MÉXICO, D.F. (apro).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió al magistrado Jorge Figueroa Cacho, e inició un procedimiento administrativo en su contra por haber realizado operaciones bancarias inusuales por casi 3 millones de pesos más allá de sus ingresos como funcionario del Poder Judicial Federal. El magistrado, de 69 años y 44 de carrera judicial, recibió depósitos bancarios, incluidos dólares, de empresas dedicadas a la compra venta de metales y joyas en México y el extranjero, informó el órgano encargado de la vigilancia, administración y disciplina de los juzgados y tribunales federales. Aunque recientemente fue reubicado en Sinaloa, Figueroa Cacho es investigado por su actuación como integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que tiene su sede en Jalisco, entidad donde ejerció como juez por más de dos décadas. La acción del CJF puede derivar en una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR). El Consejo acusa a Figueroa Cacho de haber realizado, presuntamente, “operaciones bancarias inusuales” por casi 3 millones de pesos, distintos a los recursos que obtenía como magistrado y que no se reflejan “de manera congruente” en su declaración patrimonial. La investigación del CJF en contra de Figueroa, que en razón de la misma había sido trasladado a un juzgado de Culiacán, encontró que el magistrado hacía depósitos y/o abonos a sus familiares. En el caso de los familiares, el Consejo detectó “un patrón de múltiples depósitos en moneda nacional y extranjera, por un aproximado de 6 millones de pesos, cuyo origen se desconoce. Se trata de una operación similar por la que el CJF acusa también al magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, a quien en los próximos días denunciará ante la PGR como presunto responsable de actividades relacionadas con la delincuencia organizada. Según informó el consejero José Guadalupe Tafoya, el CJF está por denunciar penalmente a Luna Altamirano, no sólo por los depósitos de alrededor de 3 millones de pesos, también por las irregularidades que encontraron en nueve procesos penales que llevó como magistrados de delitos penales federales en la Ciudad de México y que están relacionados con delincuencia organizada.