Organizaciones sociales denuncian reactivación de la “guerra sucia”

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Dirigentes sociales denunciaron una andanada represiva que incluye encarcelamiento, sujeción a procesos judiciales, agresiones físicas y represión.

Lo mismo en el Distrito Federal que en Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí y el Estado de México, los liderazgos históricos de izquierda que no tienen filiación con los grandes partidos políticos han denunciado que la criminalización de la protesta social tiene como fondo la renovación de prácticas autoritarias, represivas y violatorias de derechos fundamentales, cuyo objetivo es conseguir la desmovilización.

Desde 2012, las denuncias y pronunciamientos de organizaciones sociales están en aumento y los gobernadores y autoridades locales, sin distingo de partidos, son señaladas como responsables de la andanada represiva.

De acuerdo con el Foro de Izquierda Proletaria (FIP), donde convergen numerosas organizaciones populares, la criminalización es uno de los rostros que el Estado manifiesta para encausar una reactivación de “guerra sucia” que, con la presencia cómplice del crimen organizado, ha derivado en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y prisión a quienes se oponen al régimen.

“Esto no es casual. En el país hay una situación de guerra y el gobierno se vale de eso para reprimir en distintos niveles”, sostiene Rubén Sarabia, conocido como “Simitrio”, poblano fundador de la Unión Popular de Comerciantes Ambulantes “28 de Octubre” (UPVA), que desde hace años ha enfrentado cárcel y persecuciones en esa entidad.

Simitrio sostiene que los gobiernos tratan de evitar la protesta social, de “generar un ambiente de disuasión por miedo”.

Preso durante años en las cárceles de alta seguridad de Almoloya y Puente Grande, ahora es acusado de despojo de tierras que, afirma, ni siquiera conoce. Se trata de un predio ubicado en Tlaxcala en donde nunca ha estado.

Pero su principal preocupación radica en que a uno de sus hijos lo han vinculado con el narcomenudeo. A la par, el secretario de Gobierno de Puebla, Luis Maldonado Venegas, ha declarado que en el Mercado Hidalgo, donde tiene presencia su organización, hay venta de drogas, armas, objetos robados y personas. Con ese pretexto, los patrullajes del Ejército son intimidatorios, pues las tropas llegan en vehículos artillados y toman fotografías de los oferentes.

Además, asegura que la policía estatal arriba con frecuencia al sector y compra coronas de muerto, mientras vehículos de civiles armados recorren el mercado de manera impune.

La historia es ya conocida por el dirigente social, quien estuvo preso entre 1989 y 2001, acusado de posesión de mariguana y arma de fuego, privación ilegal de la libertad, robo de automóvil, daños en propiedad ajena, entre otros que en acumulación de penas sumaban 80 años de prisión. Según el dirigente, todo fue producto de la represión del entonces gobernador Mariano Piña Olaya y, una vez libre por preliberación, el gobierno de Melquiades Morales lo forzó a mantenerse en el exilio de la entidad.

Ahora, con los desalojos de los miembros de la UPVA de la plaza Loreto y Guadalupe, entre otras acciones, reflexiona sobre la obsesión de los gobiernos, en su caso, de Rafael Moreno Valle, por “atraer inversiones” a costa de los menos favorecidos, pero privilegiando a franquicias trasnacionales.

“El gobernador Moreno Valle sólo entiende un lenguaje: obediencia ciega”.

 

Gobernadores arbitrarios

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, es señalado como represor, luego de haber encarcelado en abril a tres de los dirigentes de los pueblos del volcán que se oponen a la instalación de un gasoducto que forma parte de un megaproyecto energético en Morelos.

Además, las comunidades indígenas en la Sierra Norte han denunciado las cargadas policiales enviadas por el mandatario para proteger los intereses de las compañías mineras extranjeras y nacionales que proliferan en la zona.

Pero no es el único. El pasado 27 de marzo fue detenido en San Luis Potosí Miguel Ángel Wong Soto, dirigente de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular, organización que también forma parte del FIP. De acuerdo con la versión difundida por mandos policiacos anónimos a través de diferentes medios de comunicación locales, Wong manejaba en estado de ebriedad e intentaba abusar de una joven trabajadora de un bar.

