MEXICALI, B.C. (apro).- El Congreso local aprobó por unanimidad la Ley Estatal de Protección al Migrante que garantiza la tutela de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros que se encuentren en tránsito por el país. Promovido por la presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Comercio, Desarrollo y Fomento Económico e Industrial y Competitividad, Laura Torres, el nuevo ordenamiento legal busca regular la migración legal o ilegal en México. Según la legisladora priista, la ley es única en su tipo a nivel nacional al asumir los compromisos internacionales del Estado y tutelar los derechos humanos de los migrantes. Recordó que en 2011 el Congreso de la Unión aprobó la creación de una nueva Ley de Migración, que reemplazó a la de 1947, y desde entonces Baja California es uno de los estados que recibe los mayores flujos migratorios del país. Es también, dijo, la entidad con un mayor número de residentes extranjeros, pero carecía de un cuerpo normativo que reconociera los derechos de los migrantes. Laura Torres indicó que a la nueva ley los legisladores locales adicionaron la obligación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de proporcionar asistencia social a menores y adolescentes migrantes no acompañados que requieren servicios para su protección. Y sostuvo que la atención a grupos vulnerables migrantes también se extendió a mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas del delito. A su vez, Cuauhtémoc Cardona Benavides, del PAN, comentó algunas otras bondades de la nueva legislación, como el hecho de que se reconozcan los derechos adquiridos en materia de arraigo, registro civil, laborales o de negocios a partir de su convivencia cotidiana en la entidad. Una vez que se promulgue dicho ordenamiento se creará la Dirección Estatal de Atención a Migrantes, cuyo objeto y presupuesto estará dirigido a coordinar esfuerzos de atención a la población migrante en la entidad, focalizados a programas educativos, laborales, de gestión y desarrollo social. También se establecerá un Registro Estatal de Migrantes con el propósito de generar una base de datos con la información personal y técnica de los migrantes para estar en posibilidad de ser protegidos y trasladados a sus lugares de origen. Cardona Benavides sostuvo que con este marco jurídico se privilegiará la necesidad de llevar a cabo acciones inmediatas para atender la erradicación de esquemas que fomenten la impunidad, el tráfico y trata de personas, el abuso de menores y el maltrato por raza o nacionalidad, entre otros. En la víspera de la aprobación de la Ley Estatal de Protección al Migrante, alrededor de 100 personas marcharon por calles de esta ciudad y hasta la Garita Internacional, para exigir a los gobiernos federal y estatal políticas públicas para proteger a los migrantes. El dirigente de Ángeles sin Fronteras en la entidad, Sergio Tamai, exigió el cese de las redadas contra centroamericanos y pidió al presidente Enrique Peña Nieto que apoye a las personas que han sido deportadas por el gobierno de Estados Unidos y se encuentran en la frontera norte de México. De acuerdo con Tamai, desde hace más de un año se mantiene el campamento de migrantes en esta ciudad fronteriza con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Precisó que en los últimos 20 años los migrantes que son deportados y aquellos que llegan de otros puntos de México y de diversos países han sido amparados por el Centro YMCA, la Casa Madre Assunta, el Albergue Juvenil del Desierto para Menores Migrantes y la Coalición Prodefensa del Migrante, entre otras agrupaciones.