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El adiós de García Cervantes: demasiado dolor, demasiado terror, demasiada impunidad…

Ricardo García Cervantes ya no es subprocurador de Derechos Humanos. Renunció, dice en entrevista, porque el principal tema de su atención –las miles de desapariciones en todo el país, atribuidas no sólo al crimen organizado– “perdió prioridad” en el gobierno peñanietista. Y también porque enfrentarse todos los días con los familiares de las víctimas le causaba un gran pesar, sobre todo por la falta de apoyo y resultados. “Fue todo junto”, arguye, desalentado.

El jueves 22 de mayo, en El Paso, Texas, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes, se reunió con una treintena de miembros del grupo Mexicanos en el Exilio, paisanos sobrevivientes al terror de las extorsiones y las amenazas y quienes en la huida perdieron sus propiedades y contaban 32 muertos o desaparecidos. Al escucharlos se preguntaba “¿Qué hago con esto?”

Este panista, quien durante 538 días trabajó en la administración peñanietista a cargo de la ventanilla donde se toca el dolor de las víctimas de la violencia, se sintió confrontado al encontrarse con esos mexicanos que “además de perderlo todo también perdieron la patria”.

El lunes 26 de mayo le presentó su renuncia a Jesús Murillo Karam.

“Fue todo junto. No es un solo factor, no es algo repentino. Es una decisión procesada”, explica a Proceso el coahuilense luego de tres días de especulaciones sobre su salida. La hipótesis más sonada es que rompió con los priistas molesto por el burdo rasuramiento de las estadísticas oficiales de desaparecidos. Al inicio del sexenio eran 26 mil 121 y terminó en 8 mil, según la Secretaría de Gobernación, aunque la PGR habla de 13 mil.

Ese “todo junto” al cual alude como causa de su renuncia lo va desgranando durante las dos horas de entrevista en las cuales menciona la acumulación de testimonios de dolor, terror, impunidad y corrupción que lo fueron desgastando; el nuevo andamiaje constitucional que mutiló facultades a la Procuraduría; la continuidad de la política de seguridad calderonista generadora de violencia; dos problemas de salud; la sensación de ya no estar ayudando y un zumbido constante en su oído: “Si no puedes, renuncia”.

Recuerda lo que en su juventud le dijo un asesor espiritual: no importa si el trapo es gamuza o una jerga, absorben igual; pero cuando se saturan, nomás embarran.

“Te sientes tan saturado que ya andas embarrando, ya no absorbes. Eso me pasó”, se sincera. Su “honestidad intelectual” es lo que destacó en él su exjefe en el elogioso comunicado difundido por la PGR sobre su salida.

El comunicado también agradece al ahora exfuncionario haber sentado las bases para la búsqueda de víctimas de desa­parición, ese fenómeno que lo absorbió desde su llegada y al cual le dio la categoría de “crisis humanitaria”. Eso le generó un reproche de la Cancillería, confiesa.

Como panista no reniega por haber trabajado en un gobierno del PRI. Tampoco critica a su exjefe, Murillo Karam. Al contrario, dice que Jesús –como lo nombra– fue “la turbina, la voluntad, la cabeza” de los resultados.

Aunque es famosa la rivalidad entre la PGR y Gobernación y los bloqueos constantes entre dependencias, cuando se le pregunta si eso influyó en su salida dice: “De Gobernación no quiero ni hablar. No me toca”.

Sobre la disparidad en las cifras repite la misma explicación que intentó dar por radio un día antes: las 13 mil desapariciones a las cuales se refería Murillo son del sexenio calderonista; las 8 mil que mencionó el secretario Miguel Ángel Osorio Chong son las acumuladas este sexenio.

“¿Ocho mil en lo que va del sexenio a alguno le dice algo? No es sólo un número. Ya había muchos y ahora hay más. ¿Cuándo vamos a terminar? ¿Qué hay que hacer?”, dice inconforme de que la polémica sean las cifras y no las causas de la violencia.

–¿Qué genera esa violencia? –se le pregunta. Y da una serie de explicaciones hasta que aterriza en ejemplos prácticos: “El dolor de muchos se pudo haber evitado con una buena policía municipal o con investigar las evidencias que la familia aporta o con coordinación eficiente en las pesquisas. No es una sola cosa”.

Razones de fondo

El 5 de diciembre de 2012 García Cervantes –quien había sido coordinador de los diputados del PAN, integrante del CEN panista y senador– apareció al lado de Murillo como miembro de su equipo.

En este tiempo la Subprocuraduría de Derechos Humanos destacó en tres momentos: por crear la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como respuesta a las madres en huelga de hambre a las puertas del edificio; por trabajar con el Comité Internacional de la Cruz Roja para elaborar un protocolo nacional de búsqueda, exhumación e identificación de cadáveres y por abrir la puerta al Equipo Argentino de Antropología Forense para que identificara a las víctimas de las matanzas de San Fernando y Cadereyta.

