A la Corte de La Haya, abusos de militares en tiempos de Calderón

Desde el viernes 12, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, recibió una comunicación enviada por diversas organizaciones civiles mexicanas en la que se documentan los excesos cometidos por tropas del Ejército y policías del estado de Baja California contra ciudadanos de esa entidad en el sexenio calderonista. Los promotores confían en que el organismo internacional asuma el caso y, ante la presunción de que durante la guerra contra las drogas se cometieron crímenes de lesa humanidad, sancione a los responsables. Y dan nombres: elementos y oficiales de la II Región Militar, entre ellos los generales Guillermo Galván y Alfonso Duarte Mujica…

Empeñadas en impedir que los crímenes perpetrados durante el sexenio de Felipe Calderón queden impunes, organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, abrir una investigación y efectuar un examen preliminar de México.

El viernes 12, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) entregaron una comunicación a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, en la que le piden emitir un pronunciamiento acerca de los crímenes y la violencia durante la administración calderonista.

El propósito, según los promotores, es configurar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante 2006-2012, materia de análisis del organismo internacional.

Ese documento se suma a la veintena de comunicaciones presentadas a la CPI por activistas y organizaciones no gubernamentales, de las que hasta ahora sólo se conocen de manera abierta dos de ellas: la relacionada con el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, llevada ante esa instancia en diciembre de 2012, y la que coordinó el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros en noviembre de 2011, signada por 23 mil mexicanos, en la que se responsabiliza directamente a Calderón de las 50 mil ejecuciones, 26 mil desapariciones y los miles de desplazamientos forzados ocurridos a lo largo de su gestión.

El escrito entregado por Sandoval en La Haya daba cuenta de 470 casos de violaciones a los derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas, se pedía también llamar a cuentas por crímenes de guerra y de lesa humanidad al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera –quien se encuentra preso en el penal de alta seguridad del Altiplano–; a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional durante el sexenio calderonista, Genaro García Luna y Guillermo Galván Galván, respectivamente, “y demás autoridades, militares y narcotraficantes” (Proceso 1830).

El recurso del viernes 12 se suma a otro entregado a Bensouda por la CMDPDH, la FIDH y el Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional en octubre de 2012. Aquel documento daba cuenta de los saldos nefastos de la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por Calderón y hacía énfasis en la ausencia de castigo a los responsables de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros crímenes.

Hoy, dice Jimena Reyes, abogada de la FIDH, la situación en México es grave. “Desde el inicio de la gestión de Calderón hemos llegado a la conclusión de que la CPI debe revisar lo que está ocurriendo en México, por la impunidad de las autoridades por los crímenes que tienen elementos de lesa humanidad”.

Y aun cuando a la mayoría de las comunicaciones enviadas a La Haya la CPI les da un trato confidencial, Reyes asegura que sabe de una veintena de documentos enviados al organismo internacional; de ahí su sorpresa porque, sostiene, no se ha hecho un examen preliminar en torno a los saldos de la violencia, sobre todo porque, insiste, “los hechos aquí están”.

Por separado, José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la CMDPDH, aclara que en el comunicado del viernes 12 se hacen señalamientos concretos a la fiscal Bensouda, originaria de Gambia, pues el propósito es sancionar a los responsables directos de los crímenes.

“Nuestro objetivo –puntualiza– no es llevar a Calderón a La Haya. Lo que buscamos es justicia en México, que se investigue y castigue a los responsables al nivel más alto posible y se repare el daño a las víctimas.”

Un estudio concreto

Según el referido documento, cuya copia tiene Proceso, la petición se concentra en el estado de Baja California, considerado en su momento como “modelo exitoso de seguridad” por la disminución de la criminalidad tras la militarización de los cuerpos de seguridad pública.

Los firmantes de la comunicación incluyen 32 casos que involucran a 95 personas que fueron sometidas a tortura por soldados adscritos a la II Región Militar y por agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) entre 2009 y 2012, y además de establecer un patrón de comportamiento detallan la sistematicidad de esa práctica ilícita durante la “guerra contra el narcotráfico”.

Para Raúl Ramírez Baena, director de la CCDH, otro de los organismos promotores del documento, los casos se expusieron en un formato uniforme.

