: Los tribunales le frenaron un negocio multimillonario porque aún no ha demostrado la inocuidad de sus productos. A unos cuantos días de que comience el ciclo de siembra más importante, el consorcio lucha en cuatro juzgados para poder inundar casi la mitad del territorio nacional con su maíz modificado genéticamente.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La empresa productora de transgénicos Monsanto está desesperada: Este mes comienza el ciclo primavera-verano de siembra en el norte de México y no puede vender sus semillas de maíz modificado genéticamente. En 2012 solicitó el permiso para distribuirlas en 1 millón 840 mil hectáreas, pero un juez suspendió el procedimiento y otro ratificó la pausa.

Según productores del cereal, se necesitan aproximadamente 80 mil semillas de maíz para cubrir una hectárea, y cada bolsa de 60 mil semillas de Monsanto cuesta 3 mil pesos. La utilización de esa simiente implica además el uso exclusivo del herbicida de la trasnacional Roundup. Así que el mercado mexicano es multimillonario para la compañía: Un ciclo de siembra le daría –sólo por venta de semilla– 5 mil 520 millones de pesos.

Signo de la desesperación de Monsanto es el ataque jurídico que emprendió contra un juez que confirmó la decisión de frenar los permisos experimentales, piloto y comerciales de maíz transgénico en el país.


Hasta 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) sólo entregó licencias para sembrar granos transgénicos con fines experimentales en superficies de pocas hectáreas. Pero a partir del 7 de septiembre de ese año el gobierno dio luz verde a las empresas de biotecnología para solicitar autorizaciones con fines comerciales.

En un año, entre el 7 de septiembre de 2012 y el 3 de septiembre de 2013, diferentes consorcios presentaron 14 peticiones de uso comercial de maíz transgénico, a distribuirse en 5 millones 973 mil hectáreas de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa y Baja California Sur, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

La suspensión en la entrega de avales fue dictada por primera vez el pasado 17 de septiembre por el Juzgado XII en Materia Civil del Distrito Federal, en el juicio de demanda colectiva que interpusieron organizaciones civiles contra la Sagarpa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y sociedades productoras de maíz transgénico.

En el texto de la demanda, cuya copia obtuvo Proceso, los demandantes exigieron al juez una medida precautoria con el argumento de que mediante la polinización los organismos genéticamente modificados (OGM) se escapan de las zonas donde los confina la ley, contaminan otras plantaciones y amenazan de esta manera la diversidad biológica de los maíces en el país. El juez concedió la medida solicitada.

El fondo de la denuncia, empero, aún se discute: Los inconformes piden a la justicia reconocer claramente que, al expedir permisos comerciales de siembra de maíz transgénico, se viola la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), instrumento que ordena proteger el grano nativo. En otras palabras, las organizaciones civiles reclaman la anulación definitiva de la entrega de autorizaciones.

Desde la resolución provisional, la Sagarpa, la Semarnat y las empresas productoras han tratado de cancelar la medida. No obstante, diversos fallos judiciales han frustrado sus intentos. Entre ellos se encuentra el que emitió el magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta el pasado 20 de diciembre, al reconocer que la LBOGM protege al cereal nativo. Puntualizó que la suspensión sólo aplicará mientras dure el juicio.

Marroquín arguyó que la medida precautoria no constituyó un “acto privativo” contra los consorcios (que les quitara algún bien o derecho), ya que las empresas todavía no empezaban la venta de semillas. Señaló que no existen pruebas “que pongan en evidencia que alguna de las demandadas esté sufriendo una afectación ruinosa”. Explicó en su sentencia que cancelar la medida podría incitar a la Sagarpa y a la Semarnat a extender las licencias actualmente en trámite y así liberar el transgénico, sin que pudiera controlarse su expansión. Y agregó: “Se podrían ocasionar daños de difícil o imposible reparación”.

Esas declaraciones, según Monsanto, ilustran la falta de imparcialidad del magistrado. El pasado 28 de febrero la empresa interpuso un “incidente de recusación” contra Marroquín, en el que exigió sacarlo del juicio. El magistrado, según la empresa, “ha externado su opinión respecto de las pretensiones demandadas, así como de la procedencia y legalidad de la medida precautoria”.

En la recusación, Luis Miguel Velásquez Líbano –el abogado de Monsanto– defiende también a la Sagarpa y a la Semarnat, encargadas de otorgar los permisos: “No es justificable la actuación del juzgador cuando son ellas (las dependencias) y nadie más quienes por mandato legal les corresponde aplicar” (sic).

En su defensa, el magistrado Marroquín declaró, ante el juez encargado de decidir su suerte, “no tener interés personal alguno en el asunto”, por lo que “lo resuelto en las referidas resoluciones y en las que eventualmente pudiera llegar a dictar se apegará estrictamente a la ley”.