Al ser detenido, se le habría encontrado mariguana y 43 mil pesos. Liberado el 2 de abril bajo caución, Wong aseguró a reporteros que le habían sembrado la droga y que el dinero era para realizar diferentes pagos.

Para Omar Garibay Guerra, vocero del Partido Comunista de México Marxista-Leninista (PCM-ML), la detención de Wong Sánchez se inscribe en la persecución que contra él ha emprendido el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo.

Garibay Guerra subraya que en la historia del PCM-ML se acumulan los episodios de desaparición, asesinato, prisión con motivación política y ataques de todo tipo. Lo mismo que en el caso del Frente Popular Revolucionario (FPR), que ha ido incrementando su presencia en al menos 15 entidades del país.

PCM-ML y FPR han tenido un papel protagónico en los movimientos de la APPO en Oaxaca en 2006, en el movimiento popular guerrerense y en diferentes universidades. Esa presencia le ha ganado la animadversión de gobiernos locales y federal, que en fechas recientes han encarcelado a otros comunistas.

Por ejemplo, el pasado 20 de marzo fue detenido en Cuernavaca, Morelos, Gustavo Delgado Salgado, dirigente en la entidad del FPR, acusado de resistencia de particulares y faltas a la autoridad. La detención de Delgado ocurrió cuando participaba en una marcha contra la Ley de Ingresos del Estado de Morelos, impulsada por el gobernador perredista Graco Ramírez.

A Graco Ramírez se le ha señalado como responsable de las cargadas policiales contra los comuneros nahuas que se oponen al Proyecto Integral Morelos, una obra que implica la construcción de dos termoelétrcias en Huexca, comunidad de Yecapixtla, donde se pretende conducir el agua del Valle de Cuautla para el enfriamiento de turbinas. Entre golpizas y un herido de bala caído en Amilcingo el 13 de abril, han surgido denuncias por tortura contra dirigentes sociales que participan en la oposición al proyecto.

También se le ha señalado por el clientelismo con que condujo una pretendida consulta en Tepoztlán sobre la ampliación a cuatro carriles de la autopista “La Pera-Cuautla”, a la que se oponían diferentes grupos ambientalistas, intelectuales y comuneros de ese municipio, que posteriormente acusaron represión.

 

El FPR bajo la mira

Los miembros del FPR, que también forma parte del FIP, han resistido en los meses recientes una serie de acciones que consideran represivas. Además del caso de Gustavo Delgado en Morelos, un miembro de la organización fue asesinado en Oaxaca el 1 de abril.

De acuerdo con Omar Garibay, Saúl de los Santos Torres, mototaxista de Oaxaca capital, fue asesinado durante un enfrentamiento con taxistas de sindicatos oficiales.

Garibay asegura que el ambiente represivo ha sido motivado por el gobernador Gabino Cué, quien ha dado la espalda a los movimientos sociales que lo llevaron al poder.

Además, el vocero del PCM-ML observa que algo similar está ocurriendo en el Distrito Federal, donde con frecuencia los integrantes de la Unión Juvenil Revolucionaria de México (UJRM) son señalados por servidores públicos y autoridades universitarias que los detienen a partir de marcaje personal en los operativos desplegados contra la protesta social del último año.

Y en el Distrito Federal, el también integrante del FIP, Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI), mantiene el reclamo por el encarcelamiento de su dirigente Raúl Trejo Pastrana, detenido el 20 de marzo pasado acusado de robo y resistencia de particulares.

Durante la marcha del 1 de Mayo por el Día Internacional del Trabajo, el contingente del FPFVI desplegó numerosas pancartas exigiendo la libertad de su líder y, en entrevista con Apro, Gabriel Ramírez, vocero de la organización, asegura que el predio por el que se le mantiene preso no está ocupado por ellos.

A diferencia de otras ocasiones en que sí han reivindicado la ocupación de inmuebles, esta vez se trata de una fabricación y no existe voluntad del gobierno de Miguel Ángel Mancera ni del Poder Judicial capitalino para dejar en libertad a Trejo Pastrana.

Omar Garibay concluye:

“Seguimos peleando por mejores condiciones de vida y la respuesta es lógica: nos tiran a la cárcel o nos asesinan, como lo han hecho históricamente”.

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