“Detrás de cada uno –dice– hay una metodología científica de documentación sobre la tortura”; incluso pudo configurarse “la sistematicidad (en esos actos) como política de Estado –que no es fortuita ni casual– con utilización de recursos y de elementos del Estado mexicano y que siguen una política común para presentar presuntos avances y éxitos en el combate a la delincuencia organizada”.

La CCDH proveyó la materia prima para el análisis detallado de todos los casos. Ramírez Baena resalta que los elementos comunes encontrados en los 32 casos son “allanamientos, cateos ilegales, detención arbitraria, tortura y desaparición forzada”.

De acuerdo con testimonios de las víctimas y sus familiares, desde 2006, pero sobre todo a partir de 2009, las detenciones “eran en los domicilios o en vía pública”; algunos de los individuos “habían sido extorsionados con anterioridad a su arresto, sobre todo por elementos de la PEP. Todos fueron torturados, la mayoría en instalaciones militares, donde sus verdugos intentaron doblegarlos para que admitieran ser integrantes de alguna banda del crimen organizado, inculparan a otras personas, o bien les sembraron drogas y armas que luego presentaron ante el Ministerio Público Federal para imputarles los delitos de portación de arma prohibida y delincuencia organizada”, entre otros.

Muchos de los agraviados no alcanzaron su libertad y aún están en prisión. Todas estas irregularidades son pasadas por alto no sólo por agentes del Ministerio Público, sino por los representantes del Poder Judicial tanto federal como del fuero común, apunta Ramírez Baena. Ambas instancias forman parte de “un esquema sistemático de violencia organizada por parte de las fuerzas de seguridad dirigido contra la población civil de estratos medios bajos y bajos (de la entidad)”.

Algunas de las víctimas contaron que las agresiones fueron perpetradas durante el sexenio de Calderón, cuando en Baja California gobernaba Guadalupe Osuna Millán.

Por el modus operandi, agrega el escrito, es evidente que había una finalidad: implicar a cualquier ciudadano con el crimen organizado para mostrar a toda costa “el éxito” de la guerra contra el narcotráfico e “intentar legitimarla”.

El director de la CMDPDH aclara que al tomar el ejemplo de Baja California las organizaciones no pretenden circunscribir los crímenes de lesa humanidad a ese espacio y a ese tiempo. Explica: “Fue lo único que pudimos documentar. Estoy seguro que si se hace una investigación en Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, puedes encontrar historias muy parecidas, incluso los mismos patrones”.

La probabilidad de localizar esos esquemas de “ataque sistemático a la población” por parte de las fuerzas federales de seguridad, sobre todo en entidades militarizadas, es elevada, comenta.

Y expone: “Por el grado de recursos públicos implicados en la comisión de la tortura, no se trató de actos aislados perpetrados por soldados o policías. No, sus superiores sabían que lo estaban haciendo y no hicieron nada para detenerlos; es probable que incluso ellos les hayan dado la orden de hacerlo”.

Las revelaciones de “Proceso”

La sospecha de Guevara Bermúdez se funda entre otras cosas en la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, documento dado a conocer en julio pasado en la edición 1967 de este semanario por el reportero Jorge Carrasco Araizaga.

En el texto enviado a la CPI se advierte que en enero de 2007, con la incursión militar a Michoacán, Calderón anunció la “guerra contra el narcotráfico”, aunque fue hasta el 1 de marzo siguiente cuando se terminó de redactar la Directiva.

El reportaje de Carrasco indica que el documento era un prontuario en el cual se ordenaba a los comandantes de las 12 regiones militares operar con “amplia libertad de acción”, “amplia iniciativa”, “mayor dinamismo” y “don de mando” en las acciones contra sus objetivos. Ellos, por su parte, debían instruir a los comandantes de zona y éstos a las cabezas de las guarniciones militares.

La Directiva, señala el documento dirigido a la fiscal Bensouda, “refleja la visión y estrategia presidencial e impone a todo subordinado su cumplimiento, bajo el principio de cadena de mando. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, estableció la visión y el Alto Mando del Ejército (el secretario de la Defensa Nacional) fue el responsable de la elaboración de la Directiva”.

El reportaje de Proceso da sentido a las denuncias recurrentes sobre la utilización de instalaciones militares en Baja California para “la comisión de crímenes de competencia de la CPI por parte de las autoridades militares” que tomaron a pie juntillas la indicación de asumir “amplia libertad de acción para el empleo de recursos públicos puestos a su disposición”.

