“El Yugo Zeta” en Coahuila: control de penales, secuestros, matanzas, quema de cuerpos…

“El Estado mexicano me destruyó”

Un hondureño en espera de cruzar la frontera norte desde Tijuana fue capturado en una redada antinarco. Víctima de escarnio por el color de su piel y torturado por policías y militares, el migrante firmó declaraciones que lo incriminaban y desde entonces está preso en Nayarit. Este es sólo uno de los muchos casos de tortura y abusos –incluso algunos que terminaron en asesinatos– documentados en México por el relator de la ONU sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez.

“Las pesadillas no me dejan. Frecuentemente revivo las escenas de cómo me torturaron. A veces despierto llorando, gritando (…). Me han expuesto con una gran cantidad de drogas y de armas en los periódicos; dicen que soy ladrón, asesino, narcotraficante. El Estado mexicano me destruyó”, acusa Ángel Amílcar Colón Quevedo, inmigrante hondureño, desde el penal de alta seguridad de Tepic.

Perteneciente a la etnia garífuna –de origen africano–, Colón Quevedo sufrió todos los abusos padecidos por los centroa­mericanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos, pero además tortura, discriminación, arraigo y el sometimiento a un proceso judicial sin asistencia consular oportuna.

Fue detenido el 9 de marzo de 2009 en Tijuana, acusado de delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y mariguana con fines de comercio. Admitió las acusaciones, afirma, tras haber sido sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por policías estatales y federales así como por militares.

En agosto de 2013 los relatores especiales de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knaul,­ y sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, solicitaron información al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la situación de Colón Quevedo.

Méndez visitó a Colón Quevedo el pasado 24 de abril en el penal de Tepic como parte de una gira de trabajo en México que comenzó el 22 de abril y concluyó el viernes 2.

Entrevistado vía telefónica desde las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), el cual lleva su defensa jurídica, Colón está esperanzado en que Méndez continúe “en esa misma línea y exija al Estado mexicano que aclare las controversias” para alcanzar la libertad y que le sea reparado el daño. Además de las secuelas a su salud, entre ellas la hipertensión diagnosticada ocho días después de su detención, durante su reclusión cinco miembros de su familia murieron “por el impacto y la depresión”, cuenta a Proceso.

Denise González Núñez y Luis Tapia Olivares, abogados del Centro Prodh quienes apoyan su defensa jurídica, destacan en entrevista que la intervención de los relatores de la ONU hizo que la Procuraduría General de República (PGR) iniciara el 11 de diciembre del año pasado una averiguación previa por tortura en agravio de Colón y 10 coacusados, según informó la Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y Otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, en un documento dirigido el 15 de enero de 2014 al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

“El Negro”

 

La tragedia del hondureño comenzó con el diagnóstico de cáncer de su hijo de siete años, lo cual lo orilló el 7 de enero de 2009 a dejar su pueblo, Plaplaya, a fin de llegar a Estados Unidos y enviar recursos a su familia para pagar el tratamiento del menor, quien pese a todo murió en septiembre de ese año.

Colón Quevedo contrató por 5 mil dólares a un coyote que le ofreció llevarlo de Guatemala a Houston. El hondureño viajó en La Bestia, el mítico tren al cual suben los migrantes, hasta Balancán, Tabasco, donde él y otros viajantes fueron abandonados por el traficante.

Tras una odisea de dos meses Colón llegó a Tijuana y contactó a otro coyote, apodado Rulo o Ruso, quien lo concentró en la habitación de una casa donde le ordenó esperar. Le advirtió que no saliera de ahí. Luego de cuatro días de espera, el 9 de marzo de 2009, alrededor de las cuatro de la tarde el hondureño escuchó disparos dentro del inmueble, por lo que salió y se escondió en una barranca cercana.

Según el expediente 53/2009 de la causa penal y la ampliación de su declaración preparatoria, rendida ante el Juzgado Segundo de Procesos Penales en Tepic, una vez descubierto por agentes que dijeron ser policías estatales fue obligado a patadas, puñetazos y toletazos a subir de rodillas una loma, su rostro fue cubierto con su camisa; otras 10 personas fueron detenidas con él, entre ellos un mexicano de nombre Jesús Armando Isedo Medina, quien también esperaba cruzar la frontera.

