MEXICALI, B.C. (apro).- El secretario de Seguridad Pública de esta entidad, Daniel de la Rosa Anaya, fue denunciado por violar una resolución judicial al hacer declaraciones que ponen en riesgo la vida de un empresario. El juzgado Segundo de Distrito en Juicios Federales y Amparo del Poder Judicial de la Federación, con sede en Tijuana, otorgó la suspensión de amparo 326/2014 para que De la Rosa Anaya se abstenga de emitir declaraciones conducentes al desprestigio público sobre la conducta de Candelario Arceaga Aguirre. Acusado de delincuencia organizada y posesión de armas y metanfetaminas, y tras permanecer en prisión durante tres años, el Séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región declaró su libertad por desvanecimiento de datos, según la toca penal 188/2012-VI, al considerar que agentes de la Policía Estatal Preventiva mintieron sobre los hechos. El funcionario estatal ha criticado la actuación de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación porque, en su opinión, dejan libres a supuestos delincuentes porque desconocen las situaciones de “la seguridad de Baja California”. El Informe “Uso de la prisión preventiva en las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en marzo último sobre la estrategia del entonces Felipe Calderón de pretender “trasladar la responsabilidad de la criminalidad al Poder Judicial”, a través de declaraciones que contribuyeron a construir una percepción pública de impunidad, mediante el argumento de una puerta giratoria basada que “la policía detiene a los delincuentes y los jueces los dejan en libertad”. La abogada Sandra Esquer sostuvo que el secretario de Seguridad Pública incurrió en un delito por verter información maliciosa que daña la integridad de Arceaga, además de violar la suspensión de amparo, lo que implicaría sanciones administrativas como la inhabilitación y prisión hasta de seis años.