“Esa lectura tan vaga de hacer todo lo que sea necesario y que da mucha flexibilidad a los mandos militares –dice el director ejecutivo de la CMDPDH– permite inferir que la tortura era parte de la ecuación, pues esa práctica se permitía y se toleraba.”

Guevara Bermúdez se dice convencido de que los mandos militares estaban plenamente informados de las atrocidades que cometían sus subordinados con los detenidos:

“Había demasiados recursos públicos involucrados en los operativos de tortura que documentamos: se utilizaban recursos bélicos, uniformes militares; las víctimas eran llevadas a cuarteles militares, había médicos militares ahí. Para que se mueva cualquier bien público bajo el mando militar se requiere la autorización u orden de un superior.”

E insiste: “Queremos suponer que hasta cierto nivel de la burocracia estatal había gente que estaba involucrada e interesada en que estas torturas se cometieran. Lo cual no quiere decir que esté totalmente probado que llegue hasta el más alto nivel del presidente. Eso requiere de más investigación que escapa a nuestras manos”.

Los activistas incluyeron en el documento entregado a la CPI un dato publicado en la edición 1847 de Proceso que puede dar pistas: El 19 de febrero de 2012, la última celebración del Día del Ejército que encabezó Calderón como presidente, ascendió al comandante de la II Región Militar, Alfonso Duarte Mujica, de general de brigada a general de división, pese a que tenía al menos 25 demandas por tortura radicadas en la Procuraduría General de Justicia de Baja California.

Un ascenso cuestionado

El general Alfonso Duarte Mujica fue responsable de la ejecución de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012 y Calderón lo ascendió a pesar de que en Baja California hubo “un incremento alarmante en los casos de tortura y desaparición forzada”.

En 2008, “la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California recibió 26 denuncias por tortura. En 2013, éstas llegaron a 110”. En todos los casos hubo “participación directa de elementos de seguridad… particularmente de las Fuerzas Armadas y de la PEP”.

Guevara Bermúdez y Ramírez Baena consideran que corresponde a la fiscalía general de la CPI confirmar si durante su gestión Calderón Hinojosa estuvo enterado de los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas para simular “una imagen de éxito” y buscar a toda costa la legitimidad de la “guerra contra el narcotráfico”.

De abrirse una investigación para la elaboración de un examen preliminar, según ambos defensores, el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá que colaborar con la fiscalía general de la CPI. Dado el cúmulo de comunicaciones que ha recibido sobre México de 2011 a la fecha, es factible que intervenga.

“No quiero hablar de números –sostiene Guevara Bermúdez–, pero no se trata de actos aislados, de que a algún policía, agente de investigación o ministerio público se le pasó la mano. Son demasiadas las personas que nunca debieron haber sido tocadas por agentes estatales o militares”.

Ojalá que la fiscalía de la CPI ponga los ojos en México y esto genere “juicios contra los más altos responsables de los patrones (criminales) que identificamos: el comandante de la zona militar de Baja California, el secretario de la defensa durante la gestión de Calderón Hinojosa, o el propio exmandatario”.

Y aun cuando no haya juicios, la fiscalía de la CPI tiene facultades para realizar las indagatorias y fincar responsabilidades a los implicados en los crímenes de lesa humanidad.

Ramírez Baena insiste en que la CPI juzga la responsabilidad individual de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Según él, la responsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto en un eventual litigio internacional, sería “meramente político”.

“Sin duda –expone–, el asunto deja mal parado al Estado mexicano, porque en el país sigue aplicándose la tortura y las desapariciones forzadas continúan, ante las omisiones de la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), en tanto que la responsabilidad del gobierno de Peña Nieto radica en no castigar los crímenes del sexenio anterior.”

Jimena Reyes, abogada de la FIDH, con amplia experiencia en litigios ante la CPI, opina que el caso de México representa “un verdadero desafío” pese a la política esquizofrénica de la diplomacia nacional, que en los foros internacionales se erige como defensora de los derechos humanos pero oculta lo que sucede dentro del país.

Lo cierto, dice, es que, en materia de impunidad, las cifras muestran que México tiene un récord negativo.

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