Chile: El debate del aborto

VALPARAÍSO (apro).- El anuncio realizado por la presidenta Michelle Bachelet el miércoles 21 de mayo –en el marco del reporte sobre el estado de la nación–, en el sentido de que su gobierno impulsará la despenalización del aborto, desató el inmediato rechazo de los partidos de derecha y de la alta jerarquía de la Iglesia católica.

Bachelet argumentó en su discurso: “Periódicamente conocemos por las noticias casos de mujeres que se practican abortos clandestinos que ponen en riesgo sus vidas, y sin duda las marcan con una experiencia de dolor y angustia”.

Y añadió: “Chile debe enfrentar en una discusión madura, informada y propositiva esta realidad, debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto”.

Chile es el único Estado de Sudamérica y una de los seis del mundo que penaliza con cárcel el aborto, cualquiera sea el caso en que éste se realice. Los otros son República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, el Vaticano y Malta.

Hasta 1989 el Código Sanitario permitía el aborto con fines terapéuticos cuando la vida de la madre corría peligro, pero aquel año la Junta Militar –impelida por la derecha eclesiástica– promulgó la Ley 18.826, que declaró ilícito el aborto en todas sus variables.

El rechazo

El cardenal arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, reaccionó el mismo día a la propuesta de la presidenta: “Con todo el respeto que me merecen las mascotas, creo que la persona y la vida humana valen mucho más que eso”.

Ezatti aludía al hecho de que la mandataria anunció en el mismo discurso en que abrió el debate sobre el aborto una serie de acciones, entre las que destaca la inminente puesta en marcha de un programa nacional de esterilización de perros callejeros.

El cardenal Ezatti sostuvo también que para los obispos de Chile “la vida es el valor fundamental y es el valor que de verdad se debe proteger en todos los ámbitos”.

El expresidente Sebastián Piñera echó mano del mismo argumento de Ezatti para intentar desacreditar la propuesta de la mandataria: “Parece que hay más cuidado y preocupación por el bienestar de las mascotas, que por la vida y dignidad de los niños que están por nacer”.

La diputada del filopinochetista partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Marisol Turres, respondió vía Twitter –el mismo 21 de mayo– que “violadores y asesinos tienen derecho a la vida, a la defensa, a ser mantenidos por el Estado; pero los no nacidos ¿merecen pena de muerte?”.

El lunes 26, unas 3 mil personas, en su mayoría adolescentes provenientes de exclusivos colegios de la capital, se concentraron en la plaza de la Constitución, localizada al frente del palacio de La Moneda, para expresar su rechazo al aborto. Su lema fue: “siempre por la vida”.

A esa manifestación arribaron cuatro militantes de la UDI: Jaime Bellolio, Romilio Gutiérrez, Arturo Squella y Gustavo Hasbún.

El máximo ideólogo de la UDI y de la Junta Militar, el abogado Jaime Guzmán, delineó en la Comisión de Estudios de una Nueva Constitución Política de la República de Chile –que redactó la Carta Magna de 1980– la posición de la derecha integrista en esta materia:

“La madre debe tener el hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o aunque, de tenerlo, derive su muerte”.

Añadió:

“Una persona no puede practicar jamás legítimamente un aborto, porque es un homicidio y todas las consecuencias negativas o dolorosas (que se deriven de un aborto no deseado o peligroso) constituyen, precisamente, lo que Dios ha impuesto al ser humano”.

Sin embargo, la visión de los sectores conservadores no es hoy mayoritaria en la sociedad chilena.

El jueves 29 Radio Cooperativa difundió una encuesta, preparada por la consultora Imaginacción y la Universidad Central, en la que se sostiene que 76% de los chilenos respalda la propuesta de Bachelet en materia de aborto.

Más aún, el fundamentalismo de la UDI está provocando la repulsa de sus propios militantes. Rodolfo Carter, alcalde UDI de la santiaguina comuna de La Florida –la segunda más poblada del país–, anunció el jueves 29 de mayo, a través del semanario The Clinic, que acababa de renunciar a su partido.

La razón: “Me siento incómodo con el traje de derecha” y con “estos liderazgos sacados de las cavernas, que lanzan panfletos de campaña del terror de lo más pinochetista”, manifestó.

La vocera

En principio el gobierno pretendía presentar un proyecto de ley al Congreso Nacional para abordar la despenalización del aborto en los casos de violación, riesgo de vida de la madre e inviabilidad del feto.

Sin embargo, la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, optó por patrocinar un proyecto que ya se tramita en el Congreso. Se trata de la iniciativa presentada en 2013 por un grupo de parlamentarios de la Concertación por la Democracia (predecesora de la coalición centroizquierdista Nueva Mayoría, hoy en el fobierno), los que fueron encabezados por la diputada del centroizquierdista Partido por la Democracia (PPD), María Antonieta Saa.

En lo fundamental, ellos acogieron una propuesta del Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo (Miles).

El actual presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Marco Nuñez (PPD), expresó al diario La Tercera que “este proyecto tiene dos ventajas: es el que mejor expresa el espíritu del programa de Michelle Bachelet y en él están representados los parlamentarios de todas las fuerzas de la Nueva Mayoría”. Se trata de los partidos Radical, Socialista, Comunista, Democracia Cristiana y el PPD.

En entrevista con Apro, la vocera de Miles y socióloga, Claudia Dides, expresó su satisfacción por el avance que está teniendo la temática del aborto y por el hecho de que se haya asumido la propuesta de su organización: “Por primera vez un gobierno de la Concertación, ahora llamada Nueva Mayoría, nos escucha”.

La dirigente de Miles subraya que “a pesar de que el aborto terapéutico fue derogado por la dictadura militar hace 25 años, en veinte años la Concertación fue incapaz de conversar sobre el tema”.

Claudia Dides, quien se ha consolidado como la principal referente de las mujeres chilenas que luchan en pos de la despenalización del aborto, señala que la primera vez que en la transición a la democracia (a partir de 1990) se debatió en serio sobre este tema fue durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

Sin embargo, la idea no prosperó: “Por dos votos se rechazó la idea de legislar”, recordó la vocera. Piñera, la derecha y algunos democratacristianos se opusieron.

–¿Qué le ha parecido la fuerte reacción a la propuesta de despenalización del aborto?

–No me sorprende, porque en todos los temas mal llamados valóricos, que a mi juicio son de derechos, como el divorcio, la ley antidiscriminación o el aborto, la derecha siempre ha tenido una opinión muy conservadora, muy medieval. Pero lo que me ha llamado la atención es que se ha destapado una vez más la tremenda influencia que tiene la alta jerarquía católica en temas de políticas públicas y su estrecha vinculación con los partidos más conservadores. Esto, a pesar que Chile es un Estado laico desde la Constitución de 1925.

“Creo además que la derecha ha caricaturizado la discusión, porque los conservadores no salen del concepto de la muerte del feto, en lugar de ponerse en el lugar de la mujer que está sufriendo por un embarazo inviable o que quedó embarazada producto de una violación.

–¿Cómo observa el futuro del proyecto?

–Lo veo bien. El gobierno está siendo muy proactivo y se nota que quiere hacer cumplir su compromiso contenido en el programa de gobierno de la Nueva Mayoría. Sin embargo, tengo dudas respecto del papel que va a jugar la Democracia Cristiana en relación con el tema de los embarazos derivados de violaciones. Ese partido no tienen una opinión única en esa materia, y yo creo que ahí vamos a tener que demostrar con muchos argumentos, tanto científicos como psicosociales, que una mujer que ha sido violada tiene el derecho a elegir si quiere interrumpir su embarazo.

¿Por qué sólo piden legalización de la interrupción del embarazo en los tres casos señalados por la presidenta Bachelet y no en otros?

–Cuando nosotras empezamos a impulsar esta propuesta en el Parlamento no era posible plantear un aborto en cualquier circunstancia, dado el estado del debate en la sociedad chilena. Por lo mismo, definimos que lo primero era recuperar el derecho al aborto terapéutico que hubo hasta 1989.

“Dada la gran cantidad de casos de mujeres con embarazos no viables y sabiendo que en Chile se viola en promedio a 17 mujeres al día, nos parecía que la violación e inviabilidad del feto también eran causales que, a lo menos, podían ser discutidas de manera franca en el Parlamento y que podían concitar un respaldo de la sociedad”.

Además, añadió Claudia Dides, “hay que considerar que en la Constitución está contemplado el derecho del niño que está por nacer, y lo más probable es que la UDI vaya al Tribunal Constitucional para bajar este proyecto, y con mayor razón lo haría si se incorporaran otro tipo de casos en una propuesta de ley. Entonces, para ir más allá de lo que podemos alcanzar hoy, tendríamos que tener una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente, que es el nuevo paso que tenemos que dar como pueblo con el fin de alcanzar nuevos derechos que nos están siendo negados”.

Dides señala que si hoy es posible legislar respecto del aborto, tiene que ver con un cambio que hay en Chile: “Actualmente hay un empoderamiento en la sociedad chilena, una búsqueda por construir un Estado que sea garante de los derechos fundamentales. De hecho, creo que hay un cambio en la concepción que se tiene del Estado. Es una transformación muy profunda que abre las condiciones para hablar del aborto y de muchos otros temas importantes que han sido postergados”.

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