Ante el juez, Colón contó que fue “paseado” por los oficiales mexicanos dentro de un vehículo durante varias horas; luego fue llevado al baño de unas oficinas cuyo piso estaba lleno de sangre y ahí policías federales lo intentaron asfixiar con una bolsa de plástico, más tarde en instalaciones que cree son de la PGR le tomaron huellas dactilares y fotografías y lo obligaron a firmar documentos.

Después fue trasladado a la Segunda Zona Militar donde los malos tratos corrieron a cargo de militares. Mientras escuchaba cómo torturaban a otras personas en un cuarto, “yo realizaba las humillaciones desagradables que me pedían, para evitar la macaneada”, se destaca en el expediente.

Los militares lo obligaron a limpiar con su saliva los zapatos de sus coprocesados y de otros detenidos y a adoptar “posturas militares” mientras era insultado por su color de piel.

“Me convirtieron en el payaso”, señala en su ampliación de declaración, en la cual señala que la madrugada del 10 de marzo, vencido por las humillaciones y ante la actitud amenazante de sus captores, firmó documentos en presencia de militares encapuchados y tres civiles que dijeron ser del Ministerio Público Federal.

Colón Quevedo fue presentado ante los medios junto con sus coacusados (Jesús Armando Isedo Medina, Sergio Alonso Barraza Elías, Marcos Adrián Herrera Uny, Christian Macías Vega, Francisca López Morales, Juan Bernardo Figueroa Ortega, José Alfredo Mallory Figueroa, Raúl Sandoval Moral, Hugo Noel García Estrada y Juan Gabriel Monárrez Ontiveros) con armas de fuego y droga, supuestamente decomisadas en la casa donde estuvo.

Colón estuvo arraigado del 13 de marzo al 31 de mayo de 2009, un tiempo en el cuartel militar, otro en un hotel e incluso lo llevaron a la Ciudad de México, “pero lo regresaron a Tijuana porque no había lugar en el Centro Nacional de Arraigos”, apunta el abogado Tapia Olivares.

Abunda que el auto de formal prisión fue dictado en razón de su color. “En la puesta a disposición, los agentes aprehensores dicen que en la casa además de armas y drogas había copias de una causa penal que nada tiene que ver con la de Ángel, en la que se hacía mención de un supuesto miembro del cártel de los Arellano Félix dedicado al cobro de derecho de piso, al que le apodan El Negro; con eso, el juez (primero de Distrito del XXIV Circuito en Nayarit) concluye que Ángel es esa persona, por ser afrodescendiente, y le dicta el auto de formal prisión”, el 31 de mayo de 2009.

El caso sería transferido posteriormente al Segundo Juzgado, donde ahora se desahoga.

La abogada González Núñez apunta que el cónsul de Honduras, Osmar Adán Cárcamo, visitó a Colón luego de ser notificado oficialmente de la situación de su connacional por el juzgado que dictó el arraigo. En mayo del año pasado Cárcamo volvió a verlo con los abogados del Centro Prodh.

El pasado 30 de abril fueron al penal de Nayarit integrantes del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares, organización civil hondureña especializada en la aplicación del Protocolo de Estambul, instrumento internacional para determinar la tortura.

“El juez admitió este peritaje independiente, en tanto que la PGR va a realizar el suyo, lo cual no nos da confianza porque no hay imparcialidad, pues la misma dependencia que acusa a Ángel tendría que determinar que las pruebas que formuló en su contra son ilegales, sin contar que a tres coprocesados la PGR les aplicó el Protocolo de Estambul y según la dependencia el resultado fue negativo”, añade González Núñez.

 

Recuento de suplicios

 

Durante el periodo en que fue detenido Colón, organizaciones civiles, como la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN), documentaron decenas de casos de tortura.

El secretario ejecutivo de la CCDHN, Raúl Ramírez Baena, informa que de 2009 a 2013 de las 35 quejas documentadas en Baja California contra miembros del Ejército y la Policía Preventiva, 25 correspondieron a tortura, con 166 víctimas directas.