Contactados por este semanario, representantes de la trasnacional aseveraron: “Monsanto reitera su respeto a las leyes mexicanas y el apego al derecho de sus autoridades para resolver conflictos de manera justa. (…) En este momento no estamos en una posición para informar o especular sobre la situación actual de los permisos”.

El pleito legal

 

El pasado viernes 4, la directora de la fundación Semillas A.C., y representante común de la acción colectiva, Adelita San Vicente Tello, entregó al III Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa los argumentos de las organizaciones civiles contra las acusaciones de Monsanto.

El documento, del que este semanario también posee una copia, se refiere a una resolución que emitió el magistrado Walter Arellano Hobelsberger el pasado 30 de enero, en la que negó a la empresa un amparo contra la medida precautoria.

En la solicitud de ese amparo, la compañía aseveró que la medida viola la ley y “paraliza la actividad de la administración pública”. Por lo tanto, abundó, la medida “sería atentatoria del orden público e interés social”, así como de “la libertad de comercio”. Denunció también que el juez no otorgó el derecho de audiencia ni a las corporaciones ni a las secretarías ­federales.

En su decisión, Arellano Hobelsberger reconoció que las aseveraciones de Monsanto eran “fundadas”, pero enseguida las calificó de “ineficaces”. Y usó prácticamente los mismos términos que Marroquín para mantener la medida precautoria: “La sola o mera posibilidad de que se afecte el medio ambiente es suficiente para mantener vigente la medida cautelar”.

Según René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas A.C., y representante legal de las organizaciones civiles en la demanda colectiva, el argumento emitido por Arellano Hobelsberger –magistrado del V Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de mayor jerarquía que Marroquín– comprueba que este último se apegó a la ley cuando confirmó la medida precautoria.

“Pero Monsanto se metió en asuntos de ética para descalificar al juez. Nos ofrece la piñata, debemos pegarle”, dice Galindo en entrevista.

En el expediente que las organizaciones civiles entregaron para rechazar la revocación de Marroquín, se lee que “las comunidades locales y los movimientos sociales de todo el mundo oponen resistencia y rechazan a Monsanto y el modelo agroindustrial que representa”.

El documento evoca el juicio en contra de Mahyco-Monsanto “por el delito de biopiratería” que se efectúa en India. Agrega que en América Latina las protestas también han crecido, como en Perú, donde el gobierno aprobó una moratoria de 10 años a los transgénicos.

Asimismo, asevera que “Monsanto y otras empresas de biotecnología enfrentan demandas judiciales en Estados Unidos, entre ellas juicios con los que (el gobierno) pretende evitar que los cultivos transgénicos se propaguen en refugios nacionales de vida silvestre”. Las organizaciones retoman dos decisiones de la justicia francesa, en las que condenó a Monsanto por publicidad engañosa. Los quejosos también plantean que a raíz de la expansión de las semillas modificadas y, por lo tanto, del Roundup, su famoso plaguicida, aparecieron “supermalezas” resistentes al glifosato, el principio activo del insecticida.

El juez Manuel Suárez Fragoso de-sechó la petición de Monsanto el lunes 21 y dio la razón a Marroquín. En su resolución, argumentó que Marroquín se apegó a la ley cuando confirmó la medida precautoria, ya que respetó el “buen derecho” y “el peligro de la demora”, y asentó que su decisión “no pone en peligro la seguridad o la economía nacionales”.

 

Resistencias

 

Del 5 de julio de 2013 –cuando las organizaciones civiles depositaron la demanda de acción colectiva– a la fecha, el juicio lleva 49 impugnaciones en cuatro diferentes tribunales. “El juicio apenas empieza”, señala a este semanario Adelita San Vicente Tello. Y el abogado Sánchez Galindo añade: “Nos tratan de cansar”.

Hasta la fecha, las secretarías federales y las empresas de biotecnología interpusieron 11 amparos contra la medida cautelar –dos de ellos provenientes de la Sagarpa– y tres contra la demanda.

Las dependencias fueron las primeras en interponer recursos, el 9 y el 10 de octubre respectivamente. Como lo documentó Proceso (1930), argumentaron la violación a su derecho de audiencia.

El pasado 14 de febrero, la Sagarpa solicitó un nuevo amparo contra la medida cautelar. Esta vez arguyó que se violaba su seguridad jurídica.

“Los abogados deben reaccionar ante una situación que impide a la Sagarpa hacer lo que en su derecho está. Atacar la medida precautoria formó parte de un proceso de oficio”, explicó en su momento Francisco Burguete García, director general adjunto de la dependencia. La representante de ésta en el juicio, Mireille Roccatti Velázquez, no otorgó entrevistas “para no mediatizar el caso”, dijo García.

