XALAPA, Ver., (proceso.com.mx).-La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) concluyó que la “labor profesional” y la “publicitación de sus trabajos periodísticos” del reportero de Notisur y Liberal del Sur Gregorio “Goyo” Jiménez de la Cruz, así como rencillas familiares y la animadversión de grupos criminales fueron las causas que condujeron a su secuestro y posterior ejecución e inhumación clandestina el pasado 5 de febrero. En rueda de prensa, el procurador de justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, aseguró que estos “tres escenarios” que abonan al esclarecimiento del caso del secuestro y homicidio de “Goyo” habrán de ser ratificados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Procuraduría General de la República. “Las pruebas que recabamos, aplicando todos los protocolos institucionales, judicializando la prueba y haciendo la reconstrucción de hechos confirman la responsabilidad de las seis personas que se encuentran detenidas”, expresó Bravo Contreras. En marzo pasado, una Misión de Observación integrada por miembros de Reporteros sin Fronteras (RSF) y de la Red de Periodistas de a Pie habría advertido que si no se corregían las “evidentes fallas en la indagatoria”, el asesinato del periodista veracruzano estaba en riesgo de quedar en la impunidad. A raíz de esa queja, la Fiscalía de Veracruz reabrió el caso e intensificó las investigaciones con la Policía Ministerial. De inicio, el gobierno de Javier Duarte sólo reconoció “las rencillas familiares” como único móvil del asesinato de Jiménez de la Cruz. Hoy, en un giro al asesinato del décimo periodista en lo que va de la administración de Duarte, Luis Ángel Bravo expuso que los elementos de prueba, consistentes en más de diez mil fotografías, armas de 9 milímetros y revólveres, así como evidencias periciales recabadas en la casa de seguridad en Las Choapas –donde fue hallado el cuerpo del periodista-, y la inhumación y posterior análisis de los tres cadáveres ahí encontrados, confirman que la imputación inicial contra los autores materiales y la intelectual ha sido correcta. Bravo Contreras expuso que además de los asesinatos en los que se demostró participación de esta célula delincuencial, se comprobó, a través del desahogo de nuevas pruebas periciales, la participación en dos secuestros más. Y es que, además del asesinato de Gregorio Jiménez, este grupo fue responsable del “levantón” y posterior homicidio de Ernesto Ruiz Guillen “El Cometierra” y el homicidio de Bryan Osiris Hernández Rueda y el secuestro de una menor de edad. “Por eso este mismo miércoles agentes del Ministerio Público estarán ejercitando acción penal por los nuevos delitos comprobados, para así iniciar los procesos en contra de los probables responsables, quienes se encuentran ya recluidos: José Luis Márquez Hernández, Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Hernández, Juan Manuel Rodríguez Hernández, Gerardo Contreras Hernández y Teresa de Jesús Hernández Cruz”. El caso de Gerardo Contreras es atípico, pues posterior al asesinato de “Goyo”, el Diario de Acayucan documentó que Contreras ya había sido detenido en abril de 2012 por formar parte de una célula del grupo criminal “Los Zetas” en el sur de Veracruz, indiciado por la tortura y posterior muerte de cuatro marinos, cuyos cuerpos mutilados fueron encontrados en la carretera Actopan-Xalapa. En la sesión de preguntas y respuestas, Luis Ángel Bravo detalló que los aparatos celulares hallados entre las pertenencias de los presuntos autores del delito fueron claves para conocer sus actos de tortura, sus conductas antisociales y el grado de crueldad con el que realizan sus homicidios. “Por respeto a las víctimas y a los familiares de las víctimas, hemos decidido no mostrárselas”, excusó. El Fiscal de Veracruz señaló que competerá a la PGR y a la FEADLE concluir si en el secuestro y posterior ejecución de Jiménez de la Cruz y de los otros dos homicidios hubo complicidad u omisión de la Policía Municipal de Las Choapas o de la Policía Estatal adscrita al Mando Único en el puerto de Coatzacoalcos. “Desde esta procuraduría se continuará trabajando hasta lograr una sentencia ejemplar para que el Estado castigue con todo el peso de la ley a quien atenta contra un periodista, una vida humana o el valor más grande de un ser humano, que es la libertad”, añadió.