“Mientras estuvo el general Alfonso Duarte Múgica al frente de la Segunda Zona Militar, con base en Tijuana, primero, y después en la II Región Militar, con control en las dos Baja Californias y Sonora, de 2008 a finales de 2012, las denuncias por tortura señalaban a militares como los agresores. Después las acusaciones de tortura se dirigieron hacia agentes de la Policía Estatal Preventiva”, explica Ramírez en entrevista, luego de participar en una reunión del relator con varias organizaciones en Tijuana el pasado 30 de abril.

Méndez recabó información del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CHDNL), cuyo presidente, Raymundo Ramos Vázquez, recibió “amenazas de muerte en los años 2012 y 2013 de personal de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano”, se destaca en un documento entregado al relator, del cual Proceso tiene copia.

Ahí se incluye una relatoría de las secuelas de la entrega de “las tareas de seguridad pública” a las secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina a través de un convenio de colaboración, tras la desaparición de las corporaciones policiacas en la mayoría de los municipios, principalmente en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en los puertos de Tampico y Madero y en la capital, Ciudad Victoria.

El defensor sostiene que los abusos por parte de miembros de fuerzas armadas continúan. “Lo que se ha deteriorado es la confianza en las instituciones –apunta–. Hay un desaliento en la población, ya no confía ni en la PGR ni en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la protección que se brinda a las fuerzas armadas”.

Según sus cálculos, el CDHNL sólo logra documentar 10% de los abusos que cometen las fuerzas armadas, y de ese universo sólo 60% de los denunciantes se mantienen firmes. “Cuando llevamos las denuncias ante la PGR y superamos sus trabas, las víctimas, sus familias y los testigos empiezan a ser hostigados, reciben llamadas amenazantes para que se retracten, mientras marinos y militares hacen rondines alrededor de sus casas para intimidarlos”.

Con base en unas 20 quejas presentadas ante la CNDH, el CDHNL ha establecido un patrón de actuación de miembros de la Marina que desde abril de 2011 tienen su campamento provisional en la Ciudad Deportiva de Nuevo Laredo.

Muchas de las víctimas, entre ellas mujeres, menores y extranjeros, son sacadas de sus domicilios por la fuerza, vendadas de la cara, esposadas, “golpeadas con pistolas o metralletas” y llevadas sin órdenes de aprehensión “al complejo deportivo para someterlas a tortura”, con el fin de que proporcionen “toda información que permita identificar y ubicar a miembros del crimen organizado”.

El informe da cuenta de cuatro casos de tortura atribuidos a miembros de la Marina, ocurridos entre agosto de 2013 y el 24 de marzo de este año, dos de ellos derivaron en ejecución extrajudicial y desaparición de los cuerpos.

Se trata de Juan Pablo Hernández Rodríguez, de 13 años, y de Jaime David Veliz Leija, de 28, detenidos por marinos en diferentes momentos la madrugada del 8 de agosto de 2013. Un día después los cuerpos de ambos aparecieron con signos de tortura en la carretera a Piedras Negras y después fueron robados por hombres armados.

Gabriela Ramos Martínez, esposa de Veliz Leija, cuenta en entrevista telefónica: “Los marinos se metieron a la casa del niño y se lo llevaron a eso de las tres de la mañana, después se llevaron a mi esposo, a eso de las cinco; él andaba tomando en la zona (de tolerancia), ya venía de regreso a la casa en su troca y los marinos que viajaban en dos trocas y un carro lo siguieron unas ocho cuadras, lo pararon y se lo llevaron. Ahí dejaron la troca”.

Gabriela, quien reconstruyó los hechos con base en versiones de testigos, dice que recibió una llamada en la que le informaban de la localización de cuerpos en la carretera a Piedras Negras. Eran las cuatro de la tarde del mismo 8 de agosto. “Llegué a las seis y ya no estaban los cuerpos, sólo encontré una chancla de mi esposo. Ahí estaban periodistas que tomaron fotos y me dijeron que hombres armados se llevaron el cuerpo de mi marido y del niño en una camioneta”.

La esposa de Veliz presentó una denuncia formal ante la PGR. “Llevé testigos que vieron cuando los marinos se llevaron a mi esposo y encontré la troca; al principio me llamaban para decirme que iban a investigar, pero ahora ya no, me quedé sola”, cuenta.

