Hace dos años 49 centroamericanos viajaban a Estados Unidos cuando fueron interceptados por Los Zetas. Sus torsos –sin cabezas ni extremidades– fueron a dar a la fosa común en Nuevo León. Desde entonces muchas familias hondureñas han transitado de la incertidumbre a la angustia y a la indignación. Primero, al no tener noticias de sus seres queridos; luego al sospechar que estaban muertos y finalmente al recibir la confirmación (tras el cotejo del ADN) de que sus hijos, hermanos o esposos eran esos cuerpos mutilados. Y luego, la espera para recibir sus restos para, ahora sí, enterrarlos con nombre y apellido. Hasta ahora, sólo diez han sido identificados. MÉXICO, D.F. (Proceso).- En tres comunidades del departamento hondureño de La Paz varias familias esperan ansiosas el regreso de 10 de sus integrantes a quienes dejaron de ver cuando decidieron emigrar a Estados Unidos. La última comunicación que tuvieron con ellos fue en mayo de 2012: llamaron desde Nuevo León pidiendo un depósito para pagar el último tramo de su viaje. No volvieron a tener noticias suyas hasta diciembre de 2013, cuando por fin los encontraron. Estaban enterrados en una fosa común. Despedazados. El puro torso. No había cabezas, piernas ni brazos. Fueron víctimas de la matanza de 49 migrantes tomados al azar, mutilados y arrojados al pie de una carretera en Cadereyta, Nuevo León, el 13 de mayo de 2012. Seis eran mujeres. Se cumplen dos años de la barbarie. Las familias en duelo esperan desde hace medio año la repatriación de los suyos, que no llega. “Nos sentimos consternados, hay mucho dolor de ver lo que pasa en su país, en México. Mataron a mi hermano y a Mauricio, Ramón, Fabricio, Javier, Ever y Elmer que salieron de aquí para darle mejor vida a sus padres, otros a sus hijos, a su esposa. Son personas honestas, simplemente migraron por no haber oportunidades de trabajo. Pero desgraciadamente México es un punto negro donde pasan esas masacres, no sabemos si de la mafia o si hay convenio con Estados Unidos de no dejar pasar migrantes”, lamenta vía telefónica la hermana de uno de los asesinados. Su nombre no se da por cuestión de seguridad. Los asesinos siguen libres. El pasado 16 de mayo el consulado mexicano en Tegucigalpa informó a las familias de las víctimas que el presidente Enrique Peña Nieto había recibido la carta en la cual le piden la investigación de la masacre, la pronta repatriación de los cuerpos y que no se les cobre el traslado. La persona entrevistada informa que las familias han caído en una depresión profunda y desarrollado enfermedades por estrés y angustia, primero por desconocer el paradero de sus familiares, luego al enterarse de su final. (Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1961, ya en circulación)