Anulan permiso que Sagarpa dio a Monsanto para sembrar soya transgénica

MÉRIDA, Yuc. (apro).- El Juzgado Primero de Distrito con sede en Yucatán anuló el permiso que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) concedió a la trasnacional Monsanto para la siembra comercial de soya transgénica en la entidad.

En 2012, con el aval de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Sagarpa autorizó a esa empresa la siembra de soya genéticamente modificada en 253 mil 500 hectáreas distribuidas en siete estados, entre ellos Yucatán.

La situación inconformó a los productores apícolas mayas, quienes tramitaron diversos amparos para evitar la introducción de cultivos transgénicos en la región, debido a que contaminarían la producción melífera de los estados de la Península de Yucatán.

“Con esta decisión del juez queda prohibida por ahora la siembra de soya transgénica a escala comercial en Yucatán”, señaló Jorge Fernández, del Colectivo MA OGM.

Recordó que esta nueva sentencia se suma a las que en marzo y abril pasados emitió el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Campeche, “que al resolver sendos juicios de amparos, presentados por apicultores mayas radicados en esa entidad en contra del mismo permiso, también determinó la violación al derecho a la consulta de las comunidades mayas, así como la violación al procedimiento establecido en la propia Ley de Bioseguridad”.

Y destacó que el hecho es muy relevante por tres motivos: en primer lugar, porque hace valer el principio de multiculturalidad contenido en la Constitución, así como los derechos humanos, que implica el derecho a la consulta previa del pueblo maya.

Además, determina que la consulta previa procede para los casos de posible afectación, esto es, que no se requiere que el daño esté probado, y reconoce el principio 10 de la Declaración de Río, es decir, que la mejor manera de abordar cuestiones ambientales y socioculturales es garantizando a las comunidades afectadas el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia.

Por su parte Ximena Ramos, asesora de Litiga OLE, lanzó un llamado a las autoridades responsables a no recurrir la sentencia y cumplir cabalmente lo ordenado por el juez, “puesto que ello supondría un avance en la construcción de la democracia sustancial en el país”.

Y el productor Lorenzo Itzá Ek manifestó que “para los apicultores de Yucatán, muchos de nosotros indígenas mayas, esto es un gran logro porque se reconoce nuestro legítimo derecho a decidir sobre nuestro territorio y nuestro sustento, porque la apicultura es la principal actividad económica tradicional que realizamos y no queremos que nuestra miel se contamine con transgénicos”.

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