Durante una conferencia de prensa que se realizó el pasado 31 de marzo, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), Víctor Suárez, asentó que Monsanto basa su publicidad en dos ejes “mentirosos”: Por una parte el maíz transgénico superaría los rendimientos de los maíces híbridos y nativos y, por otra parte, reduciría la utilización de agroquímicos, lo que supondría contribuir al mejoramiento del medio ambiente.

“En México, las parcelas de maíz no son productivas. Pero no se debe a que los productores no usan transgénicos –las semillas nativas tienen el potencial genético para producir 20 o 30 toneladas por hectárea. Se debe a la falta de una política integral dirigida hacia el pequeño productor”, comenta Suárez en entrevista con Proceso.

Precisa que las semillas nativas se caracterizan por su adaptación a las condiciones climáticas del país. En cambio, “las de Monsanto están adaptadas a ciertas condiciones de riego y climáticas, porque fueron creadas en Estados Unidos”. Desarrollar el potencial del maíz mexicano, agrega, dependerá de los incentivos para mejorar la calidad del suelo, la disponibilidad del agua, de nutrientes, la exposición al sol y del combate adecuado a plagas.

Para lograrlo, estima, el gobierno debe proporcionar a los productores un mayor acceso al crédito y a la asistencia técnica, así como a los análisis de suelos, aguas y techos vegetales. Al fomentar la producción local de abonos orgánicos, dice, el pequeño productor sacará mayor provecho de su parcela. “Es la fusión de la sabiduría campesina ancestral con los avances tecnológicos de los últimos 50 años”.

Según el reporte Cultivos genéticamente modificados en Estados Unidos que publicó el Departamento de Agricultura de ese país en febrero pasado, “las semillas transgénicas no han mostrado un aumento en los rendimientos potenciales. De hecho, las plantaciones de semillas resistentes a herbicidas o a insectos pueden, ocasionalmente, tener menor rendimiento que las de variedades convencionales”.

Reconoce que en caso de una plaga las semillas transgénicas generan pérdidas menores, aunque añade: “Según algunos estudios, las ganancias que genera la siembra de maíz resistente a insectos son muy dependientes de los niveles de infección de plagas”.

En cuanto al uso de plaguicidas, Suárez precisa que “en Estados Unidos la aparición de malezas resistentes al Roundup desata un incremento en el uso de este herbicida” o implica la remoción mecánica de las malas hierbas –es decir, con tractores y manos–, lo que a su vez “aumenta el costo de producción”.

El informe del Departamento de Agricultura continúa: Si bien los productores de maíz transgénico redujeron su uso de insecticidas, la disminución fue mayor entre los productores de maíz convencional. En 2010, éstos dispersaron menos insecticidas por hectárea que los productores de transgénicos.

Asimismo, indica que de 2001 a 2010 el precio de las semillas modificadas se incrementó 50% en Estados Unidos. La semilla nativa, por su parte, tiene un costo 30% menor que la genéticamente modificada.

Incentivo gubernamental

 

Sánchez Galindo recuerda que la LBOGM –cuya redacción se inició en 2005 durante el gobierno de Vicente Fox– tuvo como propósito abrir México a la siembra de transgénicos. Dicha ley establece centros “de origen” de plantas, donde queda prohibida la siembra de transgénicos, pero permite su siembra en el resto del territorio.

La LBOGM determina que los centros de origen del maíz se ubican al sur del país y llama a proteger a las especies de maíz silvestre. Por esta razón las empresas de biotecnología tratan de vender sus semillas en el norte, “en zonas con mucha agua”, precisa Adelita San Vicente Tello, directora de la fundación Semillas A.C. Y asevera que Monsanto está comprando grandes superficies de tierras ubicadas cerca de una presa hidroeléctrica en Nayarit.

Suárez asevera que el incentivo al maíz transgénico proviene de las propias autoridades: “El gobierno actual quiere entregar avales de siembra comercial. No puede por las resistencias y recursos legales”.

Prueba de lo anterior es la composición del organismo encargado de formular las políticas nacionales en materia de transgénicos, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), cuyos integrantes están a favor de los transgénicos, asegura Suárez.

Además de la secretaría ejecutiva, la Cibiogem está conformada por un Consejo Consultivo Técnico y un Consejo Ciudadano que “no han funcionado para nada”, deplora Suárez. Cuando organizaciones como la Anec, Greenpeace o Semillas de Vida estaban presentes en el Consejo Ciudadano, “nunca se atendió la opinión de este consejo consultivo”, por lo que la mayoría de ellos renunció el 18 marzo de 2009.

Se quedaron, entre otros, la asociación AgroBio México –integrada por las grandes corporaciones de transgénicos–, el Consejo Nacional Agropecuario, la Cámara Nacional de Maíz Industrializado o la Asociación Mexicana de Semilleros. “Pura gente pro-OGM, pura simulación”, asevera Suárez.

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