MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones vecinales de la ciudad de México acusaron al mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera y a su secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Simón Neumann, de encabezar una “red de corrupción” dedicada a favorecer a desarrolladores inmobiliarios. En conferencia de prensa, representantes de diversas agrupaciones integradas en la red ciudadana #VecinosUnidos externaron su desconfianza en las autoridades capitalinas, ante el impulso que, desde el gobierno de Marcelo Ebrard, se ha dado a las inmobiliarias, por lo que consideraron insuficiente que el pasado fin de semana la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la Seduvi y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial anunciaran la suspensión del procesamiento legislativo de las Normas 30 y 31. En un pronunciamiento conjunto, los vecinos organizados aseguraron que dichas normas responden a “un plan de negocios impulsado por un grupo de interés agazapado en Seduvi, que para legitimarlo y lavarle le cara, disfrazan de estudio académico elaborado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)”, con investigadores “afines al principal asesor de Simón Neumann, el doctor Rafael Valdivia”. Luego de exponer varios casos emblemáticos de violaciones a normas y reglamentos del Plan de Desarrollo Urbano de colonias, delegaciones y de la misma ciudad, los representantes de colonos advirtieron que Neumann, quien antes de ser funcionario fungió como desarrollador, era representado legalmente por Mancera Espinosa. Susana Kanahuati Reyes, de la Asociación de Vecinos de San Ángel, manifestó que mientras Neumann estuvo al frente de su inmobiliaria –Baita–, el ahora jefe de Gobierno “litigó algunos de sus pleitos por violaciones a normas y reglamentos, cuando tenía un despacho en la colonia Florida”. La dirigente vecinal señaló que la desconfianza de los afectados por las obras se funda en la ausencia de castigo a quienes no han respetado la normatividad en la ciudad, alentando el crecimiento “desordenado”. Puso como ejemplo la falta de sanciones para desarrolladores que “se ampararon en la Norma 26, diseñada para vivienda de interés social, para construir departamentos de lujo”. Y mostró un documento en el que se refleja el crecimiento sostenido en el otorgamiento, por parte de la Seduvi, de 2 mil 918 certificados de construcción bajo la Norma 26, de 2010 a 2014, de los cuales “sólo 12% cumplieron con dicha norma, y aunque desde el año pasado se suspendió su aplicación por las denuncias ciudadanas, este año aparecen 144 edificaciones bajo la Norma 26. Queremos suponer que se trata de obras bajo la responsabilidad del Instituto de Vivienda (Invi) del DF”, apuntó. Kanahuati Reyes resaltó que hasta ahora la Seduvi se ha negado a entregar el listado de inmobiliarias que incurrieron en anomalías, o por lo menos los domicilios donde se ubicaron dichas construcciones. “Sospechamos que en algunas de esas, la constructora de Neumann fue la encargada de los desarrollos”, apuntó. En la conferencia, Oswaldo Mendoza, del Comité Ciudadano del Pueblo de Xoco, expuso que existen varios desarrollos inmobiliarios que han violentado el Plan Parcial de Desarrollo de la delegación Benito Juárez, desde la edificación con documentos apócrifos hasta la nula aplicación de medidas de mitigación urbana, la imposición de cambios de uso de suelo por decreto y la colusión de autoridades del gobierno capitalino con desarrolladores para llevar a cabo proyectos como el de Mitikah, que tendrá edificios de 60 pisos en un área donde el Plan Parcial autoriza tres. Y recordó que contra Mitikah existe un procedimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo que ganaron los vecinos y que permitió la suspensión de la obra, pero que fue impugnado por el gobierno de Miguel Ángel Mancera. “Vamos a llevar el caso legal hasta donde tope, si es necesario a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, apuntó. A su vez, Ricardo Acosta, del Consejo de Pueblos de Santa Cruz Xochitepec, en la delegación Xochimilco, destacó el caso de la construcción de un club hípico y 86 residencias en 90 mil metros cuadrados. Con esa obra, subrayó, ignora el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de los pueblos originarios, como es el caso de Santa Cruz, para ser consultados sobre megaproyectos que afectan sus territorios. Precisó, asimismo, que importantes recargas de agua del DF están en esa área, por lo que la construcción de la obra afectaría “al desarrollo sustentable de la capital del país, además de que esa zona no tiene uso de suelo para tales construcciones”. Omar Karim de la Vega, del Comité Ciudadano de la colonia Condesa, sostuvo que las irregularidades para favorecer a desarrolladores inmobiliarios se tramaron desde la Consejería Jurídica durante el gobierno de Marcelo Ebrard, toda vez que ahí se “alteraron en la Gaceta Oficial decretos de cambios de uso de suelo acordados por la Asamblea Legislativa a petición del gobierno capitalino”. Refirió que hay expropiaciones a favor de vecinos que a través del Invi tramitaron la construcción de viviendas, pero de forma inesperada han surgido nuevos dueños. “En esos casos, la Consejería Jurídica ha dejado perder los casos favoreciendo a empresarios inmobiliarios, lo cual resulta inexplicable”. De acuerdo con Karim de la Vega, vecinos afectados por las inmobiliarias siguen juicios ante el Tribunal Contencioso Administrativo y también de tipo penal contra obras irregulares en las colonias Condesa y Roma. En su pronunciamiento, los representantes vecinales insistieron que la desconfianza hacia las autoridades está fundada en que “desde 2009 hemos visto cómo el gobierno central, en ese entonces encabezado por Marcelo Ebrard y ahora con Miguel Ángel Mancera, intenta una y otra vez imponer leyes que favorecen al sector inmobiliario a costa de la viabilidad del Distrito Federal y el patrimonio personal, histórico, cultural, social y urbano de los capitalinos”. Por ello, convocaron a más organizaciones a adherirse a la red ciudadana #VecinosUnidos, para mantener un frente compacto ante las ilegalidades cometidas por desarrolladores inmobiliarios.