Los papás del menor dejaron de buscarlo, se indica en el informe, porque recibieron llamadas anónimas amenazantes y su domicilio era vigilado por patrullas de la Marina.

En junio de 2013, la CDHNL registró el caso de Gloria Estela Gómez Pargas, sacada del domicilio de su tía Imelda Guadalupe Pargas en la comunidad de Hidalgo, Coahuila, a una hora de Nuevo Laredo.

Gloria Estela, entonces de 20 años, denunció haber sido golpeada y sometida en la casa de su tía Imelda, donde descansaba. Según la versión, varios hombres y una mujer con el rostro cubierto con pasamontañas, vestidos con trajes camuflados y que se desplazaban en vehículos no oficiales, ingresaron por la fuerza a la casa, de la que sustrajeron objetos de valor y 36 mil pesos en efectivo.

La subieron a uno de los vehículos y la llevaron a las instalaciones de la Ciudad Deportiva, donde fue torturada y obligada a beber cerveza antes de ser puesta en libertad, de acuerdo con la denuncia ante el CDHNL.

Según el documento, la familia y vecinos de Gloria Estela se movilizaron para liberarla; su madre, Ernestina Pargas, opina que eso fue determinante para salvarla. “Nos enteramos de que los marinos llegaron 15 días después al rancho y que se llevaron a otros dos y ahora están en el Cereso”, cuenta en entrevista telefónica.

Después de la queja presentada ante el CDHNL, sostiene, vehículos de la Marina rondaban los domicilios de sus familiares, pero la peor amenaza fue más reciente. Cuenta que a mediados del mes pasado ella y su familia decidieron salir de Hidalgo porque “llegaron al rancho los gates (efectivos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, de Coahuila), han golpeado gente y se la han llevado; fuimos a denunciar esos hechos a Piedras Negras hace 15 días, y llegaron preguntando por los Pargas, nos sentimos amenazados y nos salimos del pueblo”.

 

Hasta la muerte

 

El CDHNL incluyó en el informe entregado al relator Méndez nueve casos de personas detenidas y torturadas por militares entre diciembre de 2011 y enero de 2013. De las víctimas, cuatro murieron tras las agresiones.

Una de ellas es Josué Manuel Esqueda Nieto, detenido el 27 de diciembre de 2011 junto con Gustavo Fuentes Moreno. Ambos fueron sacados violentamente de un restaurante por militares que preguntaban por un automóvil abandonado estacionado fuera del local.

Fuentes Moreno, sobreviviente, narró que ambos fueron golpeados y desnudados por los militares, que los abandonaron en la carretera al darlos por muertos. Gustavo logró incorporarse y cargar unos 20 metros a su amigo quien le dijo que mejor buscara ayuda.

“Nadie quería ayudarlo porque estaba encuerado, pero unos señores se compadecieron, lo subieron a su camioneta y lo trajeron hasta mi casa; fui con él hasta donde estaba mi muchacho tirado, pero ya estaba muerto”, narra Enrique Esqueda Rivera, padre de Josué.

Por este caso la CNDH emitió la recomendación 29/2012, que hasta ahora, asegura Enrique Esqueda, no ha sido acatada: “Josué dejó cinco niños y nos dijeron que les iban a dar becas, pero no hemos visto nada”. Agrega que está inconforme porque el caso de su hijo lo lleva la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).

“Cuando empezamos todo esto, los soldados decían que no era cierto, y nosotros les decíamos que teníamos al testigo y ellos nos decían ‘tráiganlo’. Lo llevamos a la guarnición militar una vez, declaró y después ya no quiso ir porque lo amenazaron los militares, le dijeron que si seguía en esto iban a desaparecer a su familia; tuvieron que cambiarse de casa para que los militares ya no los molestaran”, cuenta Esqueda Rivera.

De las investigaciones, dice que en la PGJM le han dicho que tienen a los responsables, pero no tiene certeza de la información porque no le han permitido revisar el expediente. “Quiero que el caso se lleve al fuero civil, para que podamos ver la investigación”.

Comentarios