Como parte de su equipo nombró a dos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: la exlegisladora perredista Eliana García, quien lo acercó con las familias y organismos de derechos humanos con esbozos de soluciones a los problemas, y la abogada Patricia Colchero, en el área de atención a víctimas.

El 2 de enero de 2013, en su primera entrevista como subprocurador, estableció los límites de su permanencia en la institución: “No voy a estar donde no pueda servir. A lo mejor me dan todo lo que pido y necesito, pero me iré si no soy el adecuado. Pero ganas sí le voy a poner”. Ya entonces advertía: “Me está doliendo mucho estar aquí, no sé si esto es para alguien normal y yo me considero alguien normal” (Proceso 1888).

Desde los primeros días, por las oficinas de García Cervantes pasaron víctimas de extorsiones, familias incompletas por el asesinato o la desaparición o el secuestro de algún ser querido por parte de narcos, soldados o policías. Sobre su equipo recaía la aparición de fosas comunes sembradas con cuerpos mutilados, las masacres más espantosas, los secuestros de migrantes.

Con los relatos de las familias las desa­pariciones comenzaron a tener sus propias lógicas: las zonas donde las personas son reclutadas a la fuerza para la guerra, para trata de personas o como mercancía, para cobrar rescate o como mano de obra para la narcosiembra o el sicariato. Conoce los peligros que enfrentan los migrantes en los distintos tramos de la ruta del tren.

–¿Cómo explicaría el país que reflejan las desapariciones actuales que muchos aún no creen? –se le pregunta y responde: “¿Por qué no alcanzan a entender que sí, que muchos cadáveres han sido desintegrados? ¡Está a punto de salir de la cárcel El Pozolero, quien en su momento fue una gran noticia morbosa, pero es una realidad! ¿Qué, no dijeron en Coahuila que habían descubierto restos humanos? ¡Pero eran 500 fragmentos en un lote! ¡En Nuevo León se habla de mil!”

Menciona como acertada la decisión del procurador de concentrar una agencia de investigación que sistematice la información de las víctimas, ubicándola por regiones, periodos y cárteles en aras de diseñar operativos de búsqueda y rescate de personas retenidas.

Al hablar del control por regiones suelta sin más un señalamiento: “Y no pueden evadir si en tal región o tal época estuvieron presentes policías federales o estatales y resultó este tipo de consecuencias. Hay que investigar bien qué participación tenían o si se mandó al Ejército y estuvo ahí y pasaron estas cosas”.

Ley de Murphy

El 30 de agosto de 2013, a tres meses de creada la Unidad de Búsqueda que fue criticada por tener sólo 12 agentes del Ministerio Público para buscar 26 mil desaparecidos, dio una de las primeras señales de descontento cuando dijo al portal de noticias de CNN: “Tengo elementos personales y de juicio que me permiten señalar que (el tema de los desaparecidos) ha perdido prioridad. No he visto el golpe de timón, el manotazo sobre la mesa diciendo: ‘Este tema se atiende y de ese lo que se requiera y hágase lo que se tenga que hacer con seriedad’”.

En ese tiempo se le acentuaron un dolor al caminar –se apoyaba en un bastón– y una debilidad en los párpados que lo hacía parecer dormido.

Sobre ese tiempo, un subalterno –quien pidió el anonimato– mencionó: “El subprocurador siempre decía que necesitaba más apoyo, medidas y esfuerzos extraordinarios, personal, capacitación, recursos”. Otra persona describió: “De repente el entusiasmo se le fue apagando. No es que bloqueara las cosas, pero ya no lo hacía con la celeridad del principio”. Otro dijo: “A veces se hacían las cosas a pesar de él”.

Dos veces pidió licencia médica.

El 21 de mayo acudió a una reunión con la Plataforma de Víctimas del Movimiento por la Paz, donde la gente le pidió acompañarlos en más reuniones. Contestó: “¿A mí para qué me necesitan, para qué quieren que esté paseando por las mesas si tienen a sus ministerios públicos?”, algo que les recordó el famoso “¿y yo por qué?” de Vicente Fox.

El 26 de mayo sus subalternos fueron convocados a una reunión. Encontraron a García Cervantes junto al procurador. Se les notificó la renuncia.

Cuando se le insiste si su decisión fue por falta de apoyo dice que si antes así lo dio a entender, le faltó matizar. Entre bromas y veras menciona que se le atravesó la Ley de Murphy: “Si algo puede salir mal, va a salir mal”.

Explica que la Unidad de Búsqueda fue diseñada para contar con agentes del Ministerio Público formados en investigaciones de campo (en general son de escritorio) y requería personal a fin de acompañar a las familias para que compartieran información tendiente a ubicar el paradero de las víctimas y minimizara sus riesgos.

Sabía de familiares de víctimas que fueron asesinados por intentar rescatarlos ellos mismos.

La estrategia preveía apoyarse en el personal de Províctima: médicos, psicólogos, abogados e investigadores. El plan funcionó hasta que se creó la Ley General de Atención a Víctimas y la Comisión Ejecutiva a cargo decidió que Províctima dejara de dar servicio hasta en tanto hubiera un nuevo sistema nacional de atención. Todavía hoy no entiende por qué la mataron antes de crear lo que la supliera.

La segunda decepción vino cuando acababan de diseñar la reestructuración de la PGR y se aprobó la reforma que la convirtió en Fiscalía y limitó su función a investigar el delito y presentar criminales ante tribunales, con lo que le mutilaron facultades.

“Queda uno atrapado. Sí, con la ilusión del replanteamiento de un nuevo tipo de Ministerio Público que a la postre tendrá buen resultado, pero no en el mediano plazo. Cuando todos los días una mamá que busca a su hija desde que abre los ojos en la mañana se pregunta dónde estará y a partir de ahí diseña todo su día, que puede ser a llorar en casa. Otras veces sale a buscarla sin acordarse de que tiene otros hijos o que tenía que ir al trabajo. No le puedo decir a las familias: ‘Espérese, en dos años va a estar mejor’”, plantea.

Indolencia y soberbia

Pese a los obstáculos, dice que hubo avances: la Unidad de Búsqueda pasó de 11 a 30 ministerios públicos, se coordina con otras instancias de la PGR y tiene mesas de trabajo con organizaciones. Sin embargo, ha sido criticada porque únicamente encontró a 73 de entre miles, a lo que García Cervantes refuta que no toman en cuenta los otros hallazgos por el trabajo conjunto.

Al describir la actuación de los calderonistas dice que fueron “soberbios” e “indolentes”, que les faltó “un gramo de realismo y medio de humildad”.

El tema de las fosas comunes es un ejemplo: sus antecesores no quisieron que peritos internacionales ayudaran a identificar cadáveres argumentando la capacidad de la PGR. Quedó evidenciado lo contrario a partir del convenio con las forenses argentinas, gracias a las cuales se han identificado 31 víctimas de masacres que la PGR había echado a fosas comunes por considerarlos casos perdidos.

–Después de todo lo que vio, ¿cree que Felipe Calderón debe ser llevado a tribunales internacionales?

–No puedo personalizar. Además la pregunta me duele –responde.

–Ya vio lo que generó su estrategia que nunca rectificó –se le insiste.

–¡Pero todavía no se ha rectificado! Yo no sé qué vaya a pasar en Michoacán. Ojalá todo salga bien. Es mi deseo.

Insiste en que se deben buscar personas, combatir al crimen organizado o juzgar causas, “pero no como sea”: “La estrategia debe ir acompañada de supervisión, de control, de límites encaminados a garantizar los derechos fundamentales, incluso para los delincuentes, por eso a veces no me ven muy bien, porque también salgo en defensa de los derechos fundamentales de los que agreden, secuestran o han desaparecido personas, pero no por eso tienen que desaparecerlos también y sumar más dolor. ¡Hay que llevarlos a la justicia!”.

Señala que México no es libre de elegir o diseñar su estrategia contra las drogas y que es una ingenuidad si se olvida. Considera necesario hacer un replanteamiento de la estrategia con Estados Unidos en la cual Washington muestre también su respeto por los derechos humanos en asuntos como su legislación migratoria.

Menciona que el combate al narcotráfico requiere las estrategias de inteligencia que poseen los estadunidenses para anular las capacidades financieras del crimen organizado en temas como la minería o los puertos.

“El uso adecuado de la inteligencia puede evitar mucho dolor. Podemos replantear una estrategia sustentada en la inteligencia, pero los intereses financieros, económicos, políticos de Estados Unidos tienen que alinearse y formar parte del diseño de campo operativo de nuestro territorio y nuestra gente porque aquí es donde se tiran los tiros, las granadas y donde se ponen los muertos. Si eso no se cambia, también va a empezar allá”, dice.

Ve su celular y comenta que tiene el correo lleno de mensajes de personas que atendió este tiempo agradeciéndole su labor o lamentando su decisión, o hasta críticas por no haber aguantado.

Sobre la mesa están las notas periodísticas impresas del día –que le llevó su asistente– y que tienen encabezados como: “García Cervantes deja la PGR por desacuerdos con plan de seguridad” y “García Cervantes rompe con estrategia de Peña; ‘causa dolor’”.

En cuanto las mira repite que no hubo tal distanciamiento, aunque en la entrevista deja entrever cierta frustración, como cuando dice –en referencia a Peña Nieto–: “Sólo falta que tome la decisión” para empezar a crear capacidad y diseñar las instituciones para que la justicia funcione en “cuatro o cinco años”.

Acerca del autor

(Ciudad de México, 1974) es una reportera mexicana. Ha colaborado para varios periódicos y revistas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay, entre algunas de ellas: Proceso, Gatopardo y Etiqueta Negra. Ha realizado labores de activismo a favor de los derechos humanos y en contra de los asesinatos y exilios de